Durante los últimos meses el país ha sido testigo de situaciones que han generado alarma social tanto por los niveles de violencia cuanto por la impunidad que los ha rodeado; así, la muerte de Samuel Chambers, joven defensor de los derechos de los animales, de las minorías sexuales y ambientalista; la muerte de la niña Emilia Benavides que tiene detrás de si a una organización criminal de trata de personas; el caso conocido como el Principito, que es uno más de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, cuyo abusador pese a que fue condenado se encuentra prófugo; el caso de Patricia Gualinga, defensora de los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas quien sufrió un ataque por parte de una persona desconocida, mientras se encontraba en su vivienda ubicada en el Puyo, sobre la que debe garantizarse medidas de protección; y desde hace mucho ya las historias de personas desaparecidas como David Romo, los hermanos Restrepo, entre decenas de personas desaparecidas que durante años buscan la verdad, la justicia y la reparación.
Frente a estos hechos y otros, independientemente de su nivel mediático, el Estado y sus instituciones estamos obligados a investigar, con la debida diligencia, las violaciones ocasionadas con el fin de tutelar los derechos fundamentales, y evitar que queden en la impunidad, pues de ocurrir así dejamos a las víctimas y sus familiares en un doloroso estado de indefensión.
Las investigaciones judiciales deben esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, permitiendo así el conocimiento de la verdad por parte de las víctimas, sus familiares próximos y de la sociedad en su conjunto, la debida reparación integral, así como el castigo a los responsables y el establecimiento de medidas que prevengan la repetición de este tipo de hechos.
Por su parte, la sociedad organizada también tiene la responsabilidad de actuar y demandar la rendición de cuentas de las acciones emprendidas, como un mecanismo de lucha contra la impunidad. Fundamentalmente tiene la responsabilidad de no permitir que los casos sean olvidados hasta su solución final.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, – en su primera sentencia contenciosa en el caso Velásquez Rodríguez- la existencia de un deber estatal “de investigar seriamente con los medios [que el Estado tenga] a su alcance, las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.
Asimismo, la Corte en el caso de las hermanas Serrano Cruz señaló que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue para que la investigación sea efectiva.
El deber de actuar con la debida diligencia demanda que las investigaciones de las autoridades deben impulsarse de oficio, con oportunidad, con profesionalismo y competencia, con procedimientos adecuados, ágiles y exhaustivos, con independencia e imparcialidad y con la participación activa de las víctimas y sus familiares a quienes se les brindará información periódica, buen trato y sin discriminación.
Por ello, ante los casos mencionados y otros tantos hechos que están en consideración de la Administración de Justicia y los órganos de investigación, la Defensoría del Pueblo exhorta a una actuación diligente y humana que permita, junto con los familiares de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y otras entidades estatales, unir esfuerzos para que se haga justicia; y, a la sociedad toda, a no permitir que estos hechos de violencia e impunidad se nos hagan naturales, lo cual se puede conseguir no olvidándolos y acompañando a sus víctimas hasta el conocimiento de la verdad.
Ramiro Rivadeneira Silva
Defensor del Pueblo