Con mucha preocupación, la Defensoría del Pueblo del Ecuador viene dando seguimiento a la situación que se vive en la frontera común con la República del Perú, donde se han producido serias violaciones a los derechos de las personas extranjeras en situación de movilidad humana a quienes se las ha estigmatizado y hecho objeto de un desproporcionado despliegue de fuerza por medio de la militarización de los pasos oficinales y no oficiales entre nuestros dos países, situación que habría contado con la coordinación y contraparte en territorio nacional por parte del Ministerio de Defensa Nacional.
Dicha situación va en flagrante violación a la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de la que somos signatarios, así como de los instrumentos internacionales que garantizan el trato humanitario y la protección internacional a las personas en situación migratoria vulnerable como son: la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular; el Pacto Mundial sobre Refugiados; la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias.
Ecuador, en línea con sus principios constitucionales, garantiza el reconocimiento a migrar; a la libre movilidad; a la no discriminación por condición migratoria; a la protección y asistencia humanitaria; y, a la Ciudadanía Universal y progresivo fin de la condición de extranjero, todo ello enmarcado en la garantía de promoción de una cultura de paz y la prevención de las formas de violencia y discriminación, como el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación, contemplados en los artículos 1, 3, 9, 11, 40, 42, 249, 393 y 416 de la Carta Magna.
En este marco, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, EXHORTA:
– Al señor Presidente de la República, Lcdo. Lenin Moreno Garcés; al Ministro de Defensa Nacional, General (SP) Oswaldo Jarrín Román; y, al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Embajador Luis Chiriboga Gallegos, a velar por los derechos humanos de la población en situación de movilidad humana que se encuentra dentro de territorio nacional y aquella que pueda requerir del Estado ecuatoriano en fronteras, la protección internacional enmarcada en los principios universales del refugio, la apatridia y la protección a víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes, así como garantizar la integridad física y el respeto a los derechos humanos de esta población sujeta de atención prioritaria.
– A los ministerios del frente social, en especial Ministerio de Vivienda (MIDUVI), Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y Secretaría de Derechos Humanos (SDH), así como al Consejo Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana (CNIMH), se brinde asistencia inmediata a las personas que se encuentran en estado de indefensión en la frontera sur, donde se registra a niñas, niños, adolescentes acompañados y no acompañados; mujeres embarazadas; personas con discapacidades; personas adultas mayores; y, personas con enfermedades crónicas, quienes se encuentran a la intemperie desde hace varios días, sin que medie una atención humanitaria e integral por parte del Gobierno nacional, conforme lo manda nuestra Constitución.
– Al Ministerio de Economía y Finanzas para que se asignen los recursos necesarios y suficientes para enfrentar la emergencia zonal por el tiempo perentorio que la coyuntura regional amerite.
– A la Cooperación Internacional, para que sume su contingente al apoyo humanitario necesario para mitigar la presente crisis humanitaria provocada en la frontera Sur ecuatoriana, ante el cierre de fronteras terrestres que ha impedido el flujo normal de población migrante y familias binacionales, quienes por motivos de la pandemia, desde hace ya 11 meses se encuentran represadas forzosamente en esta zona, sin considerar las particularidades de cada caso, donde se registra a grupos familiares que buscan su reunificación en los países del cono sur o en las comunidades de la frontera común.
Así también, expresamos nuestra alerta frente a la existencia de devoluciones en caliente, que desconocen y violentan el derecho al asilo, para quienes requieren de protección internacional en este contexto humanitario.
– A los Gobiernos Seccionales de El Oro, Loja y Zamora, para que brinden las facilidades de atención y logística de albergues, que permitan un trato humano y responsable hacia las miles de personas que se encuentran en la frontera y su zona de influencia dentro de sus jurisdicciones cantonales y provinciales, para quienes es imperativo, dotar de servicios básicos, alimentación y atención médica preventiva para garantizar la vida de estas personas y precautelar el que no sean expuestas a un escenario de contagio a la COVID-19 y otras enfermedades derivadas del hacinamiento y la falta de salubridad existentes.
Dada la coyuntura emergente existente esperamos que estos exhortos sean atendidos en forma inmediata y oportuna, para lo cual continuaremos vigilantes en el marco de las competencias como Institución Nacional de Derechos Humanos.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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