La Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos y encargada del Programa de Reparación a Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos , rechaza las afirmaciones del ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gral. Ernesto González según las cuales la Comisión de la Verdad habría sido creada con un afán de revancha en contra de las Fuerzas Armadas.
Cabe recordar que la conformación de la Comisión de la Verdad fue producto del requerimiento de cientos de víctimas y familiares de víctimas que durante décadas demandaron el esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos.
Por otro lado, hay que recordar que la Comisión de la Verdad estuvo presidida por la Hna. Elsi Monge, e integrada por el Dr. Julio César Trujillo, el Ing. Pedro Restrepo y Mons. Luis Alberto Luna Tobar, quienes contaron con el apoyo de un equipo interdisciplinario de técnicos nacionales e internacionales, por lo que, de ninguna manera estuvo conformada por miembros del movimiento Alfaro Vive Carajo como afirma el General González.
No es admisible que se pretenda trasladar el sufrimiento de las víctimas y su familiares a un espacio de confrontación política, por lo que cuestionamos que se busque deslegitimar ante la opinión pública a quienes fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, ampliamente narradas y documentadas por la Comisión de la Verdad.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad, publicado en el año 2010, detalla una serie de vulneraciones de derechos humanos perpetradas entre los años 1984 – 2008, develando mecanismos, estructuras, lugares y conspiraciones, con datos contrastados, ciertos y verificables que evidencian el dolor, sufrimiento, miedo e impotencia en las víctimas, sus familiares y la sociedad entera.
El informe identifica información cuantitativa y cualitativa, 118 casos y 456 víctimas de las cuales menos del 20% tienen relación con miembros de AVC; se imputan además responsabilidades en contra de 459 personas de las cuales solo el 28% son miembros de las Fuerzas Armadas.
Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación; precedente fundamental para promover la reconciliación; por lo cual, la judicialización de estos hechos responde a la necesidad de la sociedad de condenar y sancionar el cometimiento de este tipo de delitos, como un medio de prevención que impida que hechos como los denunciados vuelvan a ocurrir.
Por todo ello, afirmaciones que tergiversan el papel histórico desempeñado por la Comisión de la Verdad deben ser condenadas y señaladas, pues solamente buscan provocar un debate social ya superado sobre un mal entendido espíritu de cuerpo, pretendiendo equivocadamente justificar e institucionalizar situaciones atribuibles a ciertos agentes estatales en un momento histórico determinado, y de afectar así a un proceso histórico que ha sido ampliamente reconocido por instancias nacionales e internacionales.
Dr. Patricio Benalcázar Alarcón
Defensor del Pueblo Subrogante