La Defensoría del Pueblo, en uso de sus atribuciones como ente de protección y tutela de los derechos humanos, de conformidad con lo estipulado en la Constitución de la República en su artículo 215, eleva su preocupación respecto de la falta de respuesta oportuna y eficaz por parte de los órganos del Estado en materia económica financiera ante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, para que atienda la grave situación de los pagos que afronta la población local, la cual, además, está profundizada a escala global.
Es indudable que la política de reducción del aparato público ha incorporado a miles de ecuatorianos y ecuatorianas en el segmento de desempleados, quienes hoy por hoy, tampoco podrán enfrentar su responsabilidad de deudas contraídas ya que, sin ingresos permanentes, esta población se ve abocada a mantener impagas sus deudas. Es preocupante evidenciar que se consolida un cuadro de crisis sistémica por la quiebra del régimen de pagos de pasivos en el sistema financiero, además de una drástica caída en los niveles de consumo agregado, un escenario que deben enfrentar todas y todos y, sobre todo, un 60% de la población sin empleo pleno.
Con estos antecedentes, y siendo un tema de relevancia social, cuyo contexto político y económico genera alta preocupación e impacto en los derechos humanos y de la naturaleza, instamos a que, como Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Finanzas, el Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos, se adopten medidas preventivas urgentes, que permitan:
-Establecer una moratoria de pagos de pasivos de las y los clientes naturales y jurídicos que así lo requieran, por un período razonable y adecuado a la coyuntura de la emergencia sanitaria.
-Establecer la obligatoriedad de refinanciamiento por parte del sistema financiero público y privado a las acreencias que presenten incapacidad temporal o permanente por iliquidez o insolvencia de las y los clientes, que incluya al sistema de tarjetas de crédito, líneas de consumo quirografario, prendario, educativo, productivo e hipotecario, hasta que se evalúe de manera estructural el impacto que tendrá la economía nacional por motivos del desajuste macroeconómico y de balanza de pagos, una vez superada la emergencia.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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