La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha recibido una serie de denuncias presentadas por personal sanitario y otros servidores y servidoras públicas sobre ataques, presiones y hostigamientos, debido a su derecho de opinar libremente al denunciar irregularidades en el manejo de la información y el presupuesto asignado durante la emergencia sanitaria por COVID-19 declarada en el país.
En este sentido, se recuerda al Gobierno Nacional y a las autoridades de las diversas instituciones del sector público que, en el contexto de la declaratoria de estado de excepción, el derecho a la libertad de expresión no se encuentra limitado ni suspendido, así lo ha ratificado además la Corte Constitucional en su dictamen de constitucionalidad del 19 de marzo de 2020.
Asimismo, de conformidad con lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, constituye la base fundamental del ejercicio de este derecho, la posibilidad de realizar denuncias públicas sobre violaciones de derechos humanos, mal uso de fondos del Estado u otras situaciones que necesiten la activación por parte de las instituciones de control político y judicial. En esta línea, todas las personas que denuncian adquieren, sin duda alguna, la calidad de persona defensora de derechos humanos.
Con estos antecedentes, se recuerda que toda persona defensora de derechos humanos, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales en la materia, debe gozar de protección especial y tener la posibilidad de ejercer su trabajo en un entorno propicio, sin discriminación, hostigamiento o criminalización, pues sus denuncias se consideran un elemento fundamental para la consolidación de un Estado democrático y de derechos.
Por lo expuesto, la Institución Nacional de Derechos Humanos rechaza de manera categórica todos los actos de ataque y hostigamiento en contra del personal médico u otros servidores y servidoras públicas que han presentado sus denuncias y exige:
1. Cesen de manera inmediata todas las acciones de presión, hostigamiento y descrédito de las cuales vienen siendo objeto las personas que denuncian violaciones de derechos humanos u otras situaciones irregulares durante la emergencia.
2. Se garantice la estabilidad académica y/o laboral de todas las personas que defienden los derechos y se exija la rendición de cuentas por parte de las autoridades y de todo el personal médico a escala nacional, tomando las debidas garantías de seguridad sanitaria y buen ambiente laboral.
3. Se informe y se garantice el acceso a la información pública relativa al uso de los fondos públicos destinados para la emergencia. Así también, se transparenten los montos asignados por el Ministerio de Finanzas.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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