Un ciudadano presentó una denuncia en la Coordinación General Defensorial Zonal 1 (Carchi) por presunta vulneración a su derecho a recibir servicios públicos de calidad. Al parecer la empresa pública de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Tulcán, habría indicado que en la propiedad del peticionario existe una conexión clandestina de agua potable y por tal razón le han facturado en base al promedio de consumo real instalación clandestina, por un valor total a pagar mensual de USD. 485.75.
Luego de la audiencia respectiva se determinó que había un error por parte de funcionarios de la empresa ´prestadora del servicio por lo que se hizo una exhortación para que los valores facturados sean el resultado de una inspección previa y no de un supuesto.
La empresa ofreció las disculpas debidas al ciudadano, comprometiéndose en determinar los próximos valores de una manera técnica y profesional. De esta manera se evitó que un ciudadano pudiera ser afectado.
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Un ciudadano acudió a la Delegación de Esmeraldas, debido a que la empresa prestadora del servicio eléctrico facturó dos planillas por valores de $ 1200 y $ 1400 respectivamente, cuando su pago regular oscila entre los 40 y 50 dólares. Por este motivo se acompañó al peticionario hasta la empresa eléctrica.
El Jefe de servicio al cliente revisa la petición del ciudadano y señala que un problema con un circuito interno en el domicilio del afectado, generando mayor consumo del medidor de energía. Se refacturó entonces la planilla del ciudadano, dándole un valor en base a los consumos generados reales. De esta manera se protegió su derecho a recibir servicios públicos domiciliarios de calidad.
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Una familia de nacionalidad colombiana que vivía en Manabí decidió trasladarse hasta la ciudad de Ibarra tras ser afectada por el terremoto el pasado 16 de abril. Luego de recibir asistencia en dicho cantón se comunicaron con la oficina del MIES, en donde les explicaron que podían contar con el bono de acogida para que puedan pagar el alquiler de una vivienda.
Lamentablemente a no contar con su cédula de ciudadanía les explicaron que no podían ser beneficiarios de esta ayuda. Por tal motivo acudieron a la Delegación Provincial de Imbabura de la Defensoría del Pueblo, pues se estarían afectando varios derechos. Se notificó entonces al MIES de una audiencia por una presunta vulneración de los derechos de esta familia. Durante la audiencia, representantes del MIES aceptaron su error y se comprometieron a entregar el bono respectivo a la familia afectada, garantizando sus derechos al buen vivir.
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El ciudadano Carlos L., informó que un familiar suyo, persona adulta mayor se encontraba en estado de abandono y en una situación de salud crítica que necesitaba de atención urgente, por lo que recurre a la Delegación Provincial de Sucumbíos. En ese sentido esta Delegación consideró actuar de forma inmediata y concurrir al sitio antes indicado a fin de observar y verificar las condiciones en que se encontraba el ciudadano.
Efectivamente, el señor necesitaba atención médica y se notificó de dicha novedad al ECU 911 para que enviara el personal idóneo para atender a la persona adulta mayor. Luego de las valoraciones respectivas, paramédicos acordaron bajo la autorización de sus familiares trasladar al ciudadano a una casa de salud, salvaguardando así la integridad del mismo.
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El presidente de la comunidad Los Alpes de la parroquia Inés Arango, cantón Francisco de Orellana, acudió a la Coordinación Zonal 2 de la Defensoría del Pueblo para denunciar que presentó un pedido de información a una institución pública y este fue negado.
Por esta razón, uno de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo se trasladó a las oficinas de la entidad pública mencionada para explicar la importancia de facilitar la información pública a la ciudadanía. Después de varios argumentos se entregó la información solicitada por el peticionario, defendiendo los derechos de todos los habitantes de la comunidad.
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Una trabajadora sexual de nacionalidad colombiana acudió a la Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo para denunciar que luego de sufrir una presunta agresión por parte de un miembro de la fuerza pública, no logró ser atendida. La ciudadana buscó asistencia médica en el cantón Cayambe pero no consiguió ayuda. Luego de tanto insistir con las autoridades jurisdiccionales pudo colocar una denuncia contravencional, sin embargo, la práctica del examen médico legal por varias ocasiones no se realizaba.
En ese contexto y con el fin de proteger los derechos de la ciudadana, la Defensoría del Pueblo realizó la vigilancia del debido proceso coordinando interinstitucionalmente mecanismos de exigibilidad. Entre las acciones efectuadas, se brindó acompañamiento para los exámenes médicos legales en Quito, para lo cual se coordinó con el Director del Hospital de Calderón, a quien además se explicó el comportamiento discriminatorio de una de las abogadas de la casa de salud. Asimismo, se consiguió el reconocimiento de USD 4.500 para retomar el proyecto de vida de la ciudadana y el tratamiento necesario.
