Un ciudadano quiso obtener su certificado de conducción profesional, pero al acercarse a la agencia de la ANT le informaron sobre una multa que tenía pendiente, razón por la que se acercó hasta las oficinas de la Defensoría del Pueblo.
El peticionario acudió a la CGDZ1 y manifestó que solicitó a la Agencia Nacional de Tránsito en la ciudad de Tulcán un certificado de ser conductor profesional, requisito solicitado por el Sindicato de Choferes Profesionales Ecuador del Carchi, para subir de categoría, al momento de generar el trámite le indicaron que debe pagar una multa de USD 1,056 generada por una contravención de tránsito el 17 de junio de 2011, Multa que en su momento fue cancelada. Razón por la cual él obtuvo la renovación de su licencia de conducir tipo C, el 13 de junio de 2015, fecha en la cual nunca se le comunicó que mantenía una obligación pendiente de pago. Se realizó la convocatoria a una audiencia pública, la cual no se llevó a efecto por solicitud de la ANT en Carchi, hasta obtener resultados en el sistema informático. Mediante documento incorporado se indica que la contravención y sus respectivos intereses que asciende a la cantidad de USD 1 056 fueron eliminados del sistema axis 4.0, por lo cual el peticionario no mantenía ninguna obligación con la institución. Tutelar el derecho a acceder a servicios públicos de calidad. Tutelar el derecho del peticionario y evitar el pago de USD 1,056.
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Hasta la Delegación provincial de Esmeraldas llegó una ciudadana que manifestó haber recibido una planilla de facturación del agua por un consumo de un medidor que ella dejó de utilizar.
Al parecer, la peticionaria notificó previamente a la empresa sobre el no uso de este medidor hace aproximadamente seis años, sin embargo la empresa le ha facturado una planilla de USD 770, por lo que la ciudadana solicitó a la Defensoría del Pueblo, que intervenga en este caso y se respeten sus derechos.
La DPE realizó un acercamiento a EAPA San Mateo para exponer el caso conjuntamente con la ciudadana, quien manifestó que el medidor se encuentra ubicado en un terreno, el cual habitó únicamente por cinco meses y que una vez salió del espacio informó a la empresa.
La representante de la empresa, informó que dentro del registro no consta ninguna información de la ciudadana, pero que ella tenía todo el derecho de presentar el reclamo. Además le indicó los requisitos a presentar para formalizar su queja.
Una vez la peticionaria presentó la documentación, se realizó una rebaja del valor de consumo de USD 770 a USD 140, los cuales se cancelarían a través de un convenio de pago.
De esta manera se tutelaron los derechos de la peticionaria, quien agradeció a la DPE por la gestión realizada.
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El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Shushufindi, solicitó a la Delegación Provincial de Sucumbíos tutelar los derechos de Manuel A., quien se encuentra en condición de doble vulnerabilidad y requiere recibir atención médica.
Al parecer el ciudadano, quien es adulto mayor y además persona con discapacidad, pues debido a un accidente laboral perdió la visión de su ojo izquierdo y también la audición, no recibió la atención médica adecuada en el hospital de Básico de Shushufindi, por lo que se requiere sea analizado por un especialista en Lago Agrio.
La DPE mediante gestión oficiosa consiguió una cita médica para el ciudadano con la finalidad de que se le realice una valoración por caso de discapacidad, y así acceder a políticas públicas que otorga el Estado ecuatoriano a las personas pertenecientes a este grupo de atención prioritaria.
De esta manera se tutelaron los derechos de Manuel, quien se sintió agradecido con la gestión del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Shushufindi y de la Defensoría del Pueblo.
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La Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo protegió el derecho de consumidor de una persona adulta mayor, a quien a través de malas prácticas de comercialización una empresa proveedora vendió una cocina de inducción.
El peticionario explicó que efectivamente adquirió la cocina pero que desistió de la compra por no contar con los recursos necesarios. Entonces, se acercó al almacén para solicitar la cancelación, recibiendo una negativa por parte de los representantes de la empresa.
Al conocer el caso, la Defensoría del Pueblo admitió a trámite la petición e inició un sumario de consumidores, a través del cual se convocó a una audiencia pública entre las partes a fin de solucionar de una forma amistosa el inconveniente. Durante la audiencia se informó a la empresa la compleja situación de salud en la que se encontraba el adulto mayor.
Tras conocer el contexto el almacén dejó sin efecto la compra y los valores a pagar, garantizando los derechos de consumidor del peticionario. Además, se logró que los representantes de la casa comercial tomen en cuenta más casos como este y procedan de la misma forma.
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Una adulta mayor de 97 años de edad, de nacionalidad kichwa, domiciliada en la zona rural de Napo acudío a la Defensoría del Pueblo para solicitar intervención debido a que una institución financiera se negó a abrirle una cuenta de ahorros por no contar con el monto de USD 20.00, requisito indispensable.
La persona perteneciente a uno de los grupos de atención prioritaria necesita la cuenta bancaria para a través de ésta cobrar el bono de desarrollo humano. Lamentablemente, no posee recursos económicos que le permita pagar el monto solicitado. Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo acudió a la institución y explicó el caso de la peticionaria.
