Una ciudadana presentó una denuncia ante la Coordinación General Defensorial Zonal 1 por presunta vulneración de derechos a personas privadas de libertad. Al parecer a su pareja se le prohibió recibir visitas debido a inconvenientes suscitados con otros compañeros. Por tal motivo se realizó la gestión respectiva ante el Director del Centro de Privación de Libertad de Tulcán, logrando así tutelar los derechos del ciudadano y que pueda recibir visitas de sus familiares en el centro de privación.
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Luego de la denuncia de contaminación en un medio de comunicación local por parte de moradores del recinto Chaupara en Majua, Esmeraldas. La Delegación Provincial inició de oficio un trámite de investigación defensorial para tutelar los derechos de la naturaleza, ambiente y acceso al agua. Al parecer, varias actividades de una empresa extractora de aceite de palma africana, habrían provocado daños ambientales en el lugar y en el agua también. Luego del trámite correspondiente la empresa se comprometió a reparar los daños ocasionados por su actividad. Entre las actividades realizadas por la empresa para corregir los daños están, el cambio de la tubería que lleva líquidos hasta las piscinas de esterilización, la instalación de un biodigestor que ayude a eliminar malos olores, y los acuerdos con la Dirección de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Esmeraldas para trabajar con estricto apego a normas técnicas ambientales y en armonía con la comunidad, cumpliendo con los estándares establecido en la Constitución y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.
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La Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo recibió una petición del ciudadano Edwin E., quien solicitó se garantice su derecho a obtener una respuesta por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mejía, puesto que transcurrieron varios meses desde su requerimiento y este no fue atendido.
Por esta razón, se inicia una investigación defensorial dentro de la cual se coordina una reunión con el Alcalde del cantón Mejía, en la que se generaron mecanismos de garantía que privilegien el ejercicio de los derechos. Durante el proceso se exhortó a las y los servidores del GAD del cantón Mejía a cumplir con el mandato constitucional y legal que establece que las y los servidores públicos deben brindar oportuna contestación a los requerimientos emanados por parte de autoridad competente, dentro de los términos y plazos previstos en la ley. Luego de este proceso, se logró garantizar el derecho del ciudadano peticionario a un servicio de oportuno y de calidad.
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El ciudadano Edgar P. se acercó a la Delegación Provincial de Napo de la Defensoría del Pueblo para denunciar el supuesto cobro exagerado de USD 5.700 que efectuó el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena por concepto de alcabalas y plusvalía. Al encontrarse al peticionario en un doble estado de vulnerabilidad, pues padece una discapacidad física y una enfermedad catastrófica en etapa terminal, la Institución Nacional de Derechos Humanos solicita mediante gestión oficiosa se haga efectivo el descuento del 50% en el pago de alcabalas y plusvalía para resguardar sus derechos. Al exponer las circunstancias del ciudadano, el GAD del Tena exonera del pago el rubro de construcción, logrando un descuento del 70%.
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La Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo atendió el caso de dos niños a quienes se les negó la atención de salud en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por no contar con la cédula de identidad de su padre, quien está asegurado. Lamentablemente los niños no conocieron a su progenitor porque abandonó el hogar, pero eso no les priva del derecho a la salud. En ese sentido, funcionarios de la Delegación de Cotopaxi visitaron la Unidad de servicio al asegurado y expusieron a su titular los principios constitucionales que protegen a este grupo de atención prioritaria, logrando tutelar sus derechos. Inmediatamente se abrió una historia clínica y fueron atendidos por emergencia.
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La Delegación Provincial de Chimborazo de la Defensoría del Pueblo realizó la vigilancia del debido proceso del caso de la ciudadana Estefanía C., quien fue demandada por vía penal por el representante de la Hostería el Toril, ubicada en la ciudad de Riobamba; por haber emitido un comentario en redes sociales que presuntamente desacreditaba y deshonraba el nombre del hotel. Con el fin de precautelar los derechos de la peticionaria y de resguardar el proceso, garantizando que sea transparente y equitativo, la Defensoría del Pueblo estuvo vigiló el cumplimiento del juicio según su competencia, establecida en la Constitución.
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La Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo realizó una gestión oficiosa tras la petición presentada por un ciudadano, en la que expresó su molestia por recibir información poco precisa de parte de un almacén comercial al momento de adquirir una cocina de inducción.
La cocina de inducción no podía instalarse en el sector y el almacén comercial aún conociendo del inconveniente procedió a vender el electrodoméstico. Por lo que se realizó un visita in situ para y colocar el reclamo correspondiente. El encargado de inmediato accedió a anular la factura, devolver el dinero del peticionario y retirar la cocina de inducción constatando que esté en buen estado. Gracias a la intervención defensorial se logra el desistimiento correspondiente, por lo que se imposibilita que se realicen cobros posteriores, tutelando el derecho de consumidor del ciudadano.
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La persona afectada una persona adulta mayor con el 40% de discapacidad, quien habita con su hijo con discapacidad intelectual del 70% denunció en estas oficinas la falta de información y el abuso de parte del Almacén Orve Hogar en relación a la entrega de una cocina de inducción con información falsa, ya que alegó ser enviada del gobierno con engaños le dejan cocina de inducción y le manifiestan que es enviada del gobierno. Su hija que no habita con la afectada revisa la documentación se entera que la misma tiene costo, frente a lo cual acuden al almacén a devolver la misma, donde no son atendidos y más bien reciben mal trato.
