Sonia C., suscribió un contrato de servicios con la empresa vacacional Decameron, la misma que debitó de su tarjeta de crédito USD 886.69. Sin embargo la ciudadana luego de analizar los servicios ofertados por la empresa decidió cancelar el contrato dentro del plazo de las 24 horas posteriores pues señaló que no cumplía con sus expectativas, al no tener ninguna respuesta acudió hasta la Coordinación de la Defensoría del Pueblo en Carchi.
Al conocer el caso, la Defensoría del Pueblo a través de una gestión oficiosa tomó contacto con representantes de la empresa, quienes accedieron a la cancelación del contrato comprometiéndose a devolver en 30 días los valores cobrados a la peticionaria.
De esta manera se garantizaron sus derechos de consumidora a acceder a servicios privados de calidad, oportunos y eficientes.
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Un ciudadano se acercó a la Delegación Provincial de Esmeraldas de la Defensoría del Pueblo para presentar una queja contra un almacén comercial por vender de manera dolosa una cocina de inducción a su madre, una persona adulta mayor.
El peticionario aseguró que los vendedores se aprovecharon del desconocimiento de su madre para realizar la venta. Motivo por el cual, la Defensoría del Pueblo inició una gestión oficiosa, mediante la cual tomó contacto con la supervisora del almacén para explicar la situación y el deseo del ciudadano de anular la venta y devolver la cocina.
La solicitud fue atendida inmediatamente, por lo que se dispuso el retiro inmediato de la cocina. Con esta acción se protegieron los derechos de consumidora de esta persona perteneciente a uno de los grupos de atención prioritaria.
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José B. presentó una queja contra Seguros Colvida en la Delegación Provincial de Sucumbíos de la Defensoría del Pueblo, por no explicar de manera clara y oportuna el servicio al que se suscribió, haciéndole firmar un contrato con el que- luego de revisar detenidamente- no estaba de acuerdo.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador, tras conocer la situación y con el fin de tutelar los derechos de consumidor del ciudadano, inició una gestión oficiosa. Es así, que tomó contacto con la jefa de atención al cliente de la aseguradora para exponer el tema y buscar una solución cuanto antes.
La representante de Seguros Colvida solicitó que el ciudadano remita un correo con la solicitud de cancelación del servicio con la finalidad de agilitar el trámite, el mismo que fue enviado el 6 de septiembre. El 7 de septiembre la aseguradora mediante correo electrónico informó al peticionario que canceló el contrato y que se devolverá el cobro realizado por concepto del contrato.
De esta forma se logró tutelar el derecho de esta persona a disponer de servicios de óptima calidad con información clara y precisa.
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La Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo tuteló el derecho a la educación de dos adolescentes, a quienes una unidad educativa de Cayambe, les negó la matrícula por no tener cédula de identidad.
Los adolescentes fueron abandonados por sus padres a temprana edad, razón por la cual su abuela, una persona adulta mayor con problemas de salud, cuidaba de ellos en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Debido a la falta de recursos económicos, uno de sus tíos se comprometió a pagarles la educación en Cayambe.
Lamentablemente, no podían ingresar a ningún establecimiento educativo por no contar con la cédula de identidad. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo gestionó con el Registro Civil la entrega de los documentos de identidad, garantizando así el derecho a la educación de los adolescentes.
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Fausto S. presentó una queja en la Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo contra el presidente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de la Parroquia Totoras del cantón Ambato y a la Secretaría del Agua (Senagua), por no atender su solicitud de revisar los altos consumos que ha tenido que pagar desde 2016.
El peticionario afirmó que varias ocasiones presentó su queja pero no fue resuelta, por lo que dejó de pagar el servicio mientras revisaban el inconveniente.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo inició una investigación defensorial, en la que se determinó el mal funcionamiento de uno de los medidores de agua, luego de la respectiva revisión técnica.
Para solucionar el inconveniente, se convocó a una audiencia pública con todas las partes, en la que se acordó instalar un medidor provisional y refacturar el consumo.
