El día de mañana, miércoles 06 de febrero de 2018, en el cantón Chillanes, Provincia de Bolívar se llevará a cabo la audiencia de acción de protección a favor de la comunidad San Pablo de Amalí. Esta demanda es impulsada por la Defensoría del Pueblo del Ecuador a través de su Delegación Provincial con el objetivo de tutelar de manera directa y eficaz los derechos a la vida, la integridad personal, al medio ambiente sano de la comunidad y sus miembros, así como también los derechos de la naturaleza.
En el año 2015, en la comunidad se produjo el desbordamiento del Río Dulcepamba, a causa de su desviación ocasionada por la construcción inconsulta de la hidroeléctrica Hidrotambo. Estos hechos produjeron la muerte de tres personas, la destrucción de 12 casas, la pérdida de ganado y plantaciones, entre otros daños.
Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo presentó en enero de 2019 una acción de protección solicitando le reparación integral de las familias de la comunidad San Pablo de Amalí que fueron afectadas por el desvío del río, solicitando que el juez del cantón Chillanes conceda medidas de restitución de los bienes así como medidas que impidan que esta afectación se vuelva a repetir.
Esta demanda fue planteada en contra de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL, el Ministerio del Ambiente MAE, la Secretaría Nacional del Agua SENAGUA, la Procuraduría General del Estado, la Secretaría Nacional de Riesgos SNGR, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chillanes y la Compañía Hidroeléctrica Hidrotambo S.A. Todas estas instituciones públicas y privadas son, de acuerdo al mandato constitucional las obligadas a respetar, garantizar y proteger los derechos de la comunidad y sus miembros.
En este sentido, esperamos que las autoridades judiciales a cargo del caso actúen de manera imparcial e independiente procurando la plena vigencia de los derechos constitucionales y la consolidación de un verdadero estado constitucional de derechos y justicia.