La gestión oficiosa de la Defensoría del Pueblo dio como resultado una respuesta positiva, es así que se abrió la cuenta con USD 2.00, tutelando los derechos de la ciudadana.
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Mediante gestión oficiosa la Defensoría del Pueblo protegió los derechos de consumidora de una persona de escasos recursos, quien fue engañada por una empresa para adquirir una cocina de inducción.
La peticionaria aseguró que un camión llegó un día a su domicilio y le entregaron una cocina de inducción , que le explicaron no tenía ningún costo. Le entregaron un documento que debía firma pero como la ciudadana no sabe ni leer ni escribir, únicamente colocó su huella dactilar. Para su sorpresa cuando acudió a pagar el servicio de energía eléctrica le dijeron que debía pagar la cocina en la factura de consumo.
La Institución Nacional de Derechos Humanos al conocer esta mala práctica comercial aperturó un expediente con el fin de que la empresa devuelva a la ciudadana lo cobrado y cancele la compra de la cocina de inducción.
Luego de la intervención defensorial se tuteló los derechos de la ciudadana a una información clara y oportuna de los productos y servicios que adquiera.
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Una ciudadana acudió a la Defensoría del Pueblo para presentar una queja contra el Gobierno Autónomo Municipal de Guano, provincia de Chimborazo, por no proporcionar servicio de agua potable. Tras una gestión oficiosa la Institución Nacional de Derechos Humanos logró que se instale un medidor para dotar del líquido vital a esta familia.
La peticionaria mencionó que hace aproximadamente tres meses le retiraron la tubería de agua vecinos aledaños a su domicilio y que pese a sus insistencias el GAD de Guano no ha tramitado su requerimiento.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo inició una gestión oficiosa para verificar los hechos y tutelar el derecho de esta familia a contar con este servicio básico.
Después de la intervención, el GAD de Guano se comprometió a instalar la acometida de agua potable lo antes posible y hasta que eso ocurra tanqueros de agua abastecerán a la familia.
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La Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo atendió el caso de un ciudadano a quien el Ministerio de Educación no dio respuesta a una solicitud de pedido de información pública.
Frente a esto, la Institución Nacional de Derechos Humanos inició una gestión oficiosa. Durante la misma, se realizó un visita in situ a la Dirección Distrital de Educación de los cantones Pastaza, Mera y Santa Clara para explicar la importancia del derecho de acceder a información pública.
Las autoridades del Ministerio de Educación atendieron el requerimiento y facilitaron la información solicitada al ciudadano, tutelando su derecho.
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Un ciudadano que adquirió un paquete turístico mediante llamada telefónica, solicitó la colaboración de la Defensoría del Pueblo, pues presentaba discapacidad auditiva por lo que no comprendió de lo que se trataba.
El peticionario dio a conocer que recibió una llamada de parte de una empresa turística, para ofrecerle un paquete turístico, sin embargo al ser una persona con discapacidad auditiva no comprendió de qué se trataba la llamada y a la final terminó adquiriendo el servicio.
La Coordinación General de Azuay, tomó contacto inmediato con la empresa para informar sobre este particular y solicitar la anulación inmediata de la compra, pues el ciudadano no contó con la información necesaria, y no requería este servicio, además se trataba de una persona perteneciente a un grupo de atención prioritaria.
La empresa al conocer sobre el caso, reconoció su error e informó que se procedería a la anulación de la venta a fin de retribuir los valores generados a nombre del peticionario. Además expresó las debidas disculpas al ciudadano por las molestias causadas.
Finalmente la DPE le recordó a la empresa sobre la obligación de entregar información clara, veraz y oportuna a las y los usuarios, a fin de no afectar sus derechos.
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Mercedes P., fue expulsada de la comuna indígena de Déleg, debido a supuestas acusaciones en su contra, motivo por el cual solicitó la intervención defensorial de la Delegación Provincial de Cañar.
La peticionaria señaló que fue expulsada por un lapso de cinco años de la comuna y de la administración de los predios comunales, argumentando que era una persona conflictiva y por tal motivo la comuna había tomado la decisión de expulsarla, violentando así sus derechos.
La Defensoría del Pueblo al conocer el caso tomó contacto con el presidente de la comuna de Déleg, quien manifestó que lamentablemente la medida no sería retractada y que efectivamente la suspensión tendría un lapso de cinco años y de dos parcelas. Además posteriormente informó que se sometió a una nueva votación entre la comunidad a fin de ratificar las medidas adoptadas o dar por terminada dicha suspensión, sin embargo la respuesta de los miembros fue ratificar la expulsión.
En tal sentido, la Delegación Provincial de Cañar presentó una acción de protección la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Déleg, la cual fue ratificada por el Juez, declarando así la vulneración de derechos a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, el derecho al debido proceso y el derecho a la seguridad jurídica de la peticionaria y ordenando la integración inmediata de la misma a ser miembro de la comuna y administradora de los predios comunales.
