Este viernes 8 de febrero se desarrolló en el complejo judicial del cantón Chillanes de la provincia Bolívar, la audiencia de Acción de Protección en contra de la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A. Esto debido a la tragedia que provocó la empresa al desviar el río Dulcepamba, destruyendo 12 casas, cultivos y la pérdida de 3 personas en el 2015.
El juez de la Unidad Judicial de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, instaló la audiencia a las 8:30 de la mañana del viernes 8 de febrero, donde se presentaron los alegatos de las organizaciones accionantes. La Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), centraron sus intervenciones en la responsabilidad empresarial que tiene Hidrotambo S.A. con los habitantes de San Pablo de Amalí, por el daño ambiental que han generado.
En este contexto el juez solicito una visita in situ prevista para el miércoles 13 de febrero a las 10:00 y dispuso realizar un análisis psicosocial a los familiares de las personas afectadas y la comunidad.
La acción de protección se presenta también contra la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el Ministerio del Ambiente (MAE), la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), la Procuraduría General del Estado, la Secretaría Nacional de Riesgos (SNGR), el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chillanes. Por su nulo control a la empresa Hidrotambo S.A.