Duberney J., ciudadano de nacionalidad colombiana con carné provisional de solicitante de refugio acudió hasta las oficinas de la Coordinación General Defensorial Zonal 1, para denunciar que sus cuatro hijos han sido borrados del sistema educativo por no haber cancelado valores correspondientes a colaboraciones a las directivas de madres y padres de familia. Por este motivo lamentablemente los niños no están asistiendo a clases.
La Coordinación realizó los trámites respectivos ante la unidad educativa y se solicitó la integración inmediata de los niños al sistema educativo, así como también la justificación de su inasistencia, proceso de nivelación y la entrega de los textos correspondientes, pues la falta de pago de valores no puede restringir el derecho al acceso a la educación de los niños.
De esta manera se tutelaron de los derechos de los niños a acceder a educación, además se brindó la atención oportuna a un grupo de atención prioritario.
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Un matrimonio en Sucumbíos denuncia ante la Delegación Provincial que fueron víctimas de un engaño por parte de personas que dijeron ser representantes de la Empresa Eléctrica y les dejaron una cocina de inducción. Luego de la debida investigación defensorial se convoca a audiencia pública para llegar a un acuerdo.
Representante de Almacenes Japón, lamenta lo sucedido e informa que procederá a realizar la anulación de la venta y también el retiro de la cocina a fin de respetar el derecho de estas personas, quienes tienen discapacidad.
Con la intervención defensorial, se tutelaron los derechos de personas pertenecientes a un grupo de atención prioritaria, quienes se les vulneraron sus derechos a escoger bienes de manera libre y sin ninguna presión.
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Una ciudadana adulta mayor con discapacidad visual y que no sabe leer ni escribir acudió hasta la Delegación Provincial acompañada de su hija, quien tampoco sabe leer ni escribir para denunciar a un almacén de la ciudad, que bajo publicidad engañosa realizó la entrega de una cocina de inducción. Ambas mujeres subsisten gracias a la venta de arroz de leche que preparan y luego del uso de la cocina la planilla de luz tuvo un aumento muy alto, algo que al parecer no se les indicó a las ciudadanas.
Con este antecedente, se realizó el debido acercamiento ante el representante de almacén MARCIMEX, a quien se le explica que bajo engaños entregaron la cocina sin brindar toda la información necesaria. Producto de esta explicación la persona responsable del almacén procede a solicitar la anulación de la compra y la anulación en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Con esta acción la Delegación Provincial de Esmeraldas, protege los derechos de una adulta mayor, a quien no se le respetaron sus derechos y fue engañada para adquirir el bien.
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La Coordinación Zonal 2 de la Defensoría del Pueblo gestionó el caso de una ciudadana a quien la Empresa Eléctrica con sede en Joya de los Sachas cobró de manera excesiva por el servicio de luz.
La prestadora del servicio no tomó la lectura de forma mensual y procede a emitir la planilla con un consumo de energía eléctrica de forma presuntiva y estimativa, creando una facturación excesiva, motivo por el que la Defensoría del Pueblo realizó la respectiva investigación en la que determinó la vulneración de los derechos de usuaria de la ciudadana.
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La Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo protegió el derecho a la información pública de un ciudadano que presentó un requerimiento al Consejo de Protección de Derechos de Cayambe sin obtener respuesta.
Se analizó la documentación verificando que no se habría garantizado el derecho de petición en los términos y plazos previstos, así como en lo relativo a que no recibió oportunamente la documentación solicitada, por lo que se exhortó a las autoridades a cumplir con los establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Luego de la intervención defensorial se entregó la documentación solicitada, cumpliendo así con el derecho ciudadano de acceder a la información pública.
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Un ciudadano presentó una petición en contra de la unidad Nro. 17 de la Compañía de Transporte Urbano Guacamayos de la ciudad de Tena, debido a que la persona encargada de cobrar el pasaje de la unidad se negó a recibir un billete de USD 5,00 dólares por concepto de cobro de pasajes argumentando que no está en buenas condiciones.
