Un ciudadano dirigió una petición a los señores del Banco del Austro, agencia Tulcán solicitando se le entregue los documentos para el levantamiento de la prohibición de venta de un vehículo, ya que se ha cancelado en su totalidad la deuda por el préstamo para la adquisición del mismo. En el mes de mayo de 2016, se notificó a la Gerente del Banco del Austro Agencia Tulcán y se desarrolló la audiencia correspondiente. La representante de la entidad bancaria informó que no dio contestación a la solicitud del peticionario por cuanto el cliente efectivamente había cancelado la deuda correspondiente al vehículo, pero mantenía otras obligaciones en la institución. El peticionario manifestó que luego de las explicaciones dadas por la representante del banco, tiene claro el procedimiento y solicitó que se le entreguen los documentos y poder realizar sus trámites. De esta manera se pudo garantizar el derecho de petición del ciudadano.
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Un adulto mayor dio a conocer que padece una enfermedad catastrófica (cáncer), pero que el Hospital Delfina Torres negó la atención debido a tener una hija que es Policía Nacional, por tal motivo su atención se debe manejar en el ISSPOL. Lamentablemente la Policía Nacional no le otorgó el código validación pues no contaba con una copia de la credencial de su familiar.
Representante de la Defensoría del Pueblo se acercó hasta el Centro de Salud de la Policía Nacional a solicitar un código de validación para el adulto mayor que está enfrentando una grave enfermedad. Se informó a la persona responsable del centro que no se cuenta con la copia de la credencial, pues su hija se encuentra prestando servicio en Quito. Se solicitó a la que de los archivos existentes que reposan en la institución se adjunte una copia de credencial de la Policía Nacional, pues la salud de su padre está deteriorada. Se procedió por parte del centro de salud de la Policía Nacional a otorgar el código de validación y se realizó la consulta de cobertura de salud; derivando al paciente al Hospital Delfina Torres de Concha para que brinden una atención integral al adulto mayor. garantizando al ciudadano el derecho a la salud, tal como establece nuestra Constitución de República; y ahora amparado como afiliado dependiente del ISSPOL.
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Moradores de los barrios “La Merced” y “El Pondo” de la ciudad de Nueva Loja, en contra de CNEL Sucumbíos por los constantes cortes de energía. Luego de presentada la queja en la Delegación Provincial se procedió a fijar la audiencia, en donde CNEL Sucumbíos se comprometió a instalar en nuevo transformador. Se realizó una visita in situ en la que se comprobó que la CNEL Sucumbíos ya había instalado el nuevo transformador y los moradores manifestaron que desde esa fecha ya no se presentaron cortes de energía. Protegiendo el derecho a obtener servicios públicos de óptima calidad.
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El pasado 13 de julio de 2016, el ciudadano Leonel O. presentó una petición en la Coordinación Zonal 2 de la Defensoría del Pueblo indicando que el trabajador de un almacén comercial se acercó a su domicilio para solicitarle una copia de su cédula y el código del medidor de luz para realizar la entrega de una cocina de inducción, con la advertencia de que si no acepta se le retiraría el medidor.
El peticionario accedió a la presión del vendedor y entregó la documentación requerida pero nunca le entregaron la cocina de inducción, pese a que en la planilla de luz eléctrica se cobra el valor del electrodoméstico.
Luego de conocer el caso y con el fin de tutelar los derechos del consumidor, la Coordinación Zonal 2 inició una investigación defensorial, en la que identificó que se habría cometido una infracción penal, por lo que se remitió un informe motivado del expediente a la Fiscalía de Orellana para que el hecho sea investigado y se determinen a los responsables del acto.
En este caso se vulneraron los derechos del consumidor a disponer de bienes y servicios de óptima calidad con eficiencia y eficacia y a elegirlos con libertad, al igual que al derecho a recibir una información precisa y no engañosa sobre el contenido y características del bien.
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La Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo receptó el caso de María A., quien el pasado 31 de enero de 2016 realizó la compra de un televisor de medio uso en un local comercial del cantón Mejía, pero por motivos económicos la ciudadana tuvo que devolver el televisor. En el registro de devolución la persona que la atendió colocó una nota en la que se explicaba que el aparato electrónico tenía rayones y estaba sucio, pero ningún daño severo.
