La Defensoría del Pueblo de Ecuador participó este 8 de junio en la última audiencia del caso Satya, que se desarrolló en la Corte Constitucional y en la que se presentaron nuevamente los argumentos -basados en el principio del interés superior de la niña- para tutelar los derechos de la niña.
A Satya, hija de Helen Bicknell y Nicola Rothonuna, se le negó la inscripción con los apellidos de sus madres -quienes conforman una familia homoparental-, debido a que la normativa no ampara este registro. En ese contexto, la Institución Nacional de Derechos Humanos inició un proceso de defensa, presentando una acción de protección para tutelar principalmente los derechos a la identidad y nacionalidad de Satya, quien ya fue reconocida por el Reino Unido, país de origen de sus madres, mientras que en Ecuador, país donde ella nació, no puede registrarse.
En este último proceso previo a la emisión de sentencia, el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva aseguró que Satya es víctima de una discriminación normativa. “Hay que preocuparse en proteger los derechos de Satya, no puede quedar en incertidumbre. La filiación de Satya no afecta a ningún grupo social. Estamos, lamentablemente, frente a un caso de discriminación normativa, donde la niña está en condiciones de desigualdad, está siendo discriminada”, explicó Rivadeneira.
Durante los primeros seis años de vida, Satya ha sido vulnerada, negándole su derecho a la identidad, a una nacionalidad y a ser parte de una familia diversa, pese a que la Constitución de la República reconoce este tipo de familia.
La postura de la Defensoría del Pueblo, además de amparar los derechos de las personas LGBTI, es procurar el bienestar de Satya, protegerla de posibles vulneraciones de otros derechos que desencadena el no poder ser registrada legalmente por sus madres.
“Si la niña no puede registrarse con los dos apellidos de sus madres queda en indefensión con respecto a sus derechos y no estaría gozando de sus derechos como lo haces otros niños. Por ejemplo, al no ser inscrita en Ecuador tiene una cédula en la que dice que nació en territorio ecuatoriano pero que es extranjera. Otro ejemplo, si la madre biológica fallece, Satya no podría vivir con su otra madre sino deberá ir a una casa de acogida. Como estos tenemos múltiples ejemplos sobre la inseguridad jurídica que genera no inscribirla”, aclaró Rivadeneira.
Ahora la Corte Constitucional está frente a un momento histórico, para definir un caso que ha sido muy sensible en términos de discusión social. La Institución Nacional de Derechos Humanos, por su parte, espera una sentencia favorable.
Al respecto, el Defensor del Pueblo afirmó que “de no obtener un respuesta favorable de la Corte Constitucional habría que acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero nosotros estamos muy confiados de que eso no va a ocurrir; y que efectivamente, se va a proteger los derechos de las familias diversas en el Ecuador”.
Al finalizar la audiencia, el Defensor del Pueblo reiteró su compromiso de seguir trabajando por los derechos de las personas LGBTI. “Nosotros hemos estado siempre mostrando los casos que han estado invisibilizados y este ha sido uno de esos temas y es nuestro deber ponerlos en debate de la opinión pública para alcanzar un desarrollo progresivo de derechos” señaló.
La resolución favorable de este caso sería hito trascendental y un avance inminente en el respeto de derechos de las personas LGBTI y de la sociedad en general. Se espera una sentencia definitiva en los próximos días.
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