El miércoles 12 de julio, el Defensor del Pueblo subrogante, Patricio Benalcázar Alarcón cumplió una agenda de trabajo en la ciudad de Cuenca y Azogues para participar en actividades referentes a la situación de ecuatorianos retornados y comparecer ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional
En este sentido, brindó declaraciones a los medios de comunicación de Azogues sobre la participación de la Defensoría del Pueblo en la Ley de Movilidad Humana aprobada a inicios de este año, y manifestó la necesidad de contar con un Reglamento para su aplicación.
Más tarde junto al Coordinador de Azuay, Jorge Valdivieso y el Delegado de Cañar, John Ojeda participó en una reunión de trabajo con la Asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, Esther Cuesta; el Asambleísta por América Latina, Caribe y África, Mauricio Zambrano; y el Gobernador de Cañar, Luis Quishpe, en este encuentro trataron detalles importantes a tomar en cuenta en el tema de inclusión y emprendimiento a favor de las personas retornadas.
Ya en la reunión con familiares de personas retornadas al país, el Defensor del Pueblo subrogante explicó el trabajo de la institución nacional de derechos humanos en cuanto al tema migratorio y su preocupación por las fuertes medidas que se han aplicado en países como Estados Unidos, para tratar este fenómeno social de carácter mundial. Además brindó atención a las inquietudes de la ciudadanía frente a las posibles vulneraciones a derechos que puede recibir la persona en calidad de migrante.
En horas de la tarde, Benalcázar participó en la sesión legislativa de la Comisión de Relaciones Internacionales para dar a conocer a las y los asambleístas que participaron en la actividad el informe defensorial sobre la protección y promoción de Derechos de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. Por otro lado, informó sobre varias preocupaciones que tiene la entidad por los procesos de deportación y la recepción en los aeropuertos de Quito y Guayaquil.
De allí, Patricio Benalcázar señaló la necesidad de la formulación de políticas públicas en el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda Nacional de Igualdad a favor de la inclusión y proyectos de vida de las personas retornadas.
Finalmente, el Defensor del Pueblo subrogante planteó la necesidad de contar con una oficina de atención a las personas retornadas en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, conformada por delegados de diversas entidades con competencia legal y constitucional