La peticionaria semanas más tarde recibe una llamada del almacén, en la que le ofrecen un refinanciamiento de la deuda para que pueda retirar su televisor. La transacción fue concretada el 11 de febrero de 2016. Cuando María A. se acercó al almacén al retirar el bien, lo probó y constató que no funcionaba adecuadamente, pues la pantalla presentaba daños y la imagen no estaba nítida; inculpando del daño a la usuaria.
Por tal razón, la Delegación Provincial de Pichincha se dirige al almacén ubicado en Machachi, para investigar lo sucedido y comunicárselo a la jefe de Crédito y Cobranzas,. Después de varios acercamientos se logró que el local comercial entregue un nuevo bien a la peticionaria, incluso de mejores características que el anterior, velando así por sus derechos como persona consumidora.
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La señora Verónica A. presentó una queja en la Delegación Provincial de Napo de la Defensoría del Pueblo, por una supuesta facturación de consumo excesivo de agua potable, servicio dotado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena.
La peticionaria manifestó que los pagos hasta el mes de febrero fueron inferiores a USD 5,00 pero que desde el mes marzo de 2016 las facturas han incrementado, tanto que en mayo tuvo que cancelar el valor de USD 41.59. La ciudadana aseguró que el consumo de agua no ha variado en su domicilio, por lo que solicitó una inspección técnica, que se realizó sin informar a la usuaria.
Para verificar qué ocasionó este incremento, la Defensoría del Pueblo realizó una visita in situ con la peticionaria a la Dirección de Servicios Públicos del GAD Tena, en donde se tomó contacto con el encargado del Área de Comercialización, quien manifestó que en la inspección técnica, efectivamente, se detectó una fuga en el baño del domicilio.
Una vez aclarados los valores de la facturación, se brindó algunas recomendaciones de consumo responsable a la usuaria y a través de una gestión oficiosa se exhortó al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, que en casos similares se observe y se instruya a los funcionarios que laboran en la Unidad de Agua Potable, que notifiquen los informes de las inspecciones técnicas realizados en los servicios públicos domiciliarios de agua potable a los usuarios interesados, para subsanar cualquier problema.
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La Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo recibió una petición de la presidenta del séptimo año de básica de la Escuela Centro Escolar Ecuador de la ciudad de Ambato contra una cadena hotelera por el incumplimiento en la devolución de valores.
En motivo de fin del año escolar, los padres de familia y alumnos del séptimo de básica planificaron un paseo del 16 al 19 de junio de 2016, para lo cual contactaron con una agencia de viajes para realizar los trámites respectivos y las reservas en el resort ubicado en Mompiche, provincia de Esmeraldas. La reserva tenía un costo de USD 50,00 por estudiante, por lo que se entregó la cantidad de USD 1.550.
Luego del terremoto ocurrido el 16 de abril, los padres de familia desistieron del viaje para precautelar la seguridad de los niños y niñas, pues el resort se encontraba en una de las zonas de riesgo, por lo que se solicitó la devolución del dinero entregado para la reserva. Tanto la cadena hotelera como la agencia de viajes colocó trabas al momento de reembolsar el dinero.
La Defensoría del Pueblo a través de la Coordinación Zonal 3 revisó el contenido de la petición y verificó la vulneración a los derechos de las personas consumidoras garantizados en el Art. 52 de la Constitución de la República del Ecuador que menciona: “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”.
En base a las atribuciones que tiene la Defensoría del Pueblo de tutelar el derecho de consumidor, asistió legalmente a los alumnos y exhortó tanto a la agencia de viajes como a la cadena hotelera a dejar sin efecto el contrato suscrito debido a que el destino vacacional está dentro de una zona de riesgo. Además, se solicitó la devolución de USD 1.550 por la reserva del hotel y USD 842 por concepto de servicios de la agencia de viajes.
Esta acción permitió tutelar efectivamente los derechos de las personas consumidoras y recordar a los proveedores de servicios que deben informar a los usuarios de forma clara y oportuna.
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La Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo patrocinó una acción de protección con medidas cautelares por cobros inconstitucionales y tuteló los derechos la igualdad formal y material, a la no discriminación y seguridad jurídica de 12 profesionales de arquitectura.
Tras una denuncia presentada en la Delegación de Cotopaxi por el supuesto cobro de valores para la emisión de un permiso de construcción en Latacunga, se inició una investigación defensorial en la que se verificó la suscripción de un convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga y Colegio de Arquitectos de Cotopaxi, en la que el profesional de arquitectura debía cancelar valores por concepto de registro profesional de USD 20,00 a los agremiados al Colegio de Arquitectos y USD 70,00 a los no agremiados; además de pagar el valor de USD 4,16 para la compra de una especie municipal para la emisión del correspondiente certificado.