Se aperturó el trámite para tutelar los derechos de los afectados y se notifica al almacén como al representante del MEER en la provincia, con quien se realiza gestión dentro de la misma causa a fin de agilitar el trámite considerando que estas personas estaban en riesgo de ser cortado el servicio de energía por la negativa al pago de la cocina. Es así que con la coordinación con el MEER se logra la anulación de la compra y el almacén retira la cocina, con estos hechos se logra garantizar los derechos de la ciudadana parte de un grupo de atención prioritaria.
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Un ciudadano se acerca a la oficinas de la Coordinación Zonal 5 de la Defensoría del Pueblo y manifiesta que desde hace algunos meses no le entregan la moto que compró en el almacén “Su Casa” de la ciudad de Milagro. Se atiende el caso, se mantiene una reunión realizada el con la administradora del almacén se llegó al acuerdo de la devolución del dinero cancelado por el peticionario. En este sentido, mediante la gestión oficiosa se logra resolver la petición del usuario y el almacén le devolvió el valor en efectivo que el peticionario había entregado por la compra.
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El ciudadano afectado concurre ante la oficina de esta Delegación a presentar su reclamo ya que arbitrariamente le fue cortado el servicio de agua potable de su domicilio, la manguera de agua fue cortada por dos personas asesoradas por el señor Presidente de la Junta de Agua Potable dejándolo sin el suministro del líquido vital. Luego de admitida la queja se solicita la comparecencia de la junta administradora de agua, quienes después de la intervención de esta entidad procedieron a reconectar el servicio de forma inmediata y atendiendo la vulneración de un usuario de servicios públicos domiciliarios.
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Vendedores de puerta a puerta de Almacenes Japón llegaron hasta el domicilio del peticionario, una persona adulta mayor quien vive solo y tiene problemas de audición, además que no sabe leer. Dichos vendedores le indicaron que el gobierno le regalaba una cocina de inducción y tenía que recibirla de lo contrario le quitaban el bono solidario. Al ser este bono el único ingreso que tiene el peticionario accedió a recibir el electrodoméstico. Se ingresó la petición y se notificó al almacén antes referido quien se negó a recibir la providencia de admisibilidad, se dialogó mediante una reunión con personal que entrega estas cocinas de inducción y antes de que llegue el dia de la audiencia le retiraron la cocina al peticionario firmando actas de entrega/recepción y devolución solucionando finalmente el inconveniente. En este caso no existió una información clara, veraz ni oportuna y se utilizó métodos desleales para realizar la venta del electrodoméstico pero finalmente con la intervención defensorial se solucionó el caso.
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Un ciudadano adulto mayor acudió a la Defensoría del Pueblo en Galápagos para presentar su reclamo por cuanto manifestó que no estaba recibiendo el bono de desarrollo humano, el cual le permitía solventar gastos básicos para su supervivencia. Se admitió el caso y se verificó que el peticionario conste registrado en el MIES como beneficiario del bono de desarrollo humano y se verificó que peticionario continúe recibiendo el bono de desarrollo humano que le permita cubrir sus necesidades elementales. Gracias a la gestión oficiosa de la Defensoría del Pueblo se respetaron los derechos del ciudadano afectado.
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Una ciudadana presenta una denuncia ante la Delegación Provincial de El Oro debido a que solicita ante el GAD parroquial de La Peaña, información de carácter público sin obtener ninguna respuesta. Se realiza la audiencia respectiva recordándole a la Presidenta del GAD parroquial, la obligación que tiene de entregar la documentación pública, de conformidad a lo establecido en la Constitución y la normativa pertinente. El GAD de La Peaña reconoció la importancia de atender las peticiones de acceso a información pública. Por otro lado se llegó a un acuerdo con la Defensoria del Pueblo para desarrollar un taller de capacitación que permita sensibilizar a los funcionarios del GAD parroquial sobre el tema. De esta manera se tuteló el acceso al derecho a la información pública tal como se encuentra determinado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información Pública.
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Una madre de familia presenta una denuncia ante la Delegación Provincial de Zamora Chinchipe, debido a que sus dos hijas perdieron el año escolar por exceso de faltas. La madre aduce que en el centro educativo no quisieron recibirle dos certificados médicos de sus hijas, documentos con los cuales las faltas estarían justificadas. Se realiza la audiencia respectiva y se acuerda con la entidad educativa la convocar a una junta extraordinaria de docentes de curso para analizar el caso y así puedan las estudiantes continuar con sus trámites de graduación y ser bachilleres.
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Un ciudadano acude a la Coordinación Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo para reclamar el derecho a la educación de su hijo de 8 años, quien fue separado de la institución educativa en la que se encontraba por una presunta agresión física a un compañero.
Tras conocer este acontecimiento, la Defensoría del Pueblo acude al colegio para mantener una reunión con el Director General, a quien se le explicó que no se puede separar arbitrariamente al niño de sus clases regulares, basándose en un reglamento institucional, sin que para ello se haya emitido una resolución motivada.
Luego de explicar a la unidad educativa la normativa constitucional y legal, se logró restituir el derecho a la educación del niño, quien pudo reintegrarse a clases con normalidad.