Defensor del Pueblo firma convenio con Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil para levantamiento de diagnóstico sobre vulneración de viviendas
La Defensoría del Pueblo de Ecuador como Institución Nacional de Derechos Humanos, tiene como mandato constitucional proteger, precautelar y promover los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos, con el objetivo de aportar a la construcción de una cultura que propicie la vida digna y el Buen Vivir.
La institución identifica como uno de sus ejes estratégicos el derecho a la vivienda. Al ser considerado actualmente en el nuevo marco constitucional como un derecho de directa aplicación, genera obligaciones al Estado de garantía, protección, promoción y respeto.
A partir de la crisis hipotecaria en España, la Defensoría del Pueblo de Ecuador logró identificar que existe una fuerte afectación al derecho a la vivienda y a otros derechos relacionados. En este marco, desde el 2013 el derecho a la vivienda adecuada se constituyó en un eje temático de trabajo para la entidad.
Con lo expuesto anteriormente, El Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva y el Vicerrector de la Universidad Salesiana en Guayaquil, Andrés Bayolo Garay, firmaron un convenio de colaboración para el levantamiento de diagnóstico sobre vulneración de viviendas.
La DPE en Guayaquil ha atendido hasta el mes de noviembre de 2014 un total de 589 casos relacionados al tema de vivienda. Ante el incremento de las casos se decide levantar el diagnóstico social, para conseguir determinar con mayor detalle la problemática a abordar se realiza levantamiento de información con 82 ciudadanos y ciudadanas. Con la colaboración de la Universidad Politécnica Salesiana, el proceso de investigación será más acelerado y los resultados mucho más reales.
Esta investigación pretende identificar y determinar las principales situaciones de vulneración del derecho a la vivienda, los principales afectados, y las competencias de los entes rectores a fin de disponer un plan de incidencia en política pública a ser aplicado en el 2015.
Se pretende así, fortalecer la coordinación interinstitucional con los organismos rectores de la política pública, encargados de la aprobación de proyectos inmobiliarios, y otros actores a fin de analizar la casuística y determinar las principales líneas de acción a fin de prevenir la vulneración de derechos en temas de vivienda.