La Defensoría del Pueblo del Ecuador, como Institución Nacional de Derechos Humanos, destaca la importante decisión del Tribunal Penal de Pichincha al dictar la sentencia condenatoria en contra de Jhonatan Carrillo por el caso de la desaparición de Juliana Campoverde, aunque reitera la obligación del Estado de continuar su búsqueda.
El artículo 3 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, obliga a los Estados a investigar los actos de desaparición, sin importar si se presume como sus autores a personas particulares y sin participación de agentes estatales. En este sentido, el país debe adecuar su sistema normativo y sus prácticas de administración de justicia para cumplir este mandato internacional.
El caso de la desaparición de Juliana Campoverde evidenció claramente los vacíos legales existentes en el Ecuador en materia de investigación diligente y sanción en casos de personas desaparecidas. La falta de un tipo penal específico significó la necesidad de que, tanto Fiscalía como la acusación particular, hagan un esfuerzo especial para lograr una sentencia condenatoria.
La Defensoría del Pueblo considera indispensable que, conforme lo establece el artículo 78 de la Constitución del Ecuador, el Estado inicie el proceso de reparación integral a la familia de Juliana, en especial a través de medidas de rehabilitación y restitución de derechos, priorizando la implementación de un proceso adecuado y efectivo para conocer el paradero de la víctima.
La Defensoría del Pueblo continuará vigilante del cumplimiento de los derechos a la verdad, justicia y reparación en este caso, con el objetivo de luchar contra la impunidad y la violencia en el país.