Al respecto, la Delegación Provincial de Napo de la Defensoría del Pueblo inició una gestión oficiosa en la que se contactó con los directivos y el propietario de la unidad para suscribir un acta de acuerdo y asimismo socializar tanto con transportistas como usuarios cuáles son los billetes válidos de conformidad a la información emitida por el Banco Central del Ecuador. Con este acuerdo se busca brindar un servicio oportuno y de calidad a los usuarios.
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Mediante petición verbal por parte de un consumidor que se sintió vulnerado en sus derechos a recibir información clara y precisa sobre un programa multivaciones de una operadora de turismo, la Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo actuó de inmediato con el fin de tutelar sus derechos.
Se realizó la audiencia pública entre las partes donde se llegó a la suscripción de un acta de acuerdo, en la que la prestadora del servicio se comprometió a la devolución del valor de USD 1000,00 en cheque como reembolso por los servicios no prestados y el valor restante (300,00 USD) será asumido por el peticionario por el concepto de gastos operativos y administrativos.
El peticionario mantenía suscrito el contrato desde el año 2014, lapso de tiempo en el que no pudo hacer uso de los beneficios del programa, y no se le dio ninguna fórmula de solución por parte de la empresa (intermediaria) donde se adquirió ni por la línea de atención al cliente, lo que vulneraba sus derechos como consumidor.
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Una ciudadana acude a la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo para presentar una queja contra una operadora de telefonía celular porque constaban a su nombre líneas telefónicas que jamás solicitó y necesitaba que se rectifique el error puesto que le ha causado problemas judiciales.
Por tal motivo se procede a entablar comunicación con la empresa con el fin de identificar qué sucedió, confirmando que existen cerca de 10 líneas telefónicas activas con el nombre de la peticionaria. A través de una gestión oficiosa se brindó solución oportuna al problema y dejando por sentado que no se vuelve a activar líneas pre-pago a su nombre.
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Una usuaria se acercó a presentar una queja contra la Cooperativa de Transporte LOS BAJOS por el mal trato y mala calidad del servicio que recibió en uno de sus buses donde le ofendieron verbalmente en repetidas ocasiones puesto que toma esa ruta de transporte.
Una vez que la queja es admitida a trámite, se convocó a audiencia pública en la que se cita al presidente de la Cooperativa de Transporte LOS BAJOS, quien manifestó que al conocer del incidente mediante la notificación de la Defensoría ha realizado una asamblea extraordinaria de socios con la finalidad de sancionar conforme su reglamento a los implicados en este abuso a la usuaria antes mencionada, teniendo como resultado la suspensión del chofer por el lapso de 8 días y del ayudante de forma definitiva. El representante de la cooperativa de transportes a nombre de la compañía reiteró sus disculpas que fueron aceptadas por parte de la usuaria que además presentará la denuncia ante la Fiscalía a título personal en contra del chofer al haberle insultado, hecho insinuaciones de tipo sexual y casi provocarle una caída del vehículo al no frenar de forma adecuada en la parada de bus.
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La Coordinación Zonal 5 de la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento meses atrás de la presunta vulneración a los derechos de las personas de atención prioritaria, específicamente de las personas con discapacidad en relación al derecho a la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.
En este contexto, se conoció el caso de una paciente con epilepsia, microcefalia, discapacidad intelectual y parálisis cerebral espástica y que por sus antecedentes y condición se ha mantenido controlada con el uso del medicamento Fenobarbital en tabletas a dosis convencional, el mismo que se dejó de suministrar periódicamente a la paciente por parte del Hospital León Becerra del cantón Milagro. La Coordinación dio inmediatamente trámite a este caso y se inició una investigación defensorial orientada a obtener las razones por las cuales el medicamento Fenobarbital que es recetado a la paciente no se le suministra.
