La Defensoría del Pueblo de Ecuador, en su afán por garantizar la accesibilidad de derechos de las personas, se ha enfocado en trabajar por promover el cumplimiento de los derechos de las personas de edad. En tal sentido ha desarrollado una propuesta de Ordenanza Modelo Cantonal del Buen Vivir de las Personas Adultas Mayores que busca, a través de los GAD municipales del país, generar los mecanismos necesarios que permitan proteger a este grupo de atención prioritaria, promoviendo el buen vivir.
El Estado ecuatoriano a través de la Constitución garantiza los derechos fundamentales de las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria entre los que se encuentran las personas adultas mayores que requieren un tratamiento especial y preferencial frente al resto de ciudadanos.
Por su parte, la Ley del Anciano vigente, establece que los beneficiarios de esta Ley son las personas naturales que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad, sean éstas nacionales o extranjeras que se encuentren legalmente establecidas en el país.
Es así que se ha presentado esta propuesta a las autoridades municipales de las ciudades de Cuenca (Azuay), Saquisilí (Cotopaxi), Riobamba (Chimborazo), Santa Clara (Pastaza), Guaranda (Bolívar), Espejo (Carchi), Ambato (Tungurahua), Azogues (Cañar), Loja (Loja) y Babahoyo (Los Ríos).
Durante la entrega de la propuesta de ordenanza en realizada en la ciudad de Cuenca, el alcalde, Marcelo Cabrera, recalcó la importancia de trabajar conjuntamente en favor de este grupo prioritario. Además felicitó la iniciativa de la Defensoría del Pueblo, al crear herramientas que faciliten el alcance de los derechos humanos.
Esta propuesta de Ordenanza comprende deberes y derechos de los GAD respecto a adultos y adultas mayores, familia, sociedad. Por otro lado es importante mencionar que se propone también la designación de un área técnica del GAD cantonal para la ejecución e implementación de la política pública a favor de las personas adultas mayores, así como la conformación de una comisión especializada que pueda dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas y la asignación de recursos.
De esta manera se contribuye de manera eficaz a la promoción de los derechos de las personas adultas mayores, quienes merecen acceder a una vida digna y de calidad, que garantice su buen vivir.