En nota publicada el 23 de marzo por el Diario El Comercio, titulada “La lucha anticorrupción pasará por reforzar los valores y la transparencia”, al citar al Plan de Trabajo 2017 – 2021 del señor Guillermo Lasso, se señala que en la pág. 17 de dicho documento se afirma que:
“Por otro lado, desde el año 2008, el país empezó a considerar a la Transparencia y Control Social como la quinta función del Estado y se restructuraron los mecanismos que previamente existían. Pese a esto, solo el 6% (99) del total de organizaciones públicas presentó a la Defensoría del Pueblo, la información que señala la LOTAIP en el plazo establecido”.
El porcentaje al que se hace referencia es errado tal como se puede corroborar en los informes consolidados de evaluación que anualmente prepara y presenta la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Nacional, los cuales son públicos y pueden obtenerse a través de nuestro portal institucional.
Gracias a las medidas tomadas por la Defensoría del Pueblo para promover y garantizar el cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información, el porcentaje de presentación de informes se ha incrementado constante y progresivamente, alcanzándose el año pasado el 97.29%; siendo solo 42 entidades las que no cumplieron con dicha obligación.
En los últimos 4 años, el porcentaje de cumplimiento ha sido el siguiente:
| Año | Al 31 de Marzo | Al cierre del Informe |
| 2016 | 78.21% | 97,29% |
| 2015 | 64.63% | 92,46% |
| 2014 | 83.38% | 77,64% |
| 2013 | 61% | 80,61% |
En este sentido se ofició al señor Guillermo Lasso (ver carta aquí), aunque lamentablemente en las oficinas de la central de CREO en Quito no recibieron el comunicado. También se ofició a Diario El Comercio (ver carta aquí) para que conozca del particular.
Estas precisiones son indispensables para que el debate público cuente con información clara y fidedigna respecto a un tema tan sensible y en el que como Defensoría del Pueblo somos el ente promotor encargado de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública en el país.
Ramiro Rivadeneira Silva
Defensor del Pueblo