El pasado 3 de junio, Sonia R. tuvo un altercado con una servidora pública de la ARCH. Se acercó hasta la institución y presentó una queja por una presunta vulneración a recibir servicios públicos de calidad y calidez. Se realizó una reunión de trabajo con el Director Regional de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, Paul Merchan, la peticionaria, la servidora pública involucrada y la Coordinadora General Defesorial Zonal 1, Sandra Villarreal, en donde se pidieron disculpas mutuamente y se acordó resarcir en un 50% el valor de la receta médica pagada por la peticionaria, producto de los hematomas de la discusión. Tras esta actividad, la autoridad de la ARCH de que estos hechos no se vuelvan a repetir, en beneficio de la ciudadanía en general.
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Una ciudadana, madre de seis niños nunca se ha cedulado porque le indican que existe un error en la partida de nacimiento, motivo por el cual, los hijos no se encuentran inscritos en el Registro Civil. En la escuela de sus hijos le están exigiendo las partidas de nacimiento y además al momento de dar a luz a su último hijo en la maternidad no le entregaron el certificado de nacido vivo por falta de la cédula. Solicita ayuda para poder sacar cédula de ciudadanía y poder inscribir a sus hijos. En coordinación con el Registro Civil de Esmeraldas, la Delegación Provincial realiza trámite administrativo. Con esta corrección la ciudadana pudo sacar su cédula por primera vez, tutelando así el derecho de identidad de la ciudadana y sus seis hijos.
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El pasado mes de mayo aproximadamente 40 personas presentaron quejas por las contravenciones registradas por fotorradares ubicados en la ciudad de Ibarra, así como de los valores exagerados para su cobro, y la no notificación a los usuarios, en contra de las Empresa MOVIDELNOR, TRAFFICNOR, y ANT. Se convoca a todas las partes a audiencia pública, el 12 de Mayo del 2016, sin embargo, dada la gran cantidad de personas que acudieron a la audiencia (150) se suspendió la Audiencia, señalando para el 19 de mayo de 2016 en el auditorio de la casa de la cultura de la ciudad de Ibarra. El 19 de Mayo del 2016, se reanudó la Audiencia Pública con la presencia de alrededor de 230 personas, se pudo escuchar a las partes sus argumentos y exposiciones y se lograron varios acuerdos, entre ellos, la anulación de las multas de los fotorradares que se encuentran ubicados en el sector del Prado, Chorlaví y el fotorradar móvil ubicado en el periférico sur. En caso de que las personas hayan cancelado estas multas se procederá a la devolución de los valores una vez que se determine el mecanismo de devolución por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, MOVILDELNOR realizará campañas de información a la ciudadanía respecto a la colocación futura de los fotorradares, con información clara, veraz y oportuna. Con la intervención de la Defensoría del Pueblo se logró nulitar a los fotorradares que están fuera de la jurisdicción.
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El día miércoles 15 de junio, el Delegado de la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos asistió a la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos con la finalidad de presenciar la audiencia en la cual se procesaba a una persona de la tercera edad y de nacionalidad colombiana, en esta diligencia se solicitó la libertad de la procesada por su condición de avanzada edad. Se logró entonces que la citada señora saliera en libertad, con lo que se salvaguarda la integridad tanto física como psicológica de la ciudadana.
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El Comité de Derechos Humanos de Francisco de Orellana informó a la Coordinación Zonal 2 de la Defensoría del Pueblo que en el Centro de Detención Provisional se encuentran recluidos ciudadanos cubanos, quienes habían ingresado por la frontera sur al Ecuador sin portar visa, por lo que fueron juzgados por supuestas contravenciones migratorias, ordenado su deportación. Pese a ello, los ciudadanos cubanos seguían privados de su libertad.
Por esta razón, la Defensoría del Pueblo realizó una visita in situ, en la que constató que efectivamente 30 ciudadanos cubanos estaban privados de su libertad. Con el fin de tutelar sus derechos, la Institución Nacional de Derechos Humanos se reunió con servidores de la Defensoría Pública de Orellana para establecer estrategias de defensa. En ese sentido, se presentó un hábeas corpus en el que se solicitó revocar la orden de deportación y en su lugar ordenar el retorno voluntario, logrando así que los ciudadanos recuperen su libertad.
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La Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo receptó el caso de un ciudadano quien denunció que la Unidad Educativa Darío Figueroa, ubicada en la ciudad de Sangolquí, había negado el ingreso a su hija debido al retraso en el pago de pensiones. Esta decisión vulneraba el derecho a la educación de la adolescente, por lo que se actuó de inmediato al tratarse de un grupo de atención prioritaria. Con el fin de cumplir con el debido proceso, servidores de la Delegación Provincial de Pichincha acudieron al establecimiento educativo en el que se mantuvo una reunión con las autoridades para mediar la situación. Luego de la intervención defensorial, la unidad educativa aceptó que la adolescente continúe con estudios con normalidad hasta terminar el año lectivo.
