La Dirección del Ministerio de Inclusión Económica y Social, puso en conocimiento de la Coordinación General Defensorial Zonal 1 de Carchi, un informe en el cual se da a conocer la situación que viven personas adultas mayores que son beneficiarias del bono de desarrollo humano, pero se encuentran en situación de pobreza extrema.
Al parecer una familiar de las personas adultas mayores, se había comprometido a brindarles cuidado y atención a cambio de transferirle un predio, pero no se cumplió dicho acuerdo, pues según el informe este grupo de personas se encontraba en situación de riesgo.
Se convocó a una audiencia entre las personas afectadas, familiares y entidades públicas correspondientes, a fin de tutelar los derechos de las personas afectadas. Los familiares se comprometieron a brindar la atención necesaria. Además los ingresos procedentes de la producción agrícola serán destinados a la alimentación, salud y demás gastos. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, realizarán seguimiento de la situación de las personas adultas mayores para verificar el cumplimiento del acuerdo.
De esta manera se brindó asistencia oportuna a personas pertenecientes a un grupo de atención prioritaria.
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Juan M., familiar de un paciente que se encontraba en el área de emergencia del hospital de Esmeraldas, acudió hasta las oficinas de la Defensoría del Pueblo a solicitar intervención defensorial.
Al parecer el paciente requería urgentemente atención especializada, por lo que debía ser trasladado a otra casa de salud. Sin embargo al no contar con la partida de nacimiento, documento indispensable para la transferencia, no podía continuar con la realización del trámite.
El ciudadano se acerca al Registro Civil, como lo solicitó la trabajadora social del hospital a explicar los motivos por los cuales su familiar no tiene certificado de nacimiento, pero al ser un trámite que tomaría un tiempo determinado por la complejidad del caso, le sugieren al ciudadano solicitar asistencia en la Defensoría del Pueblo.
Juan M., visita las oficinas de la Delegación provincial y expone el caso. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo, se acercan hasta el Registro Civil y ofician el trámite correspondiente para el paciente pueda ser atendido en otra casa de salud, acorde a sus necesidades médicas.
La Coordinación del Registro Civil, emite oficio certificando lo mencionado por la trabajadora social del hospital y de esta manera se pueda dar la transferencia inmediata.
El trabajo coordinado entre las instituciones permitió que el ciudadano reciba la atención que requería de manera oportuna.
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José A., persona con discapacidad visual del 75%, se acercó hasta las oficinas de la Delegación Provincial, para dar a conocer el inconveniente que presenta con CNEL – Sucumbíos.
El ciudadano manifestó que hace un tiempo atrás ha solicitado la instalación de un medidor para un aserradero que tiene en su domicilio, sin embargo no había tenido respuesta alguna, por lo que continuó utilizando su medidor tipo residencial para sus labores.
Personal de CNEL – Sucumbíos, se acercó hasta el domicilio del ciudadano y retiró el servicio de energía al percatarse que dicho medidor estaba siendo utilizado para otros fines.
José A., presentó entonces una queja en la Defensoría del Pueblo, pues fue CNEL que no dio trámite a su solicitud. A través de una gestión oficiosa funcionarios de la Defensoría del Pueblo se entrevistaron con representantes de la entidad de energía eléctrica, quienes procedieron a realizar la reconexión del servicio y solicitaron a su vez un compromiso del ciudadano de no utilizar dicho medidor para maquinarias, si no esperar la instalación del nuevo medidor.
José A. aceptó el compromiso y agradeció la intervención defensorial que le permitió acceder a servicios de calidad.
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La Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo, tras conocer el caso de una joven quien falleció luego de ser atropellada en un accidente de tránsito en el Valle de Los Chillos, inició una providencia de admisibilidad de oficio en la vigilancia del debido proceso dentro del juicio.
La Institución Nacional de Derechos Humanos realizó un acompañamiento a la familia de la joven dentro de la fase de investigación, la etapa de instrucción, de juicio y finalmente de apelación.
Luego del proceso respectivo se obtuvo la sentencia condenatoria declarando la culpabilidad del delito de tránsito tipificado y sancionado en el Art. 376 del Código Orgánico Integral Penal, imponiéndole al acusado la pena privativa de libertad modificada de 40 meses, la revocatoria definitiva de su licencia de conducir y una multa de cuatro salarios básicos unificados del trabajador.
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El ciudadano Oscar C. comparece a la Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo para presentar una queja contra la Empresa Comunikt, por no respetar la garantía de un teléfono celular que presentó daños de fábrica a los 4 meses de adquirido.
El peticionario manifestó que la empresa proveedora le informó que no tenía servicio técnico, por tanto no quisieron recibir el teléfono celular para revisión técnica. La persona afectada identificó que el aparato tenía un defecto de fábrica, por lo que exige se respeten sus derechos como consumidor y la empresa asuma la responsabilidad que establece la ley.
Al conocer esta situación, la Defensoría del Pueblo con el fin de proteger los derechos del consumidor emanados en la Constitución, Organismos Internacionales y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
En ese contexto, se realizó una audiencia pública con ambas partes en la que se establecieron algunos acuerdos, entre ellos, el arreglo del teléfono celular sin ningún costo adicional; protegiendo así los derechos del consumidor.