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La esposa de una persona privada de libertad comparece a la Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo y presenta una petición en contra del Centro de Privación de la Libertad de Personas Adultas de Ambato, pues asegura que su esposo debe tomar una medicina especial, que no ha sido suministrada, por lo que ha tenido problemas de salud.
Con el fin de tutelar el derecho a la salud de la persona privada de libertad se solicita permitan ingresar la medicación hasta que sea evaluado por un profesional de la salud.
Inmediatamente se soluciona el inconveniente, por lo que la esposa solicita el archivo del caso y agradece a la Defensoría del Pueblo por el rápido accionar realizado en favor de los Derechos.
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La Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo recibe la petición de una ciudadana quien indica que la Empresa Eléctrica de Cotopaxi se niega a colocarle un medidor debido a que no cuenta con el título de propiedad a su nombre, pues su esposo falleció hace unos meses y no ha realizado la inscripción en el Registro de la Propiedad por falta de recursos económicos; y por este requisito no ha podido acceder al servicio de luz.
En ese sentido, funcionarios de la Delegación de Cotopaxi acudieron a la Empresa Eléctrica para exponer lo sucedido al Director Comercial, con quien se acuerda otorgar un plazo para presentar dicho documento, pero mientras se instale el medidor en el domicilio de la peticionaria.
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La Delegación Provincial de Pastaza emitió una resolución en la que se exhorta a las autoridades del GAD Municipal del Cantón Pastaza a dar una respuesta oportuna, conforme a sus competencias, si se presenta un pedido de información pública. Esta resolución se efectuó debido a una petición realizada el 20 de abril de 2013, cuando la Asociación de excombatientes IWIAS del Cenepa manifestaron su inconformidad por la desaparición del Monumento en Honor a los Héroes caídos en el conflicto bélico de 1995.
Después de realizar las diligencias necesarias entre ellas: reuniones de trabajo, solicitud de información mediante providencia y visitas in situ de parte de la institución requerida, finalmente se obtuvo una respuesta satisfactoria, permitiendo tutelar el derecho de este grupo de personas a mantener en la memoria histórica su hazaña, a través de la construcción de la Plaza Cívica en honor a los excombatientes IWIAS del Cenepa.
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Ante la importante cantidad de casos ingresados por venta de cocinas de inducción con aparente engaño visitando a domicilio a personas de escasos recursos y en algunos casos de grupos de atención prioritaria, los abogados de esta Coordinación decidieron establecer una sola audiencia, para la cual se convocó a las casas comerciales como Comandanto, Elextrodescuento y Almacenes Japón, y desde el Estado a CNEL-EP. En la audiencia se contó únicamente con la presencia de Comandato sin embargo, se logró resolver el caso de uno de los afectados, un adulto mayor de 95 años de escasos recursos, a quien se le vendió una cocina de inducción con horno y juego de ollas en conjunto con la casa comercial se acordó el retiro de la cocina del domicilio del peticionario.
La Abogada representante de CNEL-EP aclaró que no hace venta de cocinas de inducción, la Empresa interviene una vez que han recibido el pagaré emitido por la casa comercial lo que hacen es la recaudación en la planilla de consumo eléctrico, así mismo la CNEL-EP se compromete que una vez que reciba el acta comunicará al Departamento correspondiente para que se paralice cualquier cobro.
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Un ciudadano presentó una queja por un incremento exagerado en su planilla de agua potable debido a que una caja de agua servidas que se encuentra junto al medidor de agua de su domicilio, cada vez que se producen reboses no se pueden tomar los consumos reales que tiene el medidor, por lo que al tomar las lecturas se hacen estimaciones presuntivas de consumo afectando al peticionario y vulnerando su derecho como usuario. La Coordinación notifica al gerente de la Subdirección de Agua Potable de Milagro para que disponga una visita in situ en la que efectivamente se constató que el medidor se alteraba. Se procedió a realizar la limpieza y desfogue quedando la caja completamente limpia y funcional, con respecto al cajetín de medidor de agua potable se lo desmonto y se lo reinstaló a un metro y medio de la caja de aguas servidas para evitar la contaminación cruzada y poder tomar las lecturas reales del medidor. Finalmente, la Dirección de agua potable y Alcantarillado con la intervención de la Coordinación de manera rápida resolvió el inconveniente del ciudadano.