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La Delegación Provincial de Napo de la Defensoría del Pueblo realizó una gestión oficiosa en el caso de un joven de la ciudad del Puyo, quien fue internado contra su voluntad en una clínica de rehabilitación. Con el objetivo de reparar la el derecho a la libertad del joven la Defensoría del Pueblo intervino, logrando restablecer de inmediato el derecho a la libertad del ciudadano.
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La señora Piedad S., quien tiene una discapacidad física, presentó una queja en la Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo, en la que señaló que el pasado 15 de enero de 2016, se acercó a las oficinas de atención al público de rentas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Ambato, donde al presentar la documentación para el descuento del impuesto al predio urbano, la persona que le atendió le manifestó que no podía acceder a este porque su carné indicaba que tenía el 47% de discapacidad y que la rebaja se otorgaba a partir del 48%; negándole este beneficio que le corresponde por ley. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo tomó contacto telefónico con la Jefe de Rentas del Municipio de Ambato comentándole la situación. Asimismo, se realizó una gestión oficiosa en la que se detalló el sustento constitucional, legal y técnico que garantiza los derechos de las personas con discapacidad (como grupos de atención prioritaria), logrando así que se respete la exención del impuesto predial.
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El ciudadano Luis B, presentó una queja en la Delegación Provincial de Cotopaxi contra la empresa Quito Motors por no cumplir con la garantía ofrecida. A transcurrido 8 meses desde que el vehículo del peticionario sufrió un daño en los talleres de dicha empresa, sin que se restablezca el perjuicio. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo aperturó un expediente de sumario de consumidores, a través del cual se concretó el cumplimiento de la garantía establecida, protegiendo el derecho del ciudadano como consumidor. Inmediatamente, se la empresa instaló un nuevo sistema computarizado al vehículo del peticionario, el mismo que fue dañado en el mantenimiento.
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Tras conocer el caso de una persona adulta mayor en situación de mendicidad, la Delegación Provincial de Chimborazo de la Defensoría del Pueblo realizó una gestión oficiosa con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) para que la persona perteneciente al grupo de atención prioritaria sea ubicada en un centro de atención gerontológica administrada por el Mies a fin de garantizar los derechos a la vida y la salud de la persona adulta mayor. Con esta intervención se logró una atención permanente, que mejorará la calidad de vida de esta persona.
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El 7 de junio de 2016, la señora Maricela M. acudió a la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo para colocar una queja contra un almacén de calzado, en donde adquirió un par de zapatos por el monto de USD 75, los mismos que la peticionaria aseguró que a la tercera puesta sufrieron daños. Esto fue comunicado a la propietaria del local comercial, quien aseguró le entregaría otro par similar al que adquirió, lamentablemente no fue así pues la propietaria ofreció el cambio en otro modelo y color, por lo que la peticionaria reclamó la devolución del dinero, que fue negada por la propietaria del almacén.
La Delegación Provincial de Pastaza interviene con el propósito de defender los derechos de consumidora, entablando un diálogo con ambas partes y explicándoles cuáles son los derechos establecidos tanto para los proveedores como para los consumidores. Finalmente, la propietaria del local accedió a devolver el dinero.
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La Delegación Provincial participó de la agenda planificada por el Movimiento Cantonal del Adulto Mayor en el marco del Día Mundial de la Toma de conciencia del abuso y maltrato hacia el Adulto Mayor. En coordinación con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, se coordinaron acciones dirigidas al goce los derechos de este grupo de atención prioritaria. Se planteó la creación de políticas públicas encaminadas al respeto y goce de sus derechos, y se planteó impulsar una ordenanza municipal y la capacitación a los servidores públicos a fin que se respeten sus derechos. La iniciativa fue bien tomada por sus dirigentes, así como por los representantes del Consejo Cantonal de Protección de Derechos.
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La ciudadana Jhoanna F representante legal de una menor de edad, se acercó a las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Milagro indicando que en la unidad educativa donde su hija estudia la cambiaron arbitrariamente de horario perjudicando de esta manera las labores de la madre de familia y vulnerando además el derecho de educación que se consagra en la constitución. A pesar de que la representante venía insistiendo con la directora de la unidad educativa y luego con la directora distrital de educación no tuvo respuesta ni solución a este inconveniente.
La Coordinación toma la petición como una gestión oficiosa y se realiza el acercamiento con el director de la escuela quien indicó que al no existir más cupos para la mañana se ha cambiado a la niña a la sección de la tarde. Posteriormente se lleva la gestión al Distrito de Educación mediante oficio que se envía a la Directora de educación la misma que indica que revisará el caso para determinar lo que sucede en la institución donde no se puede acoger a la menor de edad. Finalmente, se ha solicitado a la zonal amplíe el cupo para poder matricular a la niña en la sección de la cual fue retirada por el aumento de niños que llegaron este año a la unidad educativa.
