El Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, participó este 1 de diciembre de 2017 en Guayaquil, en la ceremonia de disculpas públicas entre el Ministerio de Defensa y los excomandos de la Base Aérea de Taura, quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos.
Esto en cumplimiento a una de las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad en el que se establece las disculpas públicas como una forma de reparación simbólica del Estado, por su responsabilidad en este caso.
En ese sentido, se coordinó este acto de reconciliación, en el que además los excomandos de Taura se disculparon con la ciudadanía y con la Fuerza Aérea por los hechos que se suscitaron en enero de 1987 en el Ala de Combate No 21 Taura, dejando un precedente de justicia restitutiva en el país.
Erick Roberts, Director de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, expresó en nombre de la institución que representa y del Estado una sentida disculpa por lo ocurrido.
Por otro lado, Juan Vega Villado, representante del Comando de Taura, se sumo al pedido de disculpas y aprovecho la ocasión para agradecer a las entidades públicas y al Defensor del Pueblo el aporte a esta iniciativa.
Vega hizo referencia a la importancia de este acto para ellos y sus familias. Además agradeció al Ministerio de Defensa por romper con esta acción un paradigma en materia de derechos humanos.
El Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, aseguró que este es un hecho histórico. “Estamos asistiendo a un hecho histórico, en que el Estado reconoce su responsabilidad y deja un precedente para que casos como este no se vuelvan a repetir.
“Las disculpas deben reflejar un acto de reconciliación que permitan aprender de lo sucedido. Son casos que llevan a una reflexión profunda”, explicó Rivadeneira.
Caso Taura
Este caso según lo que determina el Informe de la Comisión de la Verdad se refiere a la privación ilegal de la libertad y tortura a los comandos de aviación participantes del “Taurazo”.
En enero de 1987, las Fuerzas Armadas ecuatorianas apresaron en la base aérea de Taura a quienes -entendieron- tuvieron alguna participación en el secuestro al entonces presidente León Febres Cordero. Los detenidos fueron enviados a distintas bases militares donde fueron torturados.