Mujer en período de lactancia accedió a sus derechos laborales, tras acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo a través de la Coordinación General Defensorial Zonal 9 de Quito, a fin de proteger sus derechos y los de su hija, luego de que fuese removida de su cargo en una entidad pública.
Johana Z., prestaba sus servicios en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos como Directora de Control y Evaluación. En octubre de 2017 nació su hija, por lo que accede a una licencia con remuneración por maternidad hasta el 28 de diciembre de 2017.
Sin embargo, el 5 de diciembre del mismo año, la Coordinadora de Gestión y jefa inmediata de la afectada, consultó al área de talento humano, sobre el procedimiento a seguir para remover del cargo a una persona en estado de embarazo, periodo de maternidad o lactancia, es decir dicha consulta tenía como objetivo viabilizar el despido de Johana Z, aún cuando la misma se encontraba en período de maternidad.
El área jurídica de dicha entidad, recomendó no separar a la funcionaria de la institución, pues podría acarrear problemas legales para la misma, al incumplir con la norma laboral para el servicio público, referente a mujeres en embarazadas, período de maternidad o lactancia.
Semanas después del reintegro de la peticionaria a su trabajo, se le notificó la remoción de su cargo, que si bien era de libre remoción afectaba sus derechos laborales, pues se encontraba en período de lactancia.
La afectada denunció el hecho en el Ministerio de Trabajo, entidad que elaboró un informe, concluyendo las consecuencias legales que podrían tener el despido de una mujer en período de lactancia. Sin embargo la entidad no acató dichas recomendaciones.
La Defensoría del Pueblo, tras conocer el caso, realizó una investigación defensorial que evidenció una serie de procesos que vulneraron los derechos de la ciudadana y de su hija, por lo que solicita ante la función judicial una acción de protección que proteja los derechos de la afectada y que le permita acceder nuevamente a su cargo y que además garantice una reparación integral de los derechos vulnerados.
Una vez se desarrolló la audiencia pública, la Jueza Constitucional, declaró la vulneración de los derechos constitucionales a la atención prioritaria de las mujeres embarazadas, igualdad y no discriminación, al trabajo y seguridad jurídica consagrados y aceptó la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo a favor de Johana Z. disponiendo el pago de las remuneraciones que dejó de percibir desde su remoción hasta la terminación de su periodo de lactancia, es decir, desde el 01 de junio de 2018 hasta el 28 de diciembre de 2018.
De esta manera se tutelaron los derechos de la madre, quien por su condición fue discriminada, afectando su derecho al trabajo y sobretodo los derechos de su hija, quien cuenta con interés superior, por ser una niña.