Con el fin de proteger los derechos de las personas trabajadoras del país, el Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago, presentó este jueves 29 de octubre de 2020 ante la Corte Constitucional de Ecuador, sus alegatos sobre la acción de protección de la Defensoría del Pueblo en la que solicitó se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Apoyo Humanitario aprobada por la Asamblea Nacional en el marco de la crisis humanitaria derivada de la Covid-19.
Durante su exposición, la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo enfatizó en que esta acción de protección busca evidenciar la incompatibilidad de los preceptos de la normativa con la Constitución de la República, ya que atenta contra los derechos fundamentales y los principios de progresividad de las personas trabajadoras. “La Ley de Apoyo Humanitario no solo contradice la Constitución, sino que atenta contra las normativas internacionales como los Objetivos del Milenio y las reglamentaciones de la OIT que garantizan el derecho a la vida digna de las personas trabajadoras», señaló el Defensor del Pueblo.
Asimismo, el Dr. Freddy Carrión Intriago insistió en que la Corte Constitucional de Ecuador debe revisar y declarar inconstitucional esta ley, pues permite que se efectúen relaciones de inequidad entre personas empleadoras y trabajadoras, y posibilita la disminución de sueldos, inestabilidad, despidos intempestivos sin indemnizaciones, menos beneficios laborales, entre otros. «Como Institución Nacional de Derechos Humanos buscamos proteger los derechos de todas las personas trabajadoras. Por ello, exigimos a la Corte que se analicen los argumentos técnicos presentados y que la Ley de Apoyo Humanitario sea declarada inconstitucional, pues atenta contra los derechos de las y los trabajadores del país», dijo.
Por su parte, la Dra. Alexandra Almeida, directora nacional del Mecanismo de Protección de los Derechos de las Personas Trabajadoras y Jubiladas de la Defensoría del Pueblo, indicó que la Ley de Apoyo Humanitario debe declararse inconstitucional por reforzar la precarización laboral. «Esta ley permite que se impongan condiciones injustas y atentatorias a los derechos de las personas trabajadoras, bajo condiciones indignas y lesivas, quedando en una condición de indefensión», manifestó.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo espera que la resolución de la Corte Constitucional de Ecuador sea favorable en pro del respeto y garantía de los derechos de las y los trabajadores del país.