Un ciudadano había presentado ante la Dirección de Medio Ambiente de Imbabura la petición correspondiente para que se tramite la aprobación del informe anual del proyecto de la hostería “La Playa”, sin embargo no había tenido respuesta hasta la fecha.
Nalo M., se acercó hasta las oficinas de la Coordinación General Defensorial Zonal 1, en Carchi y presentó el caso. Se procedió a notificar al Ministerio de Ambiente sobre el caso y se realizó la audiencia correspondiente.
En efecto los funcionarios, afirmaron haber recibido el proyecto anual para el funcionamiento de la Hostería y se comprometieron en tramitar lo antes posible el caso, a fin de no seguir dilatando el proceso.
Una vez, se llegó a dicho acuerdo, el Ministerio de Ambiente procedió a notificar de manera inmediata la aprobación del informe ambiental anual para que pueda funcionar con toda normalidad el establecimiento El ciudadano agradeció la intervención defensorial, pues le permitió acceder a servicios públicos de calidad y se logró obtener la aprobación de dicho informe.
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Una persona adulta mayor presentó una denuncia en la Delegación Provincial de Esmeraldas contra una empresa de telefonía por haber cobrado dos veces el valor por el plan de teléfono que tiene. La queja fue presentada e inmediatamente un funcionario de la Defensoría del Pueblo se trasladó hasta la oficina de Conecel Claro para solicitar información sobre el caso.
La jefa de agencia, procedió a verificar en el sistema, y efectivamente se habían realizado dos transacciones de débito de la cuenta del ciudadano. En ese momento se procedió a realizar la devolución del dinero cobrado de manera errónea. Cabe mencionar que el ciudadano ya había acudido en tres ocasiones anteriores a solicitar información sin tener respuesta alguna por parte de la telefónica.
El ciudadano, agradeció la gestión oficiosa de la Defensoría del Pueblo, que le permitió la tutela de los derechos que le amparan con usuario de servicios.
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Rosa V., ciudadana que habita en la ciudad de Shushufindi, presentó una denuncia en contra de almacenes Japón de la misma ciudad, pues compró una motocicleta pero no se le entregó la matrícula después de un año de espera. Además informó que la motocicleta, se encontraba en los patios de retención de la Policía Nacional y que para poder retirarla requería de este documento
La Delegación, llamó a audiencia pública para dar solución a este inconveniente que perjudicaba a la ciudadana. En la mediación, el representante del almacén solicitó a la ciudadana esperar 20 días para realizar la entrega del documento. La petición fue aceptada por la afectada.
Efectivamente se realizó la entrega del documento, como fue lo acordado de esta manera la ciudadana pudo retirar su motocicleta de los patios de la Policía Nacional. Además se respetaron sus derechos y se exhortó al almacén a cumplir con lo ofertado dentro del plazo acordado con la clientela a fin de evitar problemas como estos en el futuro.
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La ciudadana Silvia L. presenta una petición en la Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo para que intervenga ante la Empresa ICESA, a fin de solucionar el problema relacionado con la adquisición de una cocina de inducción.
Frente a este caso, la Institución Nacional de Derechos Humanos emite una Providencia de Admisibilidad citando a la peticionaria así como también al representante legal de la empresa proveedora con el propósito de llegar a un acuerdo entre ambas partes.
Luego de la intervención defensorial se logró anular el contrato de compra de la cocina de inducción, para lo cual se fija un plazo de 48 horas para retirar el electrodoméstico, firmando una acta transacción por el acuerdo; protegiendo los derechos de la persona consumidora.
Después de este hecho se conocieron más casos de este tipo, por lo que se articularon acciones con las empresas proveedoras de bienes y servicios (como Almacenes Japón, Artefacta, Ganga y otros), para realizar la anulación interna y externa sobre la comercialización de las cocinas de inducción ante el Ministerio de Electricidad y la Empresa Eléctrica Quito.
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Una ciudadana del sector rural solicita a la Delegación Provincial de Napo de la Defensoría del Pueblo que intervenga ante la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza, para abrir una cuenta de ahorros para su nieto, quien es beneficiario de una beca y necesita contar con esta cuenta bancaria, pero lamentablemente su situación económica le impide cubrir el encaje dispuesto por la entidad financiera.
Al conocer el caso, la Delegación Provincial de Napo inicia un proceso de gestión oficiosa y acompaña a la ciudadana a la institución financiera para explicar que la institución tiene un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo en el que consta la asistencia a personas de escasos recursos económicos para abrir cuentas solamente con dos dólares. Luego de la intervención y la explicación respectiva la Cooperativa acepta aperturar la cuenta a la peticionaria.
