Una ciudadana acudió hasta la sala de belleza Elegance, ubicada en la ciudad de Tulcán para realizarse un proceso de tinturado en su cabello. La actividad se desarrolló con total normalidad, sin embargo al pasar los días, la ciudadano evidencia daños en el aspecto de su cabello por lo que acudió nuevamente hasta el salón a solicitar una solución. La propietaria del centro de belleza, se niega a reparar el daño.
Vanessa P., acudió hasta la Coordinación General Defensorial Zonal 1, y presentó la queja correspondiente. Una vez conocido el caso se tomó contacto con la propietaria del establecimiento, quien reconoció los derechos que tienen las personas a recibir bienes y servicios públicos y privados de calidad.
En tal sentido, el salón de belleza realizó la entrega de USD 215 dólares a la ciudadana afectada, para reparar de alguna manera el daño causado.
Vanessa P., agradeció la intervención de la Defensoría del pueblo, que le permitió acceder a una reparación por el daño causado, además de fomentar calidad en los bienes y servicios brindados a la ciudadanía, tanto en el sector público como privado.
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Una ciudadana presentó una queja en la Delegación Provincial de Esmeraldas en contra de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, pues su título aún no ha sido entregado, a pesar de ya constar en el sistema del SENESCYT. El argumento brindado por parte de la unidad académica es que los documentos correspondientes a la estudiante fueron extraviados y por tal motivo no pueden hacer entrega del título que avala su culminación del curso de especialización.
Una vez se conoció del caso, se solicitó a la Universidad que responda dentro de los términos estipulados por la Ley a la petición realizada por la ciudadana. Al no contar con la colaboración correspondiente por parte de la Universidad, la Defensoría del Pueblo continúa con el proceso y emite las providencias necesarias para proteger los derechos de la ciudadana afectada.
Las acciones emprendidas por la Delegación Provincial permitieron obtener el título físico de la ciudadana afectada y que sus derechos a acceder servicios públicos de calidad sean cumplidos.
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Luis D., presentó una denuncia en la Delegación Provincial de Sucumbíos en contra del Centro de Rehabilitación Social de la provincia, pues al parecer no se estaban tutelando los derechos de las personas privadas de libertad.
El ciudadano, quien tiene un familiar dentro del centro de privación, afirma que su familiar ha venido presentando un cuadro complicado de salud, sin embargo no ha recibido la atención médica correspondiente, empeorando su estado de salud.
La Defensoría del Pueblo, inmediatamente se trasladó hasta el centro de privación y al tomar contacto con el Director del mismo se solicitó información del estado de salud no solo del familiar del peticionario, sino también de las otras personas privadas de libertad.
Una vez se mantuvo la reunión de trabajo, en la cual también participó el médico a cargo de supervisar la salud de las personas que se encuentran en este centro, se brindó atención la atención médica correspondiente. De esta manera, las personas pudieron acceder a su derecho fundamental a la salud.
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La Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo recibe el caso de una persona quien en el mes de mayo de 2016 presentó una solicitud de información sobre permisos y licencias ambientales otorgadas en el cantón por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui, sin obtener respuesta alguna, por lo que solicita intervención para que se respete su derecho a la información pública.
En ese sentido, la Delegación Provincial de Pichincha aperturó una investigación defensorial a fin de garantizar el derecho constitucional de petición de la ciudadana peticionaria. Una vez admitida y aperturada la investigación se notificó a la máxima autoridad del cantón a fin de que ejerza su derecho al debido proceso y presente la documentación correspondiente.
Es así que se convocó a una audiencia pública a las partes, llegando al acuerdo de remitir la información en 15 días. Acuerdo que se incumplió, por lo que se dejó constancia de que si no se entrega la información se activará mecanismos jurisdiccionales.
Finalmente, se resolvió la causa admitiendo en su totalidad la petición ciudadana y haciendo entrega de la información, garantizando el derecho de petición.