Luego de presentar la acción de protección, el Juez Constitucional resolvió señalando la vulneración de derechos y ordenando la devolución de los valores cobrados por dicho concepto desde el mes de febrero de 2016 hasta la presente fecha, logrando proteger los derechos de los peticionarios.
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La Delegación Provincial de Chimborazo de la Defensoría del Pueblo realizó una visita in situ a una vivienda ubicada en Riobamba, donde se encontraban dos adultos mayores, quienes por su situación socioeconómica y de salud no han podido pagar el servicio de agua potable.
Al conocer este acontecimiento y con el fin de garantizar un servicio público de calidad, especialmente a los grupos de atención prioritaria, la Defensoría del Pueblo gestionó con la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba la no suspensión del servicio.
Asimismo, se tramitó la construcción de un baño y la intervención integral (especialmente médica) de los ciudadanos adultos mayores, garantizando sus derechos.
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El pasado 4 de julio de 2016, la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo receptó la petición de Marco I., quien aseguró que una agencia de viajes retuvo su equipaje en el aeropuerto, aduciendo que la nacionalidad a la que él pertenece debe dinero a la compañía.
Por esta razón, se realizó una visita in situ primero a la Dirección de Aviación Civil para verificar por qué se le retuvo el equipaje al peticionario y después a la agencia de viajes, ubicada en la parroquia Shell, a la cual mediante una gestión oficiosa se solicitó la entrega inmediata del equipaje.
La Agencia de viajes luego de la conversación mantenida ofreció una disculpa y solucionó el inconveniente. Por su parte, el peticionario constató que su maleta no tenía ningún problema y agradeció la pronta gestión.
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Una ciudadana presentó una queja contra CNEL debido a que se le estaba facturando un consumo excesivo cuando en su casa tiene solo focos ahorradores y una nevera también ahorradora, además que por motivo de trabajo pasa todo el día fuera de casa. Aparentemente el inconveniente se había solucionado pero posteriormente las facturas seguían llegando con cobros excesivos por lo que solicita nuevamente en nuestras oficinas intervención. Se dispone la revisión del medidor y refacturación. Se convoca audiencia en la cual llegan a un acuerdo reparatorio ya que CNEL-EP admitió que efectivamente tenía la peticionaria el derecho a solicitar refacturación, es por ello que se realizó revisión al historial y se dispuso una rebaja teniendo la peticionaria que pagar un valor considerable por todos los meses que adeudaba.
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A partir del conocimiento del hecho y la denuncia ante la Fiscalía, el colectivo GLBTI ha iniciado una campaña de sensibilización en redes sociales y además rueda de prensa en medios locales de Santo Domingo. Donde adicionalmente hicieron conocer sobre denuncia por delito de odio en la Fiscalía, proceso en el que nos encontramos realizando la vigilancia del debido proceso. Adicionalmente participamos de rueda de prensa.
Persona transgénero al ingresar a local comercial y fue acusada de robar accesorio, frente a lo cual la propietaria del local llama a la policía y es obligada a sacarse la ropa para ser revisada, mientras recibía gritos de ladrona y acusaciones de merecer la muerte por ladronas, a pesar de no encontrar evidencias. La persona transgénero presentó denuncia por actos discriminatorios y atentantorios contra la dignidad en contra de policías y dueña de local, investigación en la que nos encontramos realizando la vigilancia del debido proceso.
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En este caso la señora peticionaria es adulta mayor de 85 años de bajos recursos económicos y fue objeto de aparentes engaños por parte de personal de Almacenes Japón cuando hicieron la visita a su domicilio y le dijeron que reciba una cocina, que venían de parte del gobierno y le dijeron que quienes se quedaban con las cocinas le iban a dar el bono y como ella necesitaba el bono la recibió sin pensar que la realidad era otra. La ciudadana se sintió originalmente contenta pero cuando le llegaron a su domicilio las planillas eléctricas con valores exagerados y que se salían por completo de su presupuesto se dio cuenta que todo había sido solo una estrategia de venta. Así fue que la señora se acercó a la Defensoría del Pueblo para recibir asesoramiento y ayuda ya que adicionalmente el estar inmersa en esta situación le ocasionó deterioro en su salud. A la señora le cortaron el servicio eléctrico por dos ocasiones, pero con el y trabajo en conjunto que se realiza con la CNEL EP se logró la reconexión del servicio porque en su domicilio solo cuenta con dos focos y no tiene ningún otro artefacto eléctrico, viviendo la señora en una pobreza extrema. Después de realizar el procedimiento respectivo y varias gestiones de incidencia con las casas comerciales, al fin se logró la anulación de la venta de la cocina, pero pese a eso aún cobraban valores por cocina de inducción en la CNEL EP-MILAGRO, hasta que finalmente se logró que le anule la venta, quedando la señora peticionaria muy agradecida por la intervención de la Defensoría del Pueblo en Milagro.