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Un ciudadano acudió a la Delegación de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo para presentar una queja contra la empresa proveedora de energía eléctrica por facturar un costo excesivo en el servicio. El peticionario indicó que pagaba en promedio la suma de USD 5,00 por consumo de energía eléctrica y que se encontraba al día en los pagos, pero en el mes de septiembre de 2016 la factura del servicio fue de USD 3702,86.
A pesar que el ciudadano acudió a la empresa proveedora no supieron explicarle por qué el incremento, por lo que la Defensoría del Pueblo realizó una audiencia con ambas partes para identificar el problema y llegar a un acuerdo.
La empresa de energía eléctrica alegó que la suma correspondía a las lecturas del medidor, pero al no poder comprobar esta afirmación se realizó el cobro en función de las lecturas existentes de los últimos seis meses, disminuyendo notablemente el pago.
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Una ciudadana se acerca a la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo para presentar una petición en la que asegura que el generador eléctrico -adquirido en un almacén comercial- presentó fallos, por lo que lo entregó al servicio técnico para su reparación en octubre de 2016, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.
La peticionaria manifestó que en varias ocasiones acudió al lugar solicitando el artefacto, pero no le daban razón de cuándo le podrían entregar reparado. Adicional al tiempo de espera, le comentaron que debe cancelar USD 90, pues la garantía no cubría la rotura del cárter del motor.
La Defensoría del Pueblo con el fin de proteger los derechos del consumidor de la persona visitó el establecimiento comercial para mantener una conversación con el representante legal, informándole lo que dicta la ley en estos casos. Después de la explicación, el almacén le devolvió a la peticionaria un generador de energía eléctrica nuevo con las mismas características.
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Mediante gestión oficiosa la Delegación Provincial de Bolívar veló por los derechos de una persona consumidora y adulta mayor, que mediante engaños aceptó una cocina de inducción por parte de un local comercial. Una vez admitida la queja esta Delegación tomó contacto con la representante de la sucursal de Almacenes Japón en la ciudad de Guaranda y solicitó que se proceda con la correspondiente acta de desistimiento de la compra del producto al verificar que efectivamente hubo una clara vulneración de derechos.
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Un nuevo caso relacionado a la venta de cocinas de inducción mediante engaño se registró en la Defensoría del Pueblo. La peticionaria presentó una queja debido a que vendedores de la marca Indurama engañaron a su padre, un adulto mayor con discapacidad auditiva y le dejaron una cocina de inducción a base de engaños, posteriormente las planillas del servicio de electricidad empezó llegar con valores bastante altos. Luego de conocido el caso se hicieron las gestiones correspondientes para la defensa de los derechos del adulto mayor y se convocó a audiencia pública a las partes, sin embargo previo a la misma la peticionaria, hija del adulto mayor afectado, desistió de continuar con la causa ya que Indurama le soluciono su problema anulando la venta.
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La Coordinación Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo realizó una gestión oficiosa para tutelar los derechos a la seguridad jurídica y vida digna del señor Baleón R., presuntamente vulnerados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) por retener de su cuenta de ahorros valores provenientes de su pensión jubilar, debido a un juicio de coactiva en su contra.
El peticionario -adulto mayor jubilado- perteneciente a uno de los grupos de atención prioritaria recibía su pensión jubilar en su cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, sin embargo en el mes de mayo de 2016 le indicaron que no podía retirar el dinero por orden del juez de coactiva de CNT.
El ciudadano envió varios escritos al juez de coactiva explicando su caso y solicitando se levante dicha retención por ser inconstitucional. Lamentablemente, estos pedidos fueron negados. En ese sentido, acude a la Defensoría del Pueblo para solicitar el patrocinio de una acción de protección.
Una vez conocida la situación, se establece una estrategia para el patrocinio de la acción de protección realizando previamente un acercamiento con los funcionarios de CNT para exponer las vulneraciones a los derechos cometidas y exhortar a que se levante la retención.
El Exhorto que fue acogido y con fecha del 20 de diciembre de 2016 -mediante providencia- la jueza de coactiva de CNT ordenó el levantamiento de la retención, por lo que no fue necesario la presentación de la acción de protección.
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La Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo a través de correo electrónico recibió la petición de un ciudadano, quien indicó que desde 2011 ingresó una solicitud de jubilación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) pero que no fue tramitada en virtud que se generó una responsabilidad patronal total a uno de sus empleadores.
Por esta razón, la Institución Nacional de Derechos Humanos intervino realizando algunas visitas a la Subdirección Provincial de Prestaciones, Retenciones y Riesgos del Trabajo del IESS en las que se indicó que la jubilación es un derecho que no puede ser limitado por una deuda que mantiene el empleador.
Actualmente, el peticionario recibe su pensión jubilar por un valor de USD 773. Además, recibió el valor retroactivo desde la fecha que adquirió el derecho (desde octubre de 2006).