En el contexto de la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, y con la finalidad de atender de forma directa e inmediata los requerimientos de una de las ciudades más afectadas por el Covid-19, el Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago, decidió trasladar la Vicedefensoría a Guayaquil, lo que permitirá una tutela efectiva, no solo de los derechos de las y los habitantes de esta ciudad, sino de las y los ciudadanos de las provincias de la costa ecuatoriana.
El titular de la Defensoría del Pueblo es la primera autoridad que, en estos momentos de crisis nacional, descentraliza funciones para que, desde territorio y en el marco de sus atribuciones constitucionales, se optimice la atención a la ciudadanía con el objetivo de conocer sus principales necesidades y detectar posibles vulneraciones de derechos. En este sentido, el Defensor del Pueblo ha dispuesto la activación del equipo defensorial en cada provincia para que realice visitas, principalmente, a las unidades de salud pública, a fin de verificar la capacidad de atención a la ciudadanía, la dotación de insumos de bioseguridad para el personal de salud y apoyo, así como la dotación de medicamentos e implementos indispensables para la atención médica en el contexto de esta emergencia.
Las condiciones en las que las familias más vulnerables enfrentan el aislamiento social, es otra de las preocupaciones para la Defensoría del Pueblo, por lo que se gestiona, diariamente, un trabajo interinstitucional en coordinación con las autoridades competentes y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de levantar información y entregar dotaciones alimenticias a quienes más lo necesitan, principalmente, a los grupos de atención prioritaria integrados por niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
En este sentido, la Vicedefensoría del Pueblo, representada por la Dra. Zaida Rovira, y las y los delegados de la institución en las 24 provincias del país, cumplen acciones encaminadas a la tutela y protección efectiva de los derechos humanos y de la naturaleza desde una interacción directa con las personas afectadas por la crisis sanitaria nacional.