Frente a la grave crisis por la que atraviesa el país, es lamentable evidenciar que, a pesar de que el Gobierno Nacional ha reiterado su voluntad de abrir el diálogo con los distintos sectores sociales y, en especial, con el movimiento indígena, la Institución Nacional de Derechos Humanos ha constatado que existe una represión en contra de los/as manifestantes sin precedentes históricos.
Luego de 7 días de movilizaciones en el contexto de la protesta social, la institución ha registrado, a escala nacional, 864 personas detenidas, de las cuales el 80% ha salido en libertad, ya que no se comprobó delito alguno. Existen además 266 heridos/as e incluso fallecidos/as. Estas cifras son alarmantes porque en el escenario real atentan contra las limitaciones que estableció la Corte Constitucional para la implementación del Estado de Excepción; por lo que he enviado un informe preliminar, para que los jueces constitucionales valoren declarar su incumplimiento y se sancione a las autoridades responsables.
Debo denunciar que se ha impedido abrir un corredor humanitario para trasladar a las decenas de heridos/as que son atendidos/as, al momento, por la sociedad civil organizada ante la ausencia manifiesta de las instituciones del Estado, e incluso, de la Cruz Roja que, en contra de su misión humanitaria, ha dejado de operar.
Agradezco a las universidades, voluntarios/as y entidades privadas por su solidaridad y esfuerzos en estos momentos críticos para el país y rechazo rotundamente el ataque a instalaciones universitarias de Quito con bombas lacrimógenas, incluso al interior de sus campus, poniendo en riesgo la integridad de quienes albergan, incluyendo niños, niñas y personas adultas mayores.
Exigimos al Gobierno Nacional que detenga la violencia y represión de manera inmediata, promoviendo espacios públicos efectivos que garanticen la atención de las demandas de la población y así alcanzar acuerdos definitivos, para que vuelva la paz al país.