La peticionaria agradeció la intervención defensorial que le permitió acceder a sus derechos.
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Una ciudadana acudió a la Coordinación Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo para presentar una petición contra la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) por no entregar la documentación que compruebe una supuesta deuda.
La peticionaria aseguró que CNT inició un juicio coactivo por un valor que debía, congelando sus cuentas bancarias y debitando de la misma un valor de USD 584,99. Al conocer el hecho la ciudadana se acercó a CNT para que le entreguen el desglose de dichos valores y la documentación pertinente. Lamentablemente, no dieron respuesta a su pedido.
Con la finalidad de llegar a un acuerdo se convocó a una audiencia pública, en la misma, la representante de CNT alegó que no podía entregar información confidencial de sus usuarios.
Frente a esta situación la Defensoría del Pueblo presentó un recurso de Habeas Corpus, el mismo que fue aceptado y se indicó que como medida reparatoria se devuelva el valor debitado por el proceso coactivo y que se brinden disculpas públicas a la ciudadana.
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Los/as moradores/as del Barrio Santa Ana de la ciudad de Quito solicitan el apoyo de la Defensoría del Pueblo para que la empresa telefónica Claro retire una antena que afecta la salud de la población del sector.
Las personas afectadas indican que no se realizó la socialización correspondiente de lo que implica colocar un antena.
A penas la Coordinación Zonal 9 conoció de este caso, solicitó a la empresa Claro que remita un informe sobre la afectación de la radiación no ionizante de la radio base, objeto del trámite defensorial. Adicionalmente se solicitó el criterio del Ministerio del Ambiente, la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, Ministerio de Salud Pública y Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).
Entre la información recopilada se obtuvo un informe de medición de la radiación no ionizante, el mismo que reflejó que esta no superaba los parámetros establecidos por la normativa vigente. La Secretaría Municipal del Ambiente y el Ministerio del Ambiente confirmaron que la obtención de los permisos fueron emitidos observando los procedimientos establecidos.
Con esta información brindada por las entidades competentes tanto por escrito como a través de una audiencia pública, la Coordinación Zonal 9 exhortó al Arcotel a vigilar y controlar permanentemente la emisión de radiación no ionizante de todas las operadoras de telefonía móvil. Por otra parte, se exhortó a las personas peticionarias a activar los recursos administrativos que crean pertinentes. Finalmente, se exhortó al Ministerio de Salud Pública a continuar con los estudios e investigaciones sobre el impacto de la radiación no ionizante en los seres humanos.
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Ante la petición verbal de Miguel Ángel Maliza, persona adulta mayor, la Delegación de la Defensoría del Pueblo en Bolívar, realizó una gestión oficiosa ante Almacenes “Jaher” para que se logre la devolución de la cocina de inducción que fue adquirida por engaños de los vendedores de dicha casa comercial.
En su testimonio, Maliza reseñó que las personas que venden la “línea blanca” en Almacenes “Jaher”, con información falsa, le motivaron a adquirir una cocina a inducción y le hicieron firmar unos documentos, sin darle mayor explicación al respeto, de que se trataba del pagaré y de la autorización para que mensualmente se le descuente de la planilla de consumo eléctrico, el valor de la cocina comprada.
Una vez recibida la petición de la persona adulta mayor, la abogada tutelar de la delegación de Bolívar se comunicó con el representante de dicha casa comercial, en la ciudad de Guaranda, que finalmente aceptó dar paso a la devolución de la cocina, debido a que existió buena apertura y voluntad del representante de Almacenes “Jaher” para resolver el caso que aquejaba a Miguel Ángel.
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Fausto Ganzino enfatizó haber sido engañado por parte del distribuidor autorizado de Claro/Conecel, Novatel, debido a que adquirió un plan postpago “sin límites”, pero no le explicaron que una vez que se acabe su tarifa básica, los consumos por fuera de su plan se cargaban como adicionales, por lo recibió una factura de pago con valores que bordeaban los 500 dólares, por los tres planes que compró.
En este sentido, acudió a la oficina de la Delegación de la Defensoría del Pueblo de Los Ríos, en Quevedo, para solicitar que intermedie y que convoque a ambas partes a una audiencia, a fin de arribar a una solución consensuada, la cual no se dio en un principio, pues los representantes de Novatel pretendían que el usuario pague el % 50 de la deuda generada.
Sin embargo, luego de la guía y asistencia del servidor de la Institución Nacional de Derechos Humanos, casi al cerrar la audiencia, se llegó a un acuerdo que sentaron en dicha reunión, en el cual la requerida cubrió el total de la deuda que debía cancelar el peticionario. Como producto de la beneficiosa audiencia para los intereses del usuario, Ganzino agradeció a la Delegación de Los Ríos por su exitosa tutela de los derechos del consumidor en su particular caso y la oportuna atención recibida.
Según cifras que maneja la oficina de Defensoría del Pueblo de la provincia de Los Ríos, en Quevedo, 8 de cada 10 casos de protección de derechos de consumidores se solucionan en audiencia como lo sucedido entre Novatel y Fausto Ganzino.