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La Delegación de Bolívar atendió una petición presentada por la ciudadana Mariana P, quien había comprado una cocina de inducción en almacenes INSTELEC y que la misma se habría quemado a los 11 meses de la compra. Se notifica al representante de almacenes INSTELEC, al Jefe Ventas Quito Ecuatoriana de Artefactos S.A; al representante del programa de Cocción Eficiente MEER y al Gerente de CNEL Bolívar, se convocó a las partes a audiencia pública donde se acuerda lo siguiente: CNEL se compromete a dar el seguimiento respectivo para que en el plazo de 8 días se cumpla con la devolución o cambio de las cocina de inducción de la Sra. Mariana Pérez.
Mediante correo electrónico el Jefe Ventas Quito Ecuatoriana de Artefactos S.A. informa que, está confirmado la entrega de las encimera a la beneficiaria quien informa que se ha procedido al cambio de la cocina de inducción y agradece a la Delegación por las gestiones realizadas.
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El peticionante denuncia que en los últimos meses le están llegando consumos excesivos en su planilla de energía y que no se le estaba favoreciendo del descuento de la tercera edad en el consumo eléctrico de su hogar, adicionalmente se le había cortado el fluido eléctrico por falta de pago. Registro como beneficiario del descuento de la tercera edad en el hogar del peticionante. Adicionalmente se logró reactivar el fluido eléctrico en el hogar del peticionante.
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Una ciudadana solicitó a la Delegación de Santa Elena la Vigilancia del Debido Proceso en un caso de una presunta afectación a los derechos de los hijos de la peticionaria, quienes han sufrido daños psicológicos a causa de los inquilinos en la casa de la ciudadana. La Defensoría del Pueblo, el mismo día de la presentación de la petición, compareció a la Audiencia de Contestación, en contra de Jaime S y su cónyuge, habiéndose dispuesto por parte de la Junta Cantonal, la apertura del término de prueba por el término de cinco días; la orden de cuidado de los niños en su hogar; oficio al Hospital de Salinas, para que se realice lo establecido en el artículo 79 numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia; y realizar una visita al domicilio de la actora y del denunciado, a fin de verificar su entorno. La Junta Cantonal de Protección de Derechos, expidió la Resolución, en la cual, se ordena, entre lo principal, la salida de los inquilinos de la vivienda de la peticionaria, también prohibiendo que dichas personas de una u otra forma afecten psicológicamente a los menores de edad y a los demás familiares; con la advertencia de que si existiera incumplimiento de las decisiones se interpondrán las acciones civiles ante los organismos judiciales competentes
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Un ciudadano se acercó hasta la Coordinación General Defensorial Zonal 6 ha manifestar que hace 12 días atrás se acercó hasta la Coordinación Zonal 6 de Educación ha solicitar un duplicado de su título de bachiller, requisito para su graduación de cuarto nivel, lo cual nunca fue atendido, observando renuencia por parte de los servidores de dicha entidad, quienes le indicaron que el trámite debe hacerlo por un portal web, en el cual jamás obtuvo respuesta. Representante de la Coordinación se comunicó inmediatamente con un servidor de la Coordinación de Educación, quien facilitó la entrega oportuna del duplicado del título, pues el ciudadano no contaba con mucho tiempo para la presentación de este documento. Con la intervención de la Defensoría del Pueblo, se obtuvo el documento necesario para la incorporación del peticionario.
