La Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección presentada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador para tutelar los derechos de dos personas con discapacidad.
Melida B. una persona con discapacidad visual del 74% y docente de las materias de física y matemática, en 2014 solicitó al Ministerio de Educación permiso de dos horas diarias de sus actividades laborales para el cuidado de su hija, quien tiene discapacidad física y mental del 100%. Ese mismo año se aprobó la petición.
Lamentablemente, en 2015 al reformarse la Ley Orgánica de Educación Intercultural el permiso de dos horas otorgado perdió vigencia. Ante esta situación, Melida B. acudió al Ministerio de Educación para gestionar nuevamente el permiso, requerimiento que no fue autorizado. La negativa se basó en el argumento de que no se puede transgredir Ley Orgánica de Educación Intercultural y en el respeto al principio de interés superior de los estudiantes (quienes tienen derecho a recibir ocho horas de clases, no seis).
Ante lo expresado por la cartera de Estado, la peticionaria acude a la Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo para solicitar intervención. Es así, que el 19 de septiembre de 2016 se presenta ante la Unidad Judicial Penal con sede en el Distrito Metropolitano de Quito una acción de protección, la misma que fue rechazada en esa instancia y posteriormente en la Corte Provincial de Justicia.
En ese contexto, la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó una acción extraordinaria de protección la misma que fue aceptada el 18 de octubre de 2017, logrando una sentencia favorable.
Como resultado de esta acción, el Pleno de la Corte Constitucional declaró la vulneración de derechos y dispuso como medidas de reparación dejar sin efecto las sentencias previas.
Además, instó a que el Ministerio de Salud Pública establezca un plan de tratamiento psicológico a favor de la peticionaria.
Al Ministerio de Educación le conminó a otorgar las dos horas diarias de permiso a la docente de 13:00 a 15:00 para atención a su hija con dispacidad. Asimismo, se dispuso que capacite a su personal administrativo y docente en temas de derechos humanos y derechos de las personas con discapacidad.