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Un policía que presta sus servicios en la sub Zona 2 de Bolívar presentó su caso ante esta Delegación debido a que al padecer un problema psicológico no puede desarrollar actividades comunes a la actividad policial, a pesar de que se ha emitido un informe respectivo por parte de personal especializado, en el mismo que constan varias recomendaciones tendientes a salvaguardar la salud del servidor policial estas no fueron acatadas por sus superiores e incluso llegó a ser sancionado injustamente. Luego de admitida la petición se convocó a una audiencia pública en la que se apreció la situación del peticionario y se puso en conocimiento disposiciones legales que protegen sus derechos por lo que se llegó a un entendimiento para que cese de forma inmediata la vulneración de los derechos del afectado y retiren la sanción impuesta.
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Un ciudadano se acercó en representación de su padre, un adulto mayor de 92 años de edad y con discapacidad física de 60% a solicitar a la Defensoría del Pueblo en Babahoyo la intervención en un caso que afecta los derechos como usuario de su padre debido a que ha recibido planillas de la empresa eléctrica CNEL EP con valores exagerado y de pagos pendientes. Se admite a trámite la petición y se solicita la contestación por parte de CNEL EP y se recuerda que no puede suspender el suministro de energía eléctrica mientras está en trámite el reclamo. Posteriormente las partes acuden a audiencia pública y se llega a un acuerdo, en virtud del cual se le hace al afectado la refacturación de los valores quedando un saldo por el que se acuerda que se firmará el convenio de pagos, para que el señor peticionario pueda pagar su deuda a plazos, respetando sus derechos como usuario y además como adulto mayor y persona con discapacidad.
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Una ciudadana se acercó hasta la Coordinación General Defensorial Zonal 7 (Loja) para solicitar colaboración. La ciudadana y su esposo no habían inscrito aún a su hijo, debido a que la pareja deseaba que el niño llevará primero el apellido materno seguido por el paterno. En el Registro Civil le informaron que esto no era posible y decidió acercarse hasta la Defensoría del Pueblo.
Según el artículo 37 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad, los padres de común acuerdo tienen la facultad para que puedan inscribir a su descendencia anteponiendo el apellido que prefieran, esto es sea el materno o el paterno primero, por lo cual esto estaba permitido. Con la intervención defensorial el hijo de la pareja ahora está registrado primeramente con el apellido de la madre, convirtiéndose en el primer caso en la provincia de Loja a acceder a este derecho.
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Trabajadores autónomos presentaron una petición ante la Delegación Provincial de El Oro, debido a que el GAD municipal de Huaquillas no les permite acceder libremente al trabajo como es su derecho.
La Delegación envió una resolución al GAD municipal, exhortando a respetar el derecho al trabajo de las personas, además de recomendar la implementación de políticas claras, incluyentes y participativas que vayan encaminadas a determinar los procesos para la legalización de las operadoras de tránsito. Para esto se deberán buscar acciones y mecanismos coordinados entre ambos sectores que beneficien principalmente a la ciudadanía. Se prevé mantener la vigencia del derecho del trabajo digno y demás conexos señalados por parte de nuestra Delegación.
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Ciudadana privada de libertad solicitó ante la Delegación Provincial de Zamora Chinchipe, la intervención institucional mediante la vigilancia al debido proceso. La mujer quien estaba acusada de cómplice por homicidio de una persona, solicitó su derecho a la vigilancia procesal. Por tal motivo la Defensoría del Pueblo acudió a las audiencias convocadas, en las cuales luego de la revisión se pudo determinar su inocencia. La cual fue emitida por la señora Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Chinchipe. De esta manera se tutelaron los derechos de la ciudadana.
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Una representante de las personas moradoras del Barrio La Paz, en Quito, solicitó a la Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo se tutele su derecho a tener un ambiente sano, manifestando según criterio, que la presencia de las antenas de la operadora Movistar producen afectación a la salud de la población, debido a la radiación no ionizante de las mismas.
En ese sentido, la Coordinación Zonal 9 procedió a realizar una investigación defensorial donde se vieron implicadas varias instituciones y en la que se determinó los niveles de radiación a los que están expuestas las personas moradoras del Barrio La Paz y se los comparó con los estándares internacionales, evidenciando que la exposición de estos niveles de radiación es baja y por ende no se logró conseguir una evidencia científica que comprobara que haya afectación a la salud de las personas.
Pese a ese resultado, la Coordinación Zonal 9, fundamentándose en el principio de precaución, exhortó al Ministerio de Salud Pública, a que inicie investigaciones relacionadas al impacto de la exposición humana a las radiaciones no ionizantes. Acción que ya dio inicio dicho Ministerio, a través de su Unidad de Inteligencia Médica.
Asimismo, se efectuó incidencia en política pública en cuanto a los procesos investigativos relacionados con la radiación no ionizante en el Ecuador y se motivó a que el ente rector de la salud inicie investigaciones científicas que puedan determinar si existe afectación a la salud por la radiación no ionizante que emiten las antenas de telefonía.