Un ciudadano acudió hasta la Coordinación General Defensorial Zonal 1 en Tulcán a presentar una denuncia puesto que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS le informaron que el no constaba como afiliado, al momento de querer retirar su cesantía.
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo acudieron junto con el peticionario hasta las oficinas de la Dirección Provincial del IESS para conocer la respuesta de la entidad, y las funcionarias de la entidad informan la serie de requisitos que debía cumplir el solicitante para acceder al retiro de estos valores.
Sin embargo, al ver que no había respuesta al trámite se inició una investigación defensorial para poder dar solución al trámite, incluso con la intervención de las máximas autoridades de la institución nacional de derechos humanos. En la audiencia del caso se pudo dar trámite a la petición del ciudadano para que se le entregue los valores correspondientes a la cesantía.
De esta manera, el peticionario recibió su dinero, tutelando así sus derechos y exhortando al IESS a brindar servicios de calidad a la ciudadanía.
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Una ciudadana se acercó hasta las oficinas de la Delegación Provincial de Esmeraldas para presentar una queja, debido a que en la unidad educativa Vicente Cueva, lugar donde estudian sus hijas, le solicitaron USD 3 para entregarle los libros escolares, aun cuando este material es completamente gratuito.
La Defensoría del Pueblo al conocer el caso tomó contacto inmediatamente con el Distrito de Educación de Esmeraldas e informó sobre la situación, además se trasladó de forma inmediata hasta la unidad educativa con el fin de corroborar la información brindada por la madre.
En la escuela se realizó una breve reunión entre la Directora, la madre de familia y la Defensoría del Pueblo; en la misma se explicó que debido a las gran cantidad de necesidades del establecimiento se ha procedido a cobrar este valor a todos los padres y madres de familia que no acudan a las actividades de la unidad, como mingas, reuniones, etc.
Sin embargo se le recuerda a la funcionaria que bajo ningún concepto puede condicionar la entrega de materiales con dinero, pues son políticas públicas de Estados que garantizan el acceso al derecho a educación.
De esta manera se procedió a la entrega inmediata de los libros a las niñas, además de un llamado de atención a la Directora por condicionar la entrega de un material gratuito. La madre de familia se acercó hasta la Delegación Provincial a agradecer por la gestión realizada que permitió acceder al derecho a la educación.
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Marco J., adquirió una motocicleta en almacenes Orve Hogar, en Nueva Loja, pero dicho almacén no hacía la entrega de la matrícula por lo que el ciudadano procedió a poner una denuncia en la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo.
El peticionario informa que a finales de 2016 compró la motocicleta en esta casa comercial y que le informaron que en 15 días le entregarían el documento de la matrícula pero no lo han hecho. En marzo del presente, el ciudadano al no obtener solución procedió a entregar la motocicleta al almacén aduciendo que él no podía utilizar este medio mientras no tenga la documentación del mismo.
Una vez, la Defensoría del Pueblo conoció el caso, procedió a tomar contacto con la casa comercial para solicitar una explicación del incumplimiento con la entrega de la matrícula. La persona encargada del almacén informa que al momento en que realizó la compra el ciudadano no se encontraba en el cargo, sin embargo iba a realizar las diligencias correspondientes a fin de dar cumplimiento con lo ofrecido.
Finalmente, luego de cuatros días de la gestión, el ciudadano informó a la Defensoría del Pueblo que efectivamente el almacén realizó la entrega de la matrícula, cumpliendo lo ofrecido, respetando así los derechos del ciudadano.
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Una ciudadana adulta mayor presentó una petición en la Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo debido a que no ha podido renovar su cédula de identidad, documento que la habilita para cobrar el bono de desarrollo humano, su único ingreso.
La ciudadana tenía bloqueada su cédula debido a que en su acta de matrimonio su nombre estaba mal escrito y además porque su esposo cometió bigamia en otra provincia. Pese a los intentos durante 6 meses de obtener un nuevo documento, las autoridades competentes no le daban una respuesta clara de su situación.
Al no contar con la cédula, al Ministerio de Inclusión Económica y Social se le dificulta entregar el bono, por lo que se pretendía dejar a la ciudadana sin este beneficio económico. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo inició una investigación defensorial con el fin de tutelar los derechos de esta persona perteneciente a un grupo de atención prioritaria.
