La Defensoría del Pueblo insta al Gobierno ecuatoriano a que, de forma urgente, se adopten medidas que mitiguen los efectos de una posible crisis migratoria, una vez que el hermano país de Perú ha tomado la decisión de exigir a venezolanos y venezolanas la presentación de pasaporte y visa vigente para el ingreso a su territorio a partir del 15 de junio de 2019, lo que podría ocasionar un represamiento de personas de esta nacionalidad en la frontera ecuatoriana, situación que debe abordarse desde la ayuda humanitaria, cooperación interinstitucional y con enfoque de derechos humanos.
A partir de este anuncio, se ha incrementado el flujo de personas que transitan por Ecuador para llegar a Perú, y se prevé que aumente hasta la fecha en que se implemente la medida, toda vez que es conocida la difícil situación institucional en Venezuela para el otorgamiento de pasaportes o documentos de identidad a sus conciudadanos.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador, institución encargada de proteger y tutelar los derechos de sus habitantes, solicita al Gobierno nacional, diseñar una adecuada política de respuesta a la crisis. Además, socializar e informar sobre el plan de contingencia con enfoque de derechos que se tiene previsto implementar, mismo que debe ser coordinado entre el gobierno central y los gobiernos locales en la frontera sur, y cuyo fin debe ser atender de manera integral la situación y prevenir la explotación, la trata y el tráfico de personas y promover el acceso a bienes y servicios básicos en aras del respecto a los derechos, económicos sociales y culturales, en especial el derecho a la alimentación y a la salud de todas las personas en situación de movilidad humana, velando especialmente por niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad; así como, el respeto al derecho a migrar de todas las personas.
La Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho a migrar y el derecho al asilo o refugio garantizando el principio de no devolución (artículos 40 y 41), así como el derecho a la igualdad y no discriminación entre personas ecuatorianas y extranjeras (artículos 9 y 11.2).
La Defensoría del Pueblo estará vigilante del respeto a los derechos de todos habitantes del Ecuador y, a la vez, ofrecerá su asesoría técnica para la elaboración de normativa suplementaria con enfoque de derechos humanos, que ayude a atender la posible crisis humanitaria y sea coherente con lo que dicta la Constitución e instrumentos internacionales en este ámbito.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo
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