La Defensoría del Pueblo del Ecuador frente a la denuncia presentada en la Fiscalía de Pichincha por supuesto acoso sexual en contra de tres miembros del cuerpo técnico de la Selección Femenina de Fútbol de Ecuador recuerda la obligación que tiene el Estado ecuatoriano de investigar los hechos de violencia contra la mujer con la debida diligencia y sin dilaciones.
La violencia de género es un fenómeno que atraviesa todos los espacios de nuestra sociedad, hecho que sin duda nos obliga a todas las personas e instituciones públicas y privadas a combatirla y evitarla. En consecuencia, la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene como eje transversal el trabajo en prevención y erradicación de las violencias contra la mujer y ejecuta, en el marco de sus competencias legales y constitucionales, todas las acciones tendientes a erradicarla.
Una de las formas de violencia que más se ha naturalizado en nuestra sociedad ha sido el acoso, presente en espacios públicos, comunitarios y privados. Este, sin duda alguna, constituye una violación a los derechos fundamentales de las víctimas, pues son ofendidas, intimidadas y humilladas por sus agresores. El acoso entonces, tiene que ser considerado por el Estado como un problema estructural, de seguridad, de derechos humanos y salud pública al cual se debe erradicar de raíz a través de estrategias normativas, jurisdiccionales, de políticas públicas pero especialmente de educación.
En este sentido es importante tomar en cuenta que conforme lo ha establecido el Comité de la CEDAW en su Recomendación General No. 35, todos los actos de violencia de género deben ser investigados de manera adecuada, teniendo en el centro del proceso la protección de la víctima y sus familiares, sin que esto implique una afectación al derecho a la presunción de inocencia del cual gozan los procesados.
En esta misma línea se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Gonzales y otras vs. México, añadiendo que, es imperante que las investigaciones sobre violencia basada en género tomen en cuenta el contexto en el cual se desarrollan los hechos y se observe de manera adecuada la posición tanto económica como política y social de la víctima y el denunciado relacionándola con un posible ejercicio abusivo del poder.
Con estos antecedentes, nuestra institución exhorta:
A la Fiscalía General del Estado, a que tome todas las medidas necesarias para que estos actos no queden en la impunidad, y para que la denunciante y su familia tengan protección y asistencia adecuada con el objetivo de evitar hostigamiento o amenazas e iniciar el proceso de reparación integral.
A la Federación Ecuatoriana de Futbol a que, de manera urgente, realice todas las acciones tendientes a prevenir y erradicar la violencia basada en género en sus procesos institucionales.
Finalmente hacemos un llamado a todas las Funciones del Estado para que juntemos esfuerzos en la prevención y erradicación del acoso en nuestro país, ya que, para lograr este objetivo de manera efectiva y real, es necesario un cambio cultural profundo que tiene como punto de partida acciones claras y contundentes de las instituciones, siempre con la participación de la sociedad civil.
