En rueda de prensa desarrollada la mañana del viernes 11 de marzo en las instalaciones de la Asamblea Nacional, representantes de Aduanas, Función Legislativa, Cancillería y Defensoría del Pueblo expusieron las acciones coordinadas del Estado ecuatoriano para enfrentar el cierre inesperado de operaciones de la empresa de paquetería OCG que perjudica a cientos de ecuatorianos/as residentes en Europa.
El pasado lunes 7 de marzo, la empresa de paquetería que operaba en España y otros países europeos, cerró sus oficinas sin previo aviso. OCG ofrecía el servicio de envíos de paquetes vía marítima desde Europa a Ecuador, por lo que hay una gran cantidad de ecuatorianos afectados.
Al parecer, dicha empresa realizaba el envío de todos los paquetes bajo la denominación de “menaje de casa”, debido a que los objetos que ingresan al país a través de este sistema se encuentran exentos de pagos de impuestos.
En la rueda de prensa se contó con la participación de Esteban Melo, Asambleísta migrantes Europa, Esteban Servigon, representante de Aduanas, Lucía Calle, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dos representantes de las personas afectadas y Patricio Benalcázar, Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza.
Benalcázar, señaló que por parte de las instituciones del Estado ecuatoriano, “hubo una activación inmediata con el fin de velar por la tutela de los derechos de las personas afectadas”. Por otro lado, afirmó que entidades como la Fiscalía y Secretaría Nacional del Migrante ya se han tomado las acciones necesarias.
“Al tratarse el hecho como una posible estafa, por lo tanto un delito, la Fiscalía General del Estado, ha iniciado la investigación respectiva. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo, como lo detalla la Constitución en el Art. 215.4, actuará con la vigilancia del debido proceso, a través de la cual se procederá a verificar que el desarrollo del caso se presente bajo total apego a la Ley”, finalizó el Adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.