Karen C. adquirió un televisor en la zona de Ipiales, del vecino país de Colombia, y servidores del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, retuvieron el bien hasta que la ciudadana pague los impuestos correspondientes. Una vez se cancelaron los impuestos, la ciudadana pudo evidenciar que el electrodoméstico adquirido estaba roto, razón por la cual presentó la denuncia correspondiente ante la Coordinación General Defensorial Zonal 1.
La SENAE entregó USD. 820.80 fin de reparar el daño ocasionado a la peticionaria. Además, la representante de SENAE se comprometió a revisar los procedimientos internos de los y las funcionarias de la entidad, a fin de garantizar un servicio público de calidad.
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Una ciudadana de nacionalidad colombiana acudió hasta las oficinas de la Delegación Provincial para presentar una denuncia contra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues al parecer, el IESS no aceptó la solicitud de afiliación por parte del patrono a la ciudadana, aduciendo que no cuenta con cédula de ciudadanía ecuatoriana.
La Delegación tomó contacto inmediato con la entidad de seguridad social y le recordó la importancia de proteger los derechos de los y las ciudadanas sin importar su lugar de origen, pues todos y todas cuentan con los mismos derechos.
Luego de una gestión oficiosa de la Defensoría del Pueblo, finalmente la ciudadana pudo ser ingresada al sistema de afiliación.
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Un ciudadano adquirió tiempo atrás, una motocicleta en un almacén de la localidad de Lago Agrio, al parecer, el almacén hasta la fecha no había entregado la factura de la compra realizada, sino únicamente una proforma, y tampoco la matrícula del medio de transporte, motivo por el cual la motocicleta se encontraba retenida por la Policía.
Luego de la audiencia, el almacén se comprometió a entregar toda la documentación correspondiente, y el ciudadano a continuar cancelando puntualmente los valores adeudados por el bien. De esta manera un acuerdo amistoso entre las partes, respetando los derechos del ciudadano a acceder a bienes de calidad.
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A la Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo llega el caso de un ciudadano con discapacidad intelectual que se encuentra privado de la libertad como parte de una medida preventiva ante la presunta violación de una orden de alejamiento que interpusieron sus vecinos.
La hermana del ciudadano se acercó a la Defensoría del Pueblo asegurando que ninguna autoridad jurisdiccional aceptó en la audiencia de flagrancia los documentos relativos a la discapacidad intelectual del ciudadano y que incluso había recibido actitudes displicentes por parte de las mismas.
En ese sentido la Institución Nacional de Derechos Humanos, dentro de los mecanismos de exigibilidad y garantía de derechos, inicia una Providencia de Admisibilidad de Vigilancia del Debido Proceso y dispone una visita in situ al Centro de Detención Provisional de la Ciudad de Quito, ubicado en el sector del Inca, para verificar las condiciones en las que se encuentra el ciudadano y si está como corresponde en pabellón de atención prioritaria.
En la audiencia, ante la fundamentación realizada en la Providencia de Admisibilidad el Juez que presidía el caso dispuso la libertad inmediata de la persona privada de la libertad debido a que el hecho investigado no constituía delito.
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron los respectivos oficios y la orden de excarcelación para que el ciudadano recobre su libertad de forma inmediata como se dispuso, para que luego sea trasladado al Hospital Psiquiátrico Julio Endara debido a su condición mental. Además de vigilar el debido proceso se garantizaron los derechos del ciudadano en doble condición de vulnerabilidad.
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Un ciudadano acudió a la Delegación Provincial de Napo de la Defensoría del Pueblo para solicitar se respete su derecho de acceso a la información pública. El peticionario aseguró que pidió a la Casa de la Cultura sede Napo información sobre un proceso y que le fue negado.
En ese contexto, la Institución Nacional de Derechos Humanos con el fin de proteger el derecho a la información pública realizó una investigación defensorial en la que se determinó la inobservancia de las disposiciones constitucionales y de instrumentos internacionales relacionados a este derecho, exhortando a la entidad a entregar la información al ciudadano.
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Una ciudadana presentó una petición en la Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo, contra el Instituto Técnico Superior Bolívar de la ciudad de Ambato por no entregar la documentación que avala sus estudios correspondientes al primero de bachillerato.
Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo inicia una gestión oficiosa para proteger el derecho a la educación de la ciudadana. Luego de este proceso se logró que el establecimiento educativo entregue a la peticionaria toda la documentación que le permitirá regularizar su matrícula en un nuevo plantel educativo y retomar los estudios que dejó pendientes por un caso de fuerza mayor. Al ser la educación un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para ejercer otros derechos humanos, la Defensoría del Pueblo intervino logrando resolver la petición.
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La Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo precauteló los derechos de consumidor de un ciudadano quien indicó que dejó en un establecimiento comercial una pulidora para que arreglen un desperfecto, pero que luego de 11 meses todavía no la entregaban.