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El ciudadano Lionel L. acudió a la Delegación Provincial Napo de la Defensoría del Pueblo para informar que la Gobernación de Napo no pagaba los aportes patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de enero a diciembre del 2003, pese a los requerimientos realizados por escrito.
Al conocer el caso, la Defensoría del Pueblo realizó como parte de una gestión defensorial varias visitas in situ para dialogar con las autoridades correspondientes y que así el ciudadano tenga una respuesta formal a los oficios remitidos a la Gobernación de Napo.
Luego de la intervención defensorial, se dió una respuesta favorable indicando que se gestionará el requerimiento y se pagará todas las planillas del aporte patronal retrasadas.
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Una ciudadana acudió a la Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo de Ecuador para solicitar la intervención institucional y así lograr que se anule una compra de electrodomésticos que realizó en un almacén comercial.
La peticionaria adquirió varios electrodomésticos que sumaban un valor de USD 2087,04 pero nunca los retiró debido a que sufrió una complicación de salud, por lo que fue internada en una casa de salud. En ese contexto, solicitó al centro comercial la anulación de la compra sin recibir una respuesta favorable.
Luego de la intervención defensorial – a través de una gestión oficiosa- se llegó a un acuerdo entre las partes, anulando el cobro de valores por la transacción.
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La ciudadana Gloria A., presentó una petición verbal en la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo en la que manifestó que cuando acudió al servicio de emergencia del Hospital del Puyo con su hijo de 17 años de edad enfermo, no recibió atención de parte de un profesional médico. Por lo que solicita la intervención por este mal servicio público brindado.
Su hijo -quien posiblemente estaba infectado de gripe AH1N1- fue atendido por una enfermera quien le indicó que regrese al siguiente día. En vista del mal servicio, la ciudadana se comunicó con el ECU 911 para lograr atención.
En ese contexto, se admite a trámite de investigación defensorial, por presumirse la vulneración del derecho de acceso al servicio de salud de una persona; por lo que se realizan visitas in situ, entrevistas y reuniones de trabajo, con el fin de tutelar este derecho.
Luego de valorar toda la información recopilada, se procedió a emitir una resolución defensorial, en la que se recomienda a las Autoridades del Hospital General Puyo, con sede en la Provincia de Pastaza, que en casos análogos se coadyuve en las acciones necesarias que permitan viabilizar medidas de atención integral, y a su vez, de ser el caso derivar al centro de salud que corresponda.
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Una ciudadana se acercó a esta Coordinación a solicitar intervención en su caso debido a que su hijo al mantener un juicio coactivo con la CNT le han bloqueado la cuenta del Banco Pacífico a su esposo donde le acreditan la mensualidad de la jubilación, único ingreso mensual con el cual la pareja de esposos de la tercera edad subsisten.
La peticionaria solicita que la Defensoría intervenga con el fin de que el juzgado coactivo de CNT levante esa medida de bloqueo de la cuenta donde su esposo recibe su único ingreso mensual.
Revisado el caso y al verificar con los documentos respectivos que había la vulneración del derecho a la Seguridad Social con la orden de bloqueo de la cuenta bancaria, medio por el cual el adulto mayor recibe su pensión jubilar, esta Coordinación Zonal mediante providencia exhortó al Juzgado de Coactivas de CNT que proceda con el desbloqueo inmediato de la cuenta de ahorros del banco del Pacífico del afectado el cual la acató de inmediato solucionando así el inconveniente y restableciendo los derechos de la persona adulta mayor.
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Un ciudadano adulto mayor presentó una queja después de haber recibido una llamada telefónica por parte de empleados de almacenes Comandato en la cual se le indicó que se había ganado en un sorteo unos artefactos.
Sin embargo le estaban facturando el valor de dichos artículos por lo que desistió de cualquier negocio, el almacén le aceptó la devolución de los productos por lo que se firmó la correspondiente acta de devolución de mercadería pero le seguían cobrando en su planilla por los artefactos devueltos.
