La Institución Nacional de Derechos Humanos rechaza, de manera categórica, las declaraciones emitidas por Marcos López, delegado del Ejecutivo a la Junta de Política Monetaria y Financiera, relacionadas a la forma en la cual la fuerza pública debería actuar frente a la población en el escenario de protestas sociales.
El funcionario del ejecutivo se refirió a la necesidad de que se “respete” a las instituciones y que, de existir acciones contrarias, se debería “desenfundar el revólver y pegar un tiro”.
Recordamos que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que implica que la limitación al ejercicio de las potestades públicas son los derechos fundamentales. Reconocemos asimismo que, de conformidad con lo que establece la Constitución de la República, las instituciones tanto militares como policiales tienen como objetivo, en el marco de sus competencias, garantizar la seguridad pública y ciudadana.
Esas atribuciones, indispensables para la consolidación de un Estado de derechos, deben ser ejercidas con responsabilidad, respetando el derecho a la vida y la integridad de todas las personas.
Como Defensoría del Pueblo nos preocupa, además, que estas declaraciones se expongan durante una visita técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la presencia de una misión especial de la Organización de Naciones Unidas al país, para evaluar específicamente la actuación de la fuerza pública durante el paro nacional de octubre de 2019.
En casos ampliamente conocidos como Tibi o Zambrano Vélez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las fuerzas del orden deben actuar, frente a cualquier persona, de manera proporcional y racional, es decir, tomando en cuenta tanto la intensidad del ataque como la inexistencia de medidas de control diferentes al uso de armas letales o no letales. De ahí, que el Estado ecuatoriano ya ha sido condenado internacionalmente por vulnerar estos principios.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo de Ecuador exige una rectificación de las expresiones realizadas por Marcos López, pues no se dieron a título personal, sino en representación de una función del Estado, mismas que en cualquier contexto representan una incitación a la violencia. De la misma forma, exhorta a todos y todas las servidoras públicas a evitar la emisión de mensajes que promuevan el odio o la violencia. La Institución Nacional de Derechos Humanos está convencida de que, más aún en estos momentos, el Ecuador necesita un ambiente de diálogo, paz y plena garantía de los derechos humanos.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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