Por tal motivo, se realizó visita in situ al local comercial donde se explicó las obligaciones que tienen los proveedores respecto de la prestación del servicio, acordando que se realice la reparación en el plazo de un día.
Al día siguiente se entregó la máquina y se verificó su funcionamiento, protegiendo así el derecho del consumidor a un servicio de calidad y oportuno.
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La Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo emitió una resolución en la que analiza los derechos a la identidad, nacionalidad y petición, tras conocer el caso de un ciudadano colombiano quien solicitó la renuncia a su nacionalidad para ser inscrito como ecuatoriano.
El peticionario se acercó a la Defensoría del Pueblo asegurando ser una persona apátrida, por lo que la Institución Nacional de Derechos Humanos intervino inmediatamente. Luego de las investigaciones se confirmó que el ciudadano tiene nacionalidad colombiana, pero por cuestiones personales decidió dimitir de ella a través de un escrito explicando los motivos a la República Colombiana que negó el requerimiento.
Al conocer el caso, se emite una resolución con el fin de expresar el derechos de las personas a la identidad y nacionalidad, haciendo un llamado a las autoridades a respetarlos.
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Ciudadano presentó ante esta oficina una solicitud de Vigilancia del Debido Proceso en un juicio contra CONECELL-CLARO por una terminación de contrato de arrendamiento.
El peticionario adquirió un inmueble en la ciudad de Milagro en el año 2013, el propietario anterior había firmado en el año 2006 un contrato de arrendamiento por 8 años con CONECELL S.A – CLARO quienes habían instalado una Antena tipo torre en la terraza y utilizan un local como oficina. En el 2014 los 8 años se cumplieron, pero la empresa desde aquella fecha, ni desocupa ni paga arriendo.
Luego de admitido el caso se sugiere al peticionario que solicite a través de su abogado, llevar el caso a una oficina de mediación y Arbitraje de la Función Judicial, donde en 15 días se logra un acuerdo favorable para el peticionario.
La empresa además de indemnizar al afectado por daños y perjuicios, cancela los años de arriendo por un canon de 242,29 dólares mensuales, además se desmonta la antena tipo torre que estaba instalada en la terraza del inmueble y se adecuan los espacios físicos de la terraza y la oficina, costo adicional cubierto por la empresa, que le permitió rehabilitar completamente el espacio físico del inmueble, tanto en la terraza como en las oficinas que quedan completamente rehabilitadas, con nuevas instalaciones eléctricas, sanitarias, acabado y pintura.
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Una ciudadana presenta una queja por supuestos inconvenientes al momento de matricular su vehículo mismo que lo adquirió en el año 2011 y desde entonces lo ha venido matriculando sin ningún problema, sin embargo en el presente año se reflejan multas de infracciones del año 2011 que ella dice no haber cometido.
Presentada la petición se procedió a notificar a la Agencia Nacional de Tránsito ANT y la Comisión de Tránsito de Ecuador, quienes manifestaron que la razón por la que no se reflejaban los valores de multas anteriormente es porque este año se unificaron los dos sistemas de las dos instituciones y de esta manera se logró evitar el cobro injusto de infracciones que no fueron cometidas por la peticionaria y que en su debido momento no fueron cobradas a sus responsables.
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Una ciudadana presentó una petición en esta Delegación que al ser participante en el proceso «Quiero ser Maestro 4» y obtenido máximos puntajes para una plaza de docente en Babahoyo, inexplicablemente desaparecen sus datos del sistema y el mismo hizo constar a otra persona como ganadora. La Delegación aperturó la investigación defensorial en protección, garantía y promoción del derecho al trabajo y al debido proceso, y se exhortó la entrega inmediata del informe y la revisión de la situación de la peticionaria tanto al Distrito de Educación, como Coordinación Zonal 5 y oficina Matriz en Quito.
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Una peticionaria se acerca a las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo, manifestando que su hija, paciente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), fue diagnosticada con tumor cerebral incurable por un médico del Hospital Carlos Andrade Marín. El galeno señaló que no había nada que hacer al respecto. Frente a esa respuesta se contactan con otro especialista de la misma casa de salud quien indica que sí puede recibir tratamiento.
Al existir esta contradicción la madre de la paciente solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo, pues manifiesta que se ha comunicado con algunos funcionarios del IESS sin respuesta y que de ser posible un tratamiento no deberían negárselo.
Al conocer la situación, una funcionaria de la Institución Nacional de Derechos Humanos acude al Hospital Carlos Andrade Marín para realizar una gestión oficiosa cuyo objetivo principal era lograr que la paciente cuente con un tratamiento oportuno. Se habló con médicos y autoridades de la casa de salud indicándoles que es su obligación realizar auditorías médicas en casos como este, en los que evidentemente se le iba a negar a la paciente el tratamiento adecuado, lo que hubiese ocasionado un perjuicio para su salud, integridad física y psicológica, así como una afectación grave a su proyecto de vida.
Con esta intervención se logró restituir los derechos de la peticionaria, brindándole un tratamiento médico adecuado.