Luego de la intervención defensorial se logró que el Registro Civil renovara la cédula de identidad y así pueda mantener el beneficio del bono de desarrollo humano y continúe con su proyecto de vida.
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El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena remitió mediante oficio a la Delegación Provincial de Napo una petición realizada por la Asociación de Jubilados y Pensionistas, en la que reclaman que el Gobierno Provincial de Napo donó un terreno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para la construcción de un Centro Gerontológico, compromiso que no ha cumplido la institución.
Incluso, el IESS tenía pensado cambiar el objeto de la donación para poder construir nuevas instalaciones destinadas a la atención del servicio de salud pública, motivo por el cual las personas adultas mayores sintieron vulnerados sus derechos.
En ese contexto, la Delegación Provincial de Napo inició una investigación defensorial, solicitó información a las partes intervinientes y convocó a una audiencia pública, en la cual se logró llegar a un compromisos entre las partes. Así, se acordó que el IESS use el inmueble donado para la construcción del Centro Gerontológico.
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Francisco P. compareció a la Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo para presentar una petición contra el Presidente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de la Parroquia Huambaló del cantón San Pedro de Pelileo en la provincia de Tungurahua, porque cerca de su propiedad existen tanques de aguas servidas que emanan olores nauseabundos, afectando a la salud de su familia.
Asimismo, el peticionario afirma que la Junta Administradora de Agua Potable de Huambaló pretende construir una Planta de Tratamiento, lo que cree empeorará su situación.
Al conocer la situación, la Institución Nacional de Derechos Humanos inició una investigación defensorial en la que se realizaron varias visitas in situ junto a técnicos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pelileo, del Ministerio del Ambiente y de la Secretaría Nacional del Agua para verificar las condiciones en las que se encuentra la infraestructura y los alrededores.
Luego de estos recorridos se coordinó acciones interinstitucionales para solucionar el conflicto de una forma integral. Es decir, las autoridades locales no solo se comprometieron a resolver la afectación causada al peticionario sino también a vigilar el proceso de regulación de estos tanques y demás plantas del cantón Pelileo.
Con el accionar de la Defensoría del Pueblo y el apoyo interinstitucional de las 28 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales existentes en el cantón Pelileo se logró que 27 obtengan la Licencia Ambiental o Registro Ambiental. La restante, en cambio, se resolvió mediante resolución cerrarla definitivamente.
Así, se garantizó el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las familias que se encuentran alrededor de estas plantas procesadoras y tanques residuales.
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La Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo recibió la queja de una peticionaria, quien adquirió unos lentes por el valor de USD 573 USD contratados bajo ciertas características y especificaciones de acuerdo a sus necesidades, pero que al momento de la entrega no cumplían las características solicitadas.
La ciudadana al percatarse de lo ocurrido solicita un arreglo con la óptica proveedora del bien, sin recibir una respuesta oportuna, por lo que decide presentar una queja en la Institución Nacional de Derechos Humanos con el fin de que se tutelen sus derechos.
Después de la intervención defensorial, se convocó a una audiencia pública en la que las partes llegaron a un acuerdo, garantizando así el derecho de la ciudadana a recibir productos de óptima calidad.
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La Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo recibió a una comisión de padres de familia de la Escuela Fiscomisional Tomás Romero Gross, quienes manifestaron su preocupación por el supuesto cierre de la institución educativa.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo realizó una gestión oficiosa con representantes del Ministerio de Educación y otras autoridades locales con el fin de salvaguardar el derecho a la educación de niñas y niños.
Tras la intervención, se evitó el cierre de la escuela y se llegaron a vario acuerdos: no cambiar el lugar donde funciona la escuela, mantener el mismo uniforme y que los útiles escolares sean entregados por el Estado, entre otros.
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La señora Juana M se acercó a la Coordinación Zonal 4 para solicitar intervención por los derechos constitucionales a la educación de sus dos hijos, a quienes presuntamente no se les estaba brindando el servicio de educación en centros educativos por parte del Ministerio de Educación.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador convocó a audiencia a las partes, en la que la Dirección Distrital de Educación de Chone decidió atender el caso de los niños en mención, garantizando de manera inmediata sus estudios en el centro educativo del Milenio, Eugenio Espejo de la ciudad de Chone, para que no pierdan más clases.