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El ciudadano Edwin V. presentó a la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo en Bolívar en la ciudad de Guaranda su queja contra la Agencia Nacional de Tránsito ANT debido a que luego de que el ciudadano tomara el curso en la Escuela de Formación de Conductores Profesionales “Guaranda” en el periodo octubre 2014 – Mayo 2015, el personal Administrativo de la mencionada escuela de conducción habría remitido el listado de los estudiantes y por un error involuntario habian enviado mal el número de cédula del peticionario lo que le impedía canjear su licencia, ante lo cual presentó el respectivo reclamo a dicha escuela de conducción con la finalidad de que den solución al inconveniente y del cual no tuvo respuesta. La Delegación admite a trámite la petición realizada y se dispone notificar al Director Provincial de la ANT en Bolívar quien da contestación a este requerimiento y manifiesta que el error ha sido rectificado, siendo subsanado en el sistema informático de la ANT.
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Se realizó petición por parte de los moradores del barrio Perla del Pacífico de la parroquia Pueblo Nuevo que por años habían solicitado el alumbrado público, tendido eléctrico y medidores a la Empresa CNEL. Se inició un expediente de investigación defensorial, se realizaron acercamientos con CNEL, se realizaron visitas in situ y audiencias. En audiencia las partes acordaron conjuntamente con la Delegación realizar una visita in situ al lugar para obtener un mejor criterio de esta situación. Se realizó la visita in situ con funcionarios de CNEL, de la Defensoría del Pueblo y los moradores del sector y finalmente el 06 de junio los moradores presentan una carta indicando que CNEL resolvió el problema colocando postes, transformadores, tendido eléctrico y medidores. Esta solución benefició a 35 familias del sector.
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El ciudadano Marco E. presenta en la Delegación Provincial una queja contra de la empresa Claro CONECEL S.A. El peticionario adquirió un equipo celular que a los pocos dias de usado dejó de funcionar correctamente. Luego de la intervención de la Delegación la Empresa CLARO S.A. procedió a restituir el equipo en óptimas condiciones al cliente respetando sus derechos como consumidor.
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Una ciudadana presentó en primera instancia una denuncia contra de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP . La peticionaria producto de un corte de energía no programado sufrió daños en los bienes de su vivienda. Realizadas las investigaciones defensoriales se logró determinar que la empresa proveedora del servicio de energía eléctrica no tuvo ninguna responsabilidad en el corte de energía eléctrica, sino que uno de los vecinos de la ciudadana habría contratado los servicios de una persona particular, quien podría ser la responsable de causar el corte de energía. Una vez que la persona particular, ajena a la CNEL EP, que realizó el trabajo de reparación ha sido identificada, se tiene que certificar la calificación o autorización para la realización de este tipo de trabajos y una vez verificada la información se podría establecer si se estaría configurando su responsabilidad en el daño ocurrido.
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La señora Liliana A., de nacionalidad colombiana y quien presenta una enfermedad catastrófica (cáncer) presenta una petición manifestando que desde algún tiempo viene solicitando a la señora Rectora del Centro Educativo Las Pencas, el desglose de documentos de su hijo adolescente; documentos que no han sido entregados a la madre para que su hijo continúe sus estudios en otra entidad educativa. Se visitó a la unidad educativa debido a la negativa de las autoridades del plantel a entregar la documentación por falta de pago de las pensiones. La Directora procedió a entregar inmediatamente la documentación y a exonerar las mensualidades en virtud del estado de salud de la madre de familia.
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Una ciudadana denunció malos tratos y la privación de su puesto de trabajo en el recinto ferial «Polivio Romero» de la ciudad de Azogues. Luego de recabar toda la información y luego de la audiencia convocada la Delegación Provincial, se considera que es obligatorio mantener un trato digno comerciantes que expenden sus productos en el mercado, por lo que solicita al señor Director de Vigilancia, considerar un nuevo puesto en el recinto ferial en virtud de que la accionante no puede vender sus productos todos los días debido a que un niño recién nacido. La intervención de la institución permitió llegar a un acuerdo amistoso entre las partes involucradas respetando el derecho al trabajo de la peticionaria.
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El Presidente de los barrios de Macas presentó una petición por presunta contaminación al río Upano, ya que sus aguas están turbias desde hace varios días, y responsabilizó de estos hechos a Hidrowarm Proyecto Normandía, una empresa hidroeléctrica privada. Luego de la visita y verificación se procedió exhortar a la empresa señalada para que tome los correctivos necesarios en el caso, logrando así que la hidroeléctrica Hidrowarm, realice varios trabajos y muros y así evitar deslizamientos de tierra que podrían contaminar las aguas del Río.