Se inició el trámite respectivo en la Defensoría del Pueblo de Quevedo, se pidió la información pertinente del caso y se convocó a las partes a una audiencia en la cual se llegó a un acuerdo que la empresa asumirá el valor total de la deuda por los mencionados artefactos.
En el presente caso existió la colaboración inmediata y la solución por parte de almacenes Comandato ante la gestión eficaz de la Defensoría del Pueblo por ser un inconveniente que afecta derecho de una persona adulta mayor.
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Un ciudadano presentó una denuncia ante la Delegación Provincial de Cañar, tras haberse vulnerado varios de sus derechos, por parte de la empresa donde prestaba sus servicios.
Al parecer, el afectado estuvo involucrado en un proceso de tráfico de combustibles, en el cual, luego de la investigación correspondiente realizada por la Fiscalía, se determinó su inocencia.
Sin embargo, al momento de querer ingresar a su puesto de trabajo, en la estación de transferencia de combustibles de Petroecuador, la persona encargada de la terminal de transferencia, prohibió su ingreso, aduciendo que las personas que han sido vinculadas en ese tipo de procesos no pueden seguir laborando.
La Delegación Provincial, al conocer el caso, realiza llamamiento a audiencia pública, pues se estaban vulnerando varios derechos del ciudadano afectado. En esta audiencia el Procurador Síndico de Petroecuador, admite que se han violentado varios derechos y solicita de manera inmediata la incorporación del ciudadano a sus actividades laborales cotidianas.
El ciudadano y su familia agradecieron la gestión, que permitirá mantener el ingreso económico para garantizar una vida digna a su familia, pero sobretodo tutelar sus derechos como ciudadano.
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Una ciudadana presentó ante la Coordinación General Defensorial Zonal 7 de Loja, una denuncia a la empresa eléctrica, pues habría dejado sin servicio a una comunidad.
La afectada, manifiesta que en su finca, tenía servicio de energía eléctrica, gracias a un transformador que era de propiedad del Consejo Provincial, sin embargo la empresa eléctrica procedió a retirarlo, quitando la energía a toda una comunidad. La justificación de la empresa eléctrica fue que dicho transformador ya había cumplido su vida útil, por tanto era necesario que sea retirado del lugar.
Al conocer el caso, la Coordinación tomó contacto con la empresa eléctrica a través del Jefe de atención al cliente, quien supo manifestar que este transformador estaba ocasionando algunos problemas en el sector y por eso fue removido. Además solicitó que se recojan las firmas de todas las familias afectadas por el retiro de este transformador para que se pueda hacer el estudio e implementación de uno nuevo.
Luego de las gestiones realizadas se consiguió presentar la solicitud a la empresa eléctrica para la colocación de un nuevo transformador y se realizarán todos los actos necesarios y se pueda dotar de energía eléctrica a las familias perjudicadas en el sector.
Efectivamente el servicio pudo ser restablecido, lo que causó gran satisfacción en toda la comunidad que había sido afectada.
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Un ciudadano acude a la Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo para maniferstar que solicitó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social un aumento excepcional en su pensión jubilar. Pero que pese a sus insistencias no ha recibido respuesta alguna.
Al conocer el caso la Defensoría del Pueblo inicia un una investigación defensorial en la que acude a las instalaciones de la Subdirección Provincial de Prestaciones de Pensiones y Riesgos del Trabajo de Pichincha, a fin de solicitar que se de cumplimiento al derecho de aumento excepcional de pensión jubilar del peticionario. Durante la visita se evidenció que este derecho fue adquirido desde el año 2011 por lo que se debería realizar un pago retroactivo del valor del aumento excepcional.
Al ser el peticionario una persona perteneciente al grupo de atención prioritaria se instó al IESS se agilite el proceso. Es así, que se realizó la reliquidación de valores, reconiciendo el derecho del peticionario desde el año 2011, cancelándole un valor retroactivo acumulado de USD 974,22 y el incremento excepcional por el valor de USD 11,54; cumpliendo de esta manera con la ley y garantizando el derecho del peticionario.