La Defensoría del Pueblo ha emitido varios informes con recomendaciones sobre la necesidad de una intervención urgente en el Sistema de Rehabilitación Social, que permita atender de forma integral la problemática existente en las cárceles del país, donde las personas privadas de libertad viven en condiciones inadecuadas que provocan hechos de violencia que afectan a internos, familiares y al personal que labora en estos centros.
“Manifiesto mi enorme preocupación frente a los reiterados hechos de violencia que se han suscitado en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, situación que día a día se viene agravando a pesar del Decreto de Emergencia y el Estado de Excepción que se encuentran vigentes”, reiteró el Dr. Freddy Carrión Intriago.
El artículo 673 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, lo cual incluye el deber de proteger también su integridad física, de los miembros de la Policía Nacional y trabajadores del sistema penitenciario. En tal sentido, el Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago, como miembro del directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social insta a la Presidenta del organismo a convocar a una sesión extraordinaria para analizar la coyuntura, la vigencia del estado de excepción, el Decreto de Emergencia y plantear mecanismos y alternativas de intervención de las distintas entidades en el marco de sus competencias.
Sin perjuicio de las acciones que en conjunto se lleven adelante como Organismo Técnico, la Defensoría del Pueblo dará seguimiento a la implementación de las medidas dispuestas durante el Estado de Excepción y continuará realizando visitas permanentes a los Centros de Privación de Libertad en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para vigilar las condiciones de los Centros de Rehabilitación Social, identificar posibles situaciones violatorias a los derechos fundamentales y recomendar, se tomen medidas de prevención.