La Defensoría del Pueblo de Ecuador expresa su preocupación por el retraso en el pago de salarios a las y los servidores de las entidades del sector público durante los últimos 4 meses. Esta situación evidencia una grave crisis económica y de liquidez que no ha sido ocasionada, únicamente, por la pandemia de la Covid-19, sino por una política pública desatinada y sin enfoque de derechos.
Como es de conocimiento público, las remuneraciones de las y los trabajadores de las instituciones públicas, con excepción de ciertos sectores como el de seguridad y salud, han sido pagadas con 3 semanas de retraso desde el mes de marzo de 2020.
Cabe recordar que el artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República, establece que se garantizarán sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos, norma constitucional que guarda íntima relación con los artículos 11 numerales 4 y 5, 417, 424, 425 y 426 de la Carta Magna, que, en esencia, señalan que los principios y derechos constitucionales y de tratados internacionales son de obligatoria aplicación, en la forma que más favorezca a su efectiva vigencia.
Por otro lado, el artículo 328 de la Constitución de la República, reconoce que la remuneración de las y los trabajadores es un derecho y que su pago será en los plazos convenidos y no podrá ser disminuida ni descontada, salvo autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo a la ley.
El salario que recibe la y el trabajador, le sirve a él y su familia como medio para adquirir los bienes y servicios necesarios para su subsistencia (alimentos, vestimenta, medicamentos, transporte, vivienda, recreación, etc.) y cumplir sus obligaciones, garantizando así derechos conexos, en especial la vida digna, por esta razón, el Estado debe garantizar el pago de salarios.
En la misma línea, el artículo 12 del Convenio OIT No. 095, establece que el salario se debe pagar a intervalos regulares y de manera puntual con el objetivo de que la planificación individual y familiar se cumpla, pero, además, garantice la provisión de alimentos y otras necesidades primarias.
El artículo 83 del Código del Trabajo establece que: “El plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes.” De igual forma, la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 106 establece que el pago de remuneraciones se hará por mensualidades o quincenas vencidas.
Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, considera que este retraso consecutivo en el pago de las remuneraciones del sector público, evidencia una errónea gestión política en el ámbito económico que violenta los derechos adquiridos de las servidoras y servidores públicos del país y sus familias, poniéndoles en una situación de grave vulnerabilidad.
En este sentido, como Defensoría del Pueblo, exhortamos y exigimos a la Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas a que, de manera INMEDIATA, se cancelen las remuneraciones pendientes de las y los servidores públicos del país.
Asimismo, EXIGIMOS que se transparente la situación financiera actual del Estado Ecuatoriano y las estrategias económicas asumidas para afrontar la crisis, las cuales deben tener un enfoque de derechos humanos.
EXHORTAMOS, además, a que, de manera urgente, se apliquen las acciones necesarias para que este retraso no siga produciéndose, como medida de no repetición de la vulneración de derechos expuesta.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo de Ecuador anuncia que, de persistir esta situación, iniciará todas las acciones, a escala nacional e internacional, tendientes a que se garanticen los derechos de las y los trabajadores del sector público del país.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
Descargue el pronunciamiento a continuación