La Defensoría del Pueblo de Ecuador recibió este 14 de agosto de 2017, una sentencia favorable de la Corte Provincial de Justicia de la Sala Penal de Cotopaxi, aceptando la acción de protección presentada contra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para tutelar los derechos a la seguridad social, a la salud y a la vida de una persona con dos enfermedades catastróficas.
El peticionario -afiliado al IESS desde el año 1993- verificó que contaba con 242 imposiciones para solicitar la jubilación por invalidez, debido su delicado estado de salud. Luego de presentar los certificados que confirmaban su enfermedad, el 1 de mayo de 2016 el IESS acepta su pedido y entrega el carnet de jubilado al ciudadano para que haga uso de todos los servicios sociales, de salud y reciba su pensión jubilar de forma vitalicia .
Lamentablemente, el 23 de noviembre del 2016 tras una resolución tomada por la Comisión de Prestaciones y Controversias de Tungurahua, el IESS desconoce la jubilación por invalidez otorgada en primera instancia al asegurado.
Frente a esta situación, el peticionario apeló el acto administrativo ante Comisión Nacional de Apelaciones del IESS de Pichincha, institución que ratificó la resolución emitida en la jurisdicción zonal de Tungurahua. Es así que no solo se le retiró su derecho a la jubilación social por invalidez, sino que también solicitó al ciudadano devolver al IESS los valores percibidos por concepto de pensiones jubilares recibidas, tratamientos oncológicos recibidos en Solca y medicinas que se le han entregado.
Por lo expuesto, la Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo patrocinó la acción de protección para proteger los derechos constitucionales a la seguridad social, a la salud y a la vida del peticionario. En primera instancia la jueza negó la acción de protección indicando que el derecho a la jubilación por invalidez está sujeto a verificación y que no existían derechos vulnerados.
En este contexto, la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de apelación que fue aceptado. En el mismo se dictaminó dejar sin efecto los alcances de la Resolución de la Comisión de Prestaciones y Controversias de Tungurahua del IESS y se dispuso restituir los derechos vulnerados.