En consecuencia, al evidenciar que las autoridades de salud omitieron la adquisición del fármaco que conlleva a la privación del goce del derecho constitucional que le asiste a la paciente afectada por múltiples factores de vulnerabilidad, la Coordinación Zonal 5 del DPE determinó la necesidad inminente de interponer una demanda de acción de protección contra las Autoridades de la Coordinación Zonal 5 del MSP y del Hospital León Becerra a fin de amparar de manera directa y eficaz el derecho a la provisión de medicamentos de forma gratuita para la paciente.
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Un usuario acudió a esta Delegación por una posible irregularidad en el trámite que realizó para obtener el permiso de funcionamiento para realizar un espectáculo público. El peticionario afirmó ser víctima de discriminación por parte de los servidores del GAD de Guaranda y de funcionarios del Ministerio del Interior. Luego de haberse convocado a audiencia pública y realizar una visita in situ se logró solucionar el inconveniente, acordando por parte del peticionario realizar el trámite que procede en estos casos, ya que el anterior se encontraba mal direccionado.
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Una adulta mayor interpone su queja en esta Delegación indicando que CNEL EP pretende cobrarle $ 482.83 dólares por concepto de energía sin haber residido en su domicilio un año. Una vez conocido el caso se solicitó toda la información necesaria, se realizó una inspección y se convocó a una audiencia pública en donde las partes llegaron a un acuerdo amistoso dejando insubsistente dicha deuda situación que dio con la solución de la queja lo que hizo que la peticionaria desistiera de continuar con el trámite.
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Ciudadano presentó una queja que atenta con sus derechos humanos y fundamentales al haber sido despedido intempestivamente de su lugar de trabajo por vivir con una enfermedad considerada catastrófica, evidenciándose un acto de discriminación lo cual está expresamente prohibido por la Constitución del Ecuador. Conocido el caso se buscó que la empresa accionada reintegre al trabajador ya que no existe otro motivo distinto por parte de la empresa para el despido, el mismo que ocurrió una vez que obtuvieron la información del ciudadano. Se están tomando los primeros pasos para proceder con la acción constitucional de acción de protección para que los derechos del peticionario sean reconocidos.
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La Coordinación Zonal 8, recibió una queja firmada por los representantes legales de 10 alumnos de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortíz, quienes iban a ser separados de la institución porque sus matrículas no estaban legalizadas en la plataforma del Ministerio de Educación.
Los padres y madres de familia pusieron las respectivas quejas para que se les otorgue un documento de respaldo, a fin de que los alumnos sigan estudiando, pero les fue negado.
Por ello, la Defensoría realizó una providencia admitiendo la queja planteada y convocando a una audiencia pública con los implicados, donde se llegó a un acuerdo, priorizando siempre el interés superior de las/os niños/as y protegiendo su derecho a la educación. Luego de la intervención se logró garantizar que los niños/as puedan continuar con sus estudios.
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Una ciudadana acude a la Defensoría del Pueblo a fin de solicitar una Vigilancia del Debido Proceso del Juicio Especial que mantiene con la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador, a fin de que se tutele su derecho de protección al debido proceso.
La peticionaria presentó una demanda en la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia contra el Registro Civil indicando que fue inscrita con los nombres y la determinación del sexo masculino, en razón que tradicionalmente se asigna legalmente el sexo en base de los genitales del recién nacido, sin embargo, su anatomía y sexo con el que ha sido inscrito no era ni es concordante con su identidad de la cual se encontraba segura desde los primeros años de su vida, y se afianza en su adolescencia y adultez.
Por esto, en el campo legal ha solicitado el cambio de nombre y por Resolución de la Dirección General de Registro Civil de Pichincha y de acuerdo al Art. 66 numeral 28 de la Constitución y Art. 84 de la Ley de Registro Civil, se ha rectificado la inscripción con el nombre que la ciudadana eligió, anticipándole que debe seguir el trámite judicial para la reasignación de su sexo.
Con esta sentencia se creó un precedente que reconoce a la comunidad trans del país, haciendo énfasis en que el sexo biológico no determina la identidad de las personas.