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María A. comparece a la Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo de Ecuador para presentar una petición contra la Empresa Salud S.A. para que devuelva los valores debitados y no autorizados de la cuenta que pertenece a la Asociación de Mujeres “Dolores Cacuango”, donde la peticionaria se desempeña como tesorera.
La ciudadana indica que recibió una llamada de la prestadora de salud presentándole un seguro familiar, pero que ella no recuerda haber aceptado. Tras este hecho, desde el 7 de enero de 2016 se debitó de la cuenta de la Asociación alrededor de USD 341,96.
Al conocer esta situación y con el fin de tutelar los derechos de la peticionaria, un representante de la Defensoría del Pueblo acudió a la empresa Salud S.A ubicada en la ciudad de Ambato para solicitar la devolución de valores descontados, explicando además que la cuenta no es de propiedad de la ciudadana.
Luego de la gestión, se logró que la empresa proveedora del servicio de salud reembolse la cantidad descontada sin autorización.
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La Delegación Provincial de Cotopaxi recibió el caso de una mujer de nacionalidad cubana en condición migratoria irregular a quien se le negó atención en el Hospital General de Latacunga, pese a encontrarse embarazada y presentar contracciones durante la semana 38 de gestación.
En ese contexto, se realizó un acercamiento con la Gerente del Hospital para explicarle la situación de la peticionaria, exponer los derechos y así garantizar la atención necesaria para la madre y el neonato.
Después de la gestión oficiosa, se ingresó a la peticionaria en el Hospital donde fue atendida. El bebé nació por parto normal en óptimas condiciones de salud. De esta forma se garantizó el derecho a la salud de la peticionaria y el recién nacido.
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Un ciudadano se acercó a la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo para presentar una queja contra el centro Comercial Dos Ruedas, donde adquirió una mascarilla completa FX – 200 (pieza de motocicleta) que al probarla no coincidió, por lo que solicitó la devolución del dinero, sin obtener una respuesta favorable.
Por esta razón, el peticionario acudió a la Defensoría del Pueblo, institución que inició una gestión oficiosa para reembolsar el dinero. Luego de llegar a un acuerdo entre ambas partes se resolvió devolver el valor de USD 72,00; tutelando el derecho del consumidor.
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Una ciudadana adulta mayor de 82 años de edad acudió a la oficina de la Defensoría del Pueblo en Jipijapa, y manifestó haber sido notificada por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa, EPMAPAS-J, aduciendo que debía a la empresa $ 681,15 por 61 meses adeudados por consumo de agua potable; la peticionaria que es una persona de bajos recursos económicos señala que ella no cuenta con el servicio de agua potable y por ende no podía tener deuda con dicha empresa. Se realizó una visita in situ al domicilio de la peticionaria con el señor Gerente y técnicos de la EPMAPAS-J y efectivamente se pudo constatar que la señora jamás ha tenido guia domiciliaria y que se ha venido abasteciendo del agua que se derrama por una fuga de una válvula y que en su terreno se forma un charco producto del desperdicio, agua que era usada por la peticionaria. Se logra que la EPMAPAS-J de la baja del sistema informático la cuenta que ha sido por error de ingreso, anulando toda la deuda. Adicionalmente se procederá a instalar una guia domiciliaria y medidor para que la peticionaria tenga acceso al servicio y al líquido vital apto para el consumo humano.
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Un ciudadano presentó una queja ante la Delegación Provincial de Bolívar luego de manifestar que se desempeña como conductor de una volqueta del GAD parroquial de San Lorenzo y al estar dicho vehículo bajo su responsabilidad, se ha procedido a descontar de su remuneración mensual valores correspondientes al arreglo del automotor por un supuesto daño mecánico. Admitida la queja se procedió a notificar al GAD Parroquial de San Lorenzo para que de contestación al requerimiento, el cual fue contestado mediante oficio. Posteriormente se convocó a Audiencia Pública en la que se solicitó al representante del GAD que se deje sin efecto el descuento realizado en la remuneración mensual del peticionario.
