La Defensoría del Pueblo de Ecuador saluda la decisión del Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, de indultar a Sara Velástegui Mariño, estudiante de la Universidad de Técnica de Ambato, que fue condenada a 40 días de prisión por denunciar -a través de redes sociales- supuestos actos de corrupción ocurridos en la institución.
Recordamos a las Funciones del Estado que, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana, han establecido que toda autoridad o servidor público están sometidos a un mayor escrutinio social y que los comentarios vertidos por cualquier medio de comunicación, que propicien la rendición de cuentas, deben ser protegidos y no criminalizados.
En el caso de la señora Velástegui, la Defensoría del Pueblo hace notar que podría existir un uso indebido del derecho penal en contra de una persona que ha ejercido la libertad de expresión y el derecho a exigir investigaciones claras sobre actos de corrupción; por lo tanto, deben activarse los mecanismos institucionales para cesar esta posible vulneración de derechos. En este sentido, se considera el indulto como la herramienta más adecuada y efectiva para lograr este objetivo, siempre y cuando se haga de forma oportuna y célere.
La Institución Nacional de Derechos Humanos estará vigilante a que en el país no se criminalicen las denuncias de actos de corrupción y que, por el contrario, las autoridades competentes inicien las investigaciones necesarias para encontrar la verdad.