Gina Benavides, en su calidad de máxima titular de la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE), emitió una resolución que se constituye en “disculpas públicas” al Colectivo YASunidos por “la falta de actuación oportuna de esta Defensoría del Pueblo del Ecuador frente a la denuncia presentada, la inadmisión y el posterior silencio frente a los hechos ocurridos en 2014”. Dicho documento, además, representa un aporte a la reparación integral de sus derechos humanos y reconoce plenamente a las personas que conforman dicho colectivo como defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador, frente al caso YASunidos y pese a que han transcurrido 4 años de los hechos, reconoció la necesidad de pronunciarse en relación a ésta falta de actuación oportuna, así como cumplir con su obligación de requerir a las instituciones competentes acciones conducentes a reparar los derechos humanos que hayan sido vulnerados. Este es uno de los 59 casos que fueron presentados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T), como parte de la evaluación que se hizo al período anterior de la DPE.
La Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador también reconoce el derecho a la participación de las 757.623 personas que firmaron para el pedido de convocatoria a “consulta popular”, así como también la legitimidad de las acciones y actividades realizadas por el Colectivo YASunidos en el marco del ejercicio de varios derechos humanos, entre ellos, la participación directa, las libertades de expresión y de asociación, el derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, todos reconocidos constitucionalmente.
En este sentido, exhortó a que el CPCCS-T se pronuncie por el derecho de participación de las casi 760 mil personas que firmaron en respaldo a la petición para que se convoque a consulta popular y decidir sobre mantener indefinidamente bajo el subsuelo el crudo del ITT (Bloque 43); así como de las personas que son parte de YASunidos, por las posibles vulneraciones de sus derechos humanos.
De igual manera, exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que, con la vigilancia de YASunidos, se realice una auditoría independiente al proceso administrativo de verificación de firmas presentadas del 12 de abril de 2014 y cuyo expediente lo tienen en la misma institución del poder electoral; y que, de verificarse irregularidades en el proceso, el CNE disponga las acciones que reparen los derechos vulnerados, inclusive, que se pueda efectuar la convocatoria a consulta popular por este tema.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador apela a que los Ministerios del Ambiente, de Hidrocarburos y del Interior, así como la Empresa Pública “Petroamazonas” se abstengan de tomar acciones que supongan interferir en el ejercicio del derecho a la participación propuesto por el Colectivo YASunidos, hasta que el caso haya concluido en su segundo y exhaustivo análisis y resuelto por el CPCCS-T y el CNE.
Finalmente, Benavides recomienda a la Presidencia de la República y sus instituciones, al CNE y la Corte Constitucional a garantizar la autonomía entre poderes y funciones del Estado, y que se ejercite el derecho a la participación directa de la ciudadanía, incluida la iniciativa para convocar a consulta popular, sea local o nacional, en cualquier asunto que sea de interés y de acuerdo a estándares de derechos humanos. También dispuso que las Coordinaciones Zonales y Delegaciones Provinciales notifiquen y difundan la resolución a los colectivos provinciales de YASunidos existentes en el territorio ecuatoriano.
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