El peticionario, por su parte se comprometió a pagar los consumos reales de octubre de 2016 a abril de 2017, según los aproximados. Con esta acción institucional se protegió el derecho del ciudadano a servicios de calidad.
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La Unidad Judicial Multicompetente Civil del cantón Salcedo aceptó la acción de protección con medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo de Ecuador para prohibir el ingreso de menores de 16 años a los espectáculos taurinos, en la provincia de Cotopaxi. El objetivo es precautelar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia.
De oficio, la Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo conoció que el 9 y 10 de septiembre de 2017 se realizaría un espectáculo taurino en la Plaza de Toros «Virgen del Quinche», organizado por el Sindicato de Choferes del Cantón Salcedo. Pero lo que llamó la atención es que en la publicidad se anunciaba que los niños/as podrían ingresar dos por el valor de un boleto.
En ese contexto, la acción jurisdiccional planteó que se prohíba el ingreso de niños, niñas y adolescentes a corridas de toros, pues estas actividades vulneran sus derechos a la integridad y una vida libre de violencia, al desarrollo integral, al interés superior y a la seguridad jurídica.
De la misma forma, la Defensoría del Pueblo solicitó se llame la atención a las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Salcedo por implementar medidas regresivas en el desarrollo de derechos.
Hasta que se sustancie la acción de protección, la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó una solicitud de medidas cautelares con el fin de que se retire de inmediato la publicidad del evento de lugares públicos y privados.
El espectáculo además de no contar con las autorizaciones respectivas y los permisos de la autoridad competente, afectaba los derechos de este grupo de atención prioritaria, por lo que se instó al alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo y al representante del Sindicato de Choferes del Cantón Salcedo a que como una forma de reparación integral pidan disculpas públicas a través de medios de comunicación locales, para que no se repitan estas omisiones nuevamente.
Finalmente, tras conocer los hechos, el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el cantón Salcedo dictaminó que el evento se lleve a cabo pero con la presencia de los organismos de control correspondientes, para verificar que no ingresen personas menores de 16 años.
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Veronica R. presentó una queja en la Delegación Provincial de Chimborazo de la Defensoría del Pueblo contra un almacén comercial para que se respeten sus derechos como consumidora.
La peticionaria adquirió una cama y un colchón en dicho almacén, pero el bien resultó ser de pésima calidad. Al identificar el inconveniente se acercó a presentar su reclamo, pero no le dieron respuesta e incluso recibió un mal trato de parte del propietario.
Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo realizó una gestión oficiosa mediante la cual logró concretar la devolución del dinero a la peticionaria.
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A la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo acudió Segundo C. para presentar una petición contra Conecell Claro, por no hacer válida la garantía de una tablet, que desde el inicio presentó múltiples fallas.
El aparato electrónico no tenía ni cuatro meses de uso cuando empezó a presentar molestias. Ha ingresado al taller de reparación de Conecell tres veces sin lograr que funcione al 100%.
Por esta razón, la Defensoría del Pueblo visitó el almacén y expuso los hechos al jefe de agencia, quien se comprometió a cambiar la tablet por otra en excelentes condiciones y defendiendo los derechos del consumidor.
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Una ciudadana tuvo que cambiar a su hijo de escuela debido a problemas económicos, pero el rector del plantel se negó a entregarle la documentación correspondiente debido a unos valores pendientes, por lo que la madre de familia acudió hasta las oficinas de la Coordinación Zonal 6 de la Defensoría del Pueblo, en Cuenca.
La Defensoría del Pueblo al conocer el caso, tomó contacto con la entidad educativa para darle a conocer que si bien la madre tenía un valor económico pendiente con la entidad, la misma no podía afectar el interés superior del niño al no permitirle estudiar.
La escuela reconoció el error y solicitó la firma de un convenio de pago con la madre de familia para que se aporten los valores pendientes en un plazo determinado y realizó la entrega de la documentación para que el niño pueda continuar sus estudios en otra unidad educativa. De esta manera se respetaron los derechos del hijo de la peticionaria.