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Un ciudadano presenta una queja en contra del Director de la Unidad de Tránsito del GAD Municipal de Loja, solicitando se tutele el derecho a disponer de bienes y servicios públicos de calidad en cuanto el servicio público urbano en el cantón Loja, especialmente buen acceso para las personas con discapacidad. Se inicia la investigación defensorial para determinar la calidad del servicio público que se está prestando, especialmente para las personas con discapacidad y se solicita un informe a la Unidad de Tránsito del GAD Municipal de Loja. En dicho informe se manifiesta que existe un plan a ser ejecutado y que está siendo desarrollado progresivamente. Luego de esto, se realizó varias visitas in situ conjuntamente con instituciones involucradas, las mismas que después de las visitas nos hicieron llegar sus respectivos informes con sus análisis y recomendaciones. Se convocó a una audiencia pública para escuchar a las partes y emitir la resolución defensorial. Se recomienda entonces a las autoridades municipales, que en base al proyecto de regeneración urbana que se está implementando en la ciudad, se tome en cuenta lo dispuesto en la norma INEN sobre la accesibilidad, sobretodo en las paradas de transferencia de pasajeros y así permitir un acceso adecuado y en condiciones de igualdad, principalmente para las personas con discapacidad.
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La asociación de comerciantes 17 de Agosto de Pasaje solicitó a la Delegación Provincial de El Oro su intervención para una conciliación con el GAD Municipal de Pasaje y evitar los desalojos forzosos del sector donde realizan sus actividades, la misma que fue aceptada por los representantes del GAD Municipal de Pasaje, a pesar de existir una acción judicial iniciada.
Se realizó una visita in situ a la cual asistieron representantes del GAD Municipal de Pasaje y representantes de la Asociación. Para esto se informó que el GAD ha construido un nuevo mercado que impediría el uso de las calles, con los riesgos para la salud por la calidad que deben tener los alimentos que se expenden, así como un orden en la ciudad. Por su parte los comerciantes señalaron que el espacio es muy reducido y que ese sería el motivo de no reubicarse. Se dispuso entonces la comparecencia de las partes a audiencia pública para que presenten sus propuestas y promover mecanismos que den solución ante el inconveniente y que obviamente beneficien a las partes..
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Un ciudadano solicita información ante el GAD Parroquial de San Carlos de las Minas sin tener ninguna contestación a su petición. El ciudadano que es representante Asociación de Producción Minera Los Héroes «ASOSEMIHE» acude hasta la Delegación Provincial de Zamora Chinchipe informando que solicitó información al Presidente del GAD parroquial de San Carlos de las Minas , pero lamentablemente ha transcurrido mucho tiempo y no se ha obtenido ninguna respuesta. Por tal motivo la Defensoría del Pueblo intervino ante el GAD parroquial, solicitando que se entregue la información requerida por el peticionario. De esta manera el ciudadano pudo acceder a la información requerida, tutelando su derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir atención o respuestas.
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La Coordinación Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo realizó una investigación defensorial por petición de Bertha P., quien asegura que desde un incidente laboral suscitado en febrero de 2013 no ha podido cobrar la indemnización del caso, supuestamente porque su expatrono había cancelado las aportaciones de forma extemporánea.
La peticionaria efectuó el debido trámite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero desde marzo de 2014 el proceso no avanza. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo, mediante providencia de admisibilidad, solicitó información pertinente (historia laboral, expediente de riesgos de trabajos, informes, etc), convocando a audiencia a la entidad aseguradora.
Una vez en la audiencia, las partes se percatan que la persona jurídica a la cual se le cobró valores por concepto de glosas, no era la entidad correcta, puesto que en el momento del accidente la peticionaria prestaba sus servicios a la Dirección Provincial de Salud del Guayas, institución que estaba al día en el pago de aportes con el IESS. Por tal razón, a la peticionaria se le debía pagar la indemnización de manera inmediata.
Una vez identificado el error, se logró que en menos de dos semanas se le cancele a la peticionaria el valor de USD 34.235,88 por concepto de indemnización por riesgos del trabajo.
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La Defensoría del Pueblo de Ecuador, a través de la Coordinación Zonal 9, receptó la petición de la señora Cordelia K., quién reclamó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no contempló los aportes realizados por la Embajada Alemana al momento de hacer el cálculo de la pensión por vejez que le corresponde.
La peticionaria solicita este ajuste desde hace 6 años, pero el IESS aduce que el recálculo se efectuará una vez que la Embajada Alemana esté al día con los intereses y multas generadas en dicho caso.
Con el fin de solucionar la situación de la peticionaria, se tomó contacto con el IESS para que se cumpla con este derecho de recibir el valor justo de su jubilación. Gracias a la intervención defensorial se logró que el valor de la pensión ascienda de USD 253,38 a USD 1.378,46, por tanto la peticionaria recibe la reliquidación de los años anteriores por un monto total de USD 78.143,00.
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