En cumplimiento de sus atribuciones, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte Constitucional del Ecuador seleccione y emita jurisprudencia vinculante sobre tres sentencias relacionadas con el principio de igualdad material en correlación con el derecho de participación y ocupación de las mujeres en la función pública, con criterios de equidad y paridad de género. Los casos en los que los jueces y juezas fallaron de manera distinta son: cantón Santa Clara, negado en primera instancia, aceptado en apelación; cantón Mejía, aceptado en primera instancia, negado en apelación; cantón Yantzaza, negado en primera instancia y en apelación.
La Defensoría del Pueblo interpuso 47 acciones de protección a fin de salvaguardar el principio de paridad de género; sin embargo, a pesar de que las acciones presentadas tienen las mismas pretensiones, 21 de ellas tuvieron sentencias favorables, 11 se encuentran pendientes de audiencia, otras 10 están en proceso de apelación y 5 fueron negativas. Estos resultados demuestran la falta de unidad de criterios de los jueces y juezas constitucionales al emitir sus decisiones.
Asimismo, las sentencias que han desconocido el principio de paridad de género, inobservan lo señalado por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, en el sentido de que este criterio es un componente sustancial del sistema político democrático y no una mera formalidad. Es una problemática que se replica en todo el territorio nacional e involucra derechos consagrados en la Constitución de la República y en instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
La Defensoría del Pueblo seguirá vigilante de las actuaciones que podrían vulnerar los derechos humanos y brindará la colaboración necesaria, pues es imperativo que la Corte Constitucional del Ecuador, emita jurisprudencia vinculante en esta temática con la finalidad de que la misma trascienda a escala nacional.