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La Delegación Provincial de Cañar de la Defensoría del Pueblo emitió una resolución defensorial para tutelar el derecho a la propiedad de 10 familias, a quienes el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GADM) de Azogues privó de manera ilegal de sus terrenos para la construcción de una carretera.
En la Resolución la Institución Nacional de Derechos Humanos exhorta al GADM a que cumpla con las disposiciones pertinentes sobre la limitación al derecho a la propiedad, de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y las normas pertinentes, cumpliendo con las garantías mínimas.
Asimismo, le solicita que cumpla con la compensación en el ámbito tributario municipal por el valor del terreno que fue usado para la apertura de la vía y que fuera realizado a favor de la peticionaria.
El trabajo de la Defensoría del Pueblo está enfocado en proteger los derechos de todas las personas, en especial de las que pertenecen a grupos de atención prioritaria como es el caso de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores; los principales afectados por esta medida, pues se les despojó de un bien de manera ilegal, afectando su proyecto de vida. Gracias a la intervención Defensorial se tutelaron los derechos de estas personas.
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Ricardo V. acudió a la Delegación Provincial de El Oro de la Defensoría del Pueblo para presentar una queja contra el servicio de telefonía fija de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
El peticionario asegura que durante una semana la línea telefónica no tenía tono, por tanto no podía hacer llamadas ni recibirlas. Además, señaló que en varias ocasiones solicitó a CNT realicen una inspección para dar solución al inconveniente, sin obtener respuesta favorable.
Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo inició una gestión oficiosa, a través de la cual se contactó con el representante de CNT en Machala, quien después de conocer el problema se comprometió a enviar a un equipo técnico para que revise la línea y la reparen de inmediato, resguardando el derecho del ciudadano a recibir un servicio de calidad.
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La Coordinación Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo tuteló el derecho a la educación de 89 estudiantes, pertenecientes al programa de escolaridad inconclusa de la Unidad Educativa Particular 8 de Marzo, quienes por no constar en el sistema del Ministerio de Educación no pudieron rendir el examen ser bachiller, negándoles el ingreso a la universidad.
Los alumnos culminaron sus estudios en abril de 2017, cumpliendo las horas que exige la Ley. Aún así los estudiantes no habían sido ingresados al sistema. Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo inició una gestión oficiosa tomando contacto con las autoridades del Ministerio de Educación para solicitar la inclusión de los alumnos en dicho sistema con la finalidad de que puedan continuar con sus estudios de pregrado.
Luego de una reunión con la rectora de la unidad educativa, Ineval y el Ministerio de Educación se acordó integrar a los estudiantes al sistema para que puedan rendir el examen, protegiendo sus derechos.
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La Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó una Acción de Protección contra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en defensa de los derechos de una servidora pública, quien se encuentra en estado de gestación y cuyo contrato de prestación de servicios ocasionales fue terminado unilateralmente.
Mediante sentencia, la jueza constitucional declaró la vulneración de los derechos a la igualdad y no discriminación de la servidora pública embarazada, considerando que el acto administrativo por el cual se le dio terminado unilateralmente el contrato de servicios ocasionales es contrario a la sentencia emitida por la Corte Constitucional.
En ejercicio del derecho a la defensa el IESS interpuso un recurso de apelación, en base al cual la Sala de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Pichincha convocó a audiencia el 3 de agosto de 2017. Durante la cual, la Defensoría del Pueblo ratificó su posición en cuanto a la vulneración de los derechos de la persona, defendiendo el principio de protección laboral reforzada, que incluye el derecho a no ser discriminadas por su estado de gravidez y período de lactancia.
Finalmente se ratificó la sentencia emitida en primera instancia por la Jueza Constitucional y se declaró la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación que asiste a las mujeres embarazadas, protegiendo los derechos a la igualdad y no discriminación.