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Un ciudadano adulto mayor que está a cargo del total cuidado de su hijo que tiene una discapacidad, se acercó a presentar su caso en esta Delegación provincial contra la empresa CNEL EP que presuntamente le estaba emitiendo planillas con valores hasta tres veces más altos en relación a los que ha venido pagando. Una vez admitido el caso se convocó a las partes a una audiencia posterior a una inspección en el lugar del domicilio del peticionario. Se realizó la correspondiente investigación defensorial y se determinó la vulneración de derechos tanto del adulto mayor, como de la persona con discapacidad. Finalmente gracias a la acción defensorial se logró reducir la planilla y se realizará la actualización de datos correspondiente para que al señor se le aplique el descuento por la discapacidad de su hijo.
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Emanuel G., es una persona con discapacidad que presentó una denuncia en la Coordinación General Defensorial Zonal 6 pues se habría vulnerado su derecho a la salud.
El ciudadano, quien tiene un desprendimiento de córnea, ha solicitado por varias ocasiones la derivación correspondiente para poder continuar con su tratamiento, sin obtener respuesta alguna, además de archivar su caso.
La Coordinación de la Defensoría del Pueblo al conocer el caso se comunicó de manera inmediata con el Hospital Regional Vicente Corral, para solicitar la reapertura del expediente. Efectivamente funcionarios de la casa de salud, accedieron a reabrir el expediente del ciudadano y brindar la atención requerida lo antes posible, pues se trata de una persona perteneciente a un grupo de atención prioritaria.
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Wilman V., y su amigo, ambos personas de nacionalidad colombiana se acercaron hasta la Coordinación General Defensorial Zonal 7 en Loja para denunciar que miembros de la Policía Municipal procedieron a retirar su mochila en la tenian sus herramientas de trabajo, pues ellos realizan actos de acrobacia en las calles del centro de Loja.
Al conocer el inconveniente, un funcionario de la Coordinación tomó contacto con el Comisario Municipal para exponer el caso. Sin embargo el funcionario municipal supo indicar que este tipo de actividades estaban prohibidas en la vía pública.
El representante de la Defensoría del Pueblo, admitió el error cometido por parte de los ciudadanos, señaló que el deber de la fuerza pública es solicitar el retiro del lugar, antes de pasar a quitarles sus pertenencias, violentando así sus derechos.Luego de una reunión se acordó el pago de una multa por cada uno de los ciudadanos. Al explicar que eran personas sin recursos, se solicitó el pago mínimo de la multa y se realizó la devolución de las pertenencias.
De esta manera se pudieron tutelar los derechos de los afectados, quienes agradecieron la intervención oportuna de la Defensoría del Pueblo.
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Luis M., persona con discapacidad presentó una denuncia en la Delegación Provincial de Zamora Chinchinpe, pues trabajaba en el GAD Municipal del cantón Chinchipe, pero se le notificó su terminación de contrato, vulnerando, según el ciudadano, sus derechos.
La Delegación, luego de conocer el caso procede a notificar fecha y hora para la audiencia pública, con el firme objetivo de llegar a un acuerdo amistoso entre las partes involucradas, es decir el señor Alcalde, y el peticionario.
En la audiencia se señaló que el ciudadano al pertenecer a un grupo de atención prioritario, merece un trato especial y además la oportunidad para laborar. Por tal motivo se acordó contratar al ciudadano por un nuevo período, pues lamentablemente no cuentan con recursos suficientes para mantenerlo en el cargo.
El peticionario accedió a la propuesta de la autoridad del GAD del cantón Chinchipe y solicitó que se le considere para contratos o concursos a futuro. Así, se protegieron los derechos de una persona con discapacidad
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Una ciudadana presenta una queja en la Coordinación Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo contra Interagua debido al cobro excesivo del servicio de agua por fugas en el subsuelo no detectadas desde hace varios años.
La Defensoría del Pueblo al conocer el caso admitió la queja y convocó a una audiencia pública a las partes para llegar a un acuerdo que garantice los derechos de la peticionaria. Se logró que la empresa proveedora proporcione facilidades de pago suscribiendo un convenio de pago de hasta 60 meses.
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Una peticionaria acudió a la Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo para presentar una queja contra la empresa Cable Unión por no brindar un servicio de calidad. La ciudadana contrató los servicios de televisión por cable y al cambiarse de domicilio solicitó verbalmente a la empresa que den por terminado el contrato, petición que no fue tomada en cuenta, continuando con la facturación por los servicios a pesar de acceder a los mismos.
Una vez que la Coordinación Zonal 9 tiene conocimiento de esta petición, convoca a una audiencia pública a la empresa Cable Unión y a la peticionaria, en donde la empresa reconoce error y decide dejar insubsistente el cobro de dichos valores, llegando a un acuerdo entre las partes.
Con esta acción se tuteló el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.