Gracias a la intervención defensorial se logró tutelar los derechos fundamentales de los niños, promover su desarrollo integral y hacer que prevalezca interés superior de los niños y su derecho a la educación.
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Un ciudadano solicitó la intervención de la Delegación Provincial de Galápagos por cuanto el peticionario señala que sus dos hijos adolescentes no tienen notas de los años de educación básica (segundo a séptimo año), debido a que la escuela donde estudiaban ha cerrado y no existe documentación al respecto. El ciudadano indicó que desde hace un año ha solicitado a la Dirección Distrital le de una solución pero no ha obtenido respuesta.
Mediante la intervención defensorial correspondiente se logró que se les tome un examen de reubicación en la escuela Alejandro Alvear, y se logró obtener las notas correspondientes a los años de estudios de los cuales no había documentación. Adicionalmente, los estudiantes podrán ser considerados en el cuadro de honor del plantel educativo donde estudian actualmente.
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El ciudadano Eddy C presenta una petición en la Delegación Provincial de Los Ríos, en la cual señala que ha sido víctima de publicidad engañosa por parte de almacenes Resiflex, ya que adquirió con tarjeta de crédito un colchón y el mismo no cumple con las características que indica la publicidad. El peticionario realizó la compra debido a que presenta un problema de salud de inflamación del nervio ciático que le imposibilita caminar, además de un dolor en la parte inferior de la espalda y el colchón que le vendieron le ha ocasionado más daño y además no cumplía con las características con las que le vendieron, por lo que solicitaba la devolución de su dinero.
Una vez ingresada la petición se solicitó la información pertinente y se convocó a las partes a una audiencia en la cual se llegó a un acuerdo en el cual el representante de almacenes Resiflex le retirará el colchón al peticionario y se le devolverá el dinero, solucionando el inconveniente suscitado.
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Un ciudadano con discapacidad visual presentó una petición ante la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo debido a que iban a ubicarle en un lugar de trabajo que afectaba más si condición médica, por lo que solicitó su intervención.
El ciudadano, quien adquirió esta condición médica precisamente por su trabajo, luego de su recuperación fue ubicado en la unidad de limpieza y mantenimiento, lo que implicaba tener contacto con sustancia químicas, complicando más su situación, por lo que solicitó una investigación defensorial para que se tutele su derecho al trabajo.
Luego del trámite correspondiente, la persona a cargo del área de talento humano dispone a que colabore en el espacio del dispensario médico, evitando el contacto visual con químicos y más contaminantes que perjudican su salud.
De esta manera se tutelaron los derechos del ciudadano, accediendo a un trabajo digno y seguro. Además se exhortó al Corporación Coazúcar a tener en cuenta los mecanismos de seguridad que deben existir para su personal, y por supuesto el respeto a los derechos humanos.
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Tras una gestión oficiosa de la Defensoría del Pueblo, se evitó que una persona adulta mayor pierda su vivienda debido a un préstamo con una cooperativa.
Mariana T., es una persona adulta mayor que colaboró a su hija como garante en la solicitud de un préstamo por la cantidad de USD 8 000 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP en el año 2015, lamentablemente su hija junto con el esposo no han cubierto los valores correspondientes a las letras de este préstamos por lo que la entidad financiera informó a la ciudadana que su vivienda tenía una orden de remate.
La peticionaria al ser adulta mayor acudió hasta las oficinas de la Coordinación General Defensorial Zonal 7 para solicitar la intervención de la entidad y evitar que le quiten su inmueble. Al conocer el caso, se realizó una gestión oficiosa con la cooperativa y la peticionaria, con el objetivo de llegar a un acuerdo.
Es así que la ciudadana se comprometió en el plazo de 30 días a realizar el pago restante de la deuda y no perder su vivienda, tutelando los derechos de una persona adulta mayor.
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Aida M. acompañada de su nieto adolescente de 13 años de edad, acude a la Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo para presentar una queja contra la Unidad Educativa José de la Cuadra por vulnerar los derechos del adolescente al dejarlo fuera del plantel debido a su bajo rendimiento académico y disciplinario.
Una vez que la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de este caso realiza una gestión oficiosa con visitas al establecimiento educativo para constatar lo ocurrido, así también mantuvo reuniones con las autoridades del establecimiento educativo a fin de tutelar el derecho a la educación del adolescente y evitar que sea separado del plantel.