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En el mes de abril, la Coordinación General Defensorial Zonal 7 de Loja inicia la Vigilancia del Debido Proceso en el caso de cuatro ciudadanos de nacionalidad Nepalí, en vista que habían solicitado al Juez Multicompetente de Paltas, ya por varias ocasiones tanto por el abogado defensor como la Corporación de Derechos Humanos, se emitan medidas alternativas a la prisión preventiva que se había dictado contra los mencionados ciudadanos, sin haber tenido respuesta. Una vez iniciada la vigilancia, se solicita un informe sobre el estado actual del proceso. La Coordinación emite un informe el cual evidenció la existencia de una solicitud de Habeas Corpus, misma que había sido negado en enero de este año. El Juez respaldó su actuación aduciendo que estaba esperando informe del Ministerio de Relaciones Exteriores para continuar con el trámite. Luego de 6 meses, el Juez resuelve sustituir la prisión preventiva por la medidas cautelares, las cuales consisten en presentaciones periódicas (dos días a la semana) ante uno de los Jueces Penales del Cantón Quito.
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Claudia C. Y Manuel P, quienes son ciudadanos de nacionalidad colombiana con estatus de refugiados, dan a conocer que funcionarios del Banco de Machala y Banco Internacional no aceptaron que realicen transacciones bancarias por no contar con cédula de identidad. Claudia C. y Manuel P., ejercen actividades laborales en la cuales reciben los pagos en cheque; al desear hacerlos efectivo se acercan al Banco de Machala en los cantones de Santa Rosa y Machala; y, Banco Internacional de Machala, negándoles el cambio de dichos cheques aduciendo que su documento de identificación como refugiados no es legal y que deben presentar la cédula o pasaporte. Razón por la cual se tutelan los derechos de los ciudadanos para que no sigan siendo excluidos, y puedan ejercer sus actividades con el derecho como les corresponde.
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El pasado mes de abril, el ciudadano Jorge V. indica que su vecino procede a quemar o fundir oro sin ninguna protección lo que está ocasionando malestar y contaminación ambiental a las personas que viven en el sector. Luego de aceptar el trámite se convoca a visita in situ al Director de la ARCOM; al Director Provincial del MAE; a un representante del GAD del cantón Yantzaza. En la visita realizada el 12 de abril, se evidenció que se realizaban trabajos de fundición de minerales, aseveración que se confirmó por materiales encontrados en el interior de una chimenea. Las entidades competentes de regulación y control explicaron al ciudadano que la actividad se estaba realizando en forma clandestina, no cuenta con los permisos respectivos, razón por la cual la ARCOM procedió a colocar dos sellos de prohibición en la boca de la chimenea y paralizar las actividades contaminantes, tutelando así los derechos de la comunidad.
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Un compatriota ecuatoriano tuvo que emigrar al extranjero por la difícil situación por la que atravesaba el Ecuador hace 20 años, forjando su futuro en Canadá. Luego de una enfermedad que le impidió trabajar se complicó su situación y retornó al país en 2013 en duras condiciones, sin contar con ningún familiar ni recurso alguno solicitó a varias instituciones que le ayuden a traer sus bienes del exterior. Es así que en mayo del 2015 sus bienes llegaron a la ciudad de Guayaquil. Lamentablemente, el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (Senae) retuvo sus bienes con el argumento de que el señor ingresó al país en 2013 y sus pertenencias en 2015 y que conforme lo establecido en la ley, el menaje de casa exento de tributos deben llegar máximo seis meses después del ingreso del compatriota al país.
En ese sentido, la Coordinación Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo inició una investigación defensorial que culminó con una Resolución Defensorial en la que se exhortó al Senae a entregar el menaje de casa y herramientas de trabajo al ciudadano, con todos los beneficios del Plan Bienvenido a Casa y la exenciones tributarias establecidas en la Ley de la materia y normas conexas. Al no haberse entregado los bienes, el 10 de marzo de 2016 se presenta una Acción de Protección en la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, en la que el Juez aceptó la acción y ordenó la entrega de los bienes exentos de todo tributo, lo que se ratifica en sentencia.
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La Coordinación Zonal 9 recibió el caso de la señora Leonila A., trabajadora autónoma contra el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en virtud que no le permiten ejercer su derecho al trabajo y que pese a realizar el trámite no le otorgan el permiso correspondiente. Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo inició una investigación defensorial, convocando a una audiencia a las autoridades del Municipio de Quito a quienes se expuso los argumentos y se escuchó también los suyos, entre los que destacaron que no se han entregado permisos porque está en construcción una herramienta informática que facilite el trámite a la cerca de 3482 trabajadores autónomos. Dentro de la investigación defensorial se está dando seguimiento al proceso de implementación de la herramienta informática a fin de velar por el ejercicio del derecho de las personas al trabajo.
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