La Defensoría del Pueblo presentará el martes 20 de noviembre una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, sobre la Resolución N° SGR-073-2016 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que declara a la isla de Muisne como zona de riesgo, prohibiendo incluso los asentamientos humanos y vulnerando de esta manera, los derechos de más de 10.000 personas que habitan en el lugar.
En junio de 2018, ingresó a la Defensoría del Pueblo una queja presentada por la Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada y comunidades del cantón Muisne en la que se detallaron las vulneraciones a derechos humanos de las y los habitantes de la isla, a partir de la expedición de dicha Resolución, en la cual la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró zona de riesgo a toda la isla, que es afectada por inundación de tsunami según carta de Inundación 080350-Muisne, provincia de Esmeraldas.
En julio del presente, la Defensora del Pueblo, Gina Benavides y el Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza, Francisco Hurtado, realizaron una visita de trabajo a la provincia de Esmeraldas en la que pudieron constatar las vulneraciones a derechos que ha recibido la población de la isla. Es así, que la máxima autoridad manifestó el compromiso de la institución en tomar acciones pertinentes para reparar la situación de vulneración de derechos, provocada por la expedición de la Resolución N° SGR-073-2016 por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos.
En septiembre, la Defensora del Pueblo, Gina Benavides dio a conocer su pronunciamiento sobre esta resolución, tanto a la Presidencia de la República, como a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, sin tener respuesta en el tiempo correspondiente.
En tal virtud, la Defensoría del Pueblo solicita la suspensión de la Resolución N° SGR-073-2016 y que se declare la inconstitucionalidad de la misma, ya que ésta vulnera el derecho a la permanencia en la tierra y territorio heredado de antepasados, en la que han convivido comunitariamente las y los habitantes de la isla de Muisne
Además, el desalojo, despojo y desplazamiento dispuesto por el gobierno se aprovecha de la fragilidad, miedo y temor de las personas afectadas por el terremoto de 2016 y sus réplicas.
Por otro lado, se ha impedido la dotación de obras básicas, como agua potable, sistemas de alcantarillado, sistema de manejo de desechos sólidos y obras que permitan a las y los habitantes de la isla de Muisne vivir con dignidad; además se ha impedido la ejecución de planes de turismo incluyente, que garanticen la vitalidad de los ecosistemas en favor de la comunidad de Muisne.