El martes 13 de marzo de 2018, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha notificó la aceptación de la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo a favor de personas afectadas por comercialización de cocinas de inducción.
Es así que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable deberá implementar en un plazo de sesenta días, como medida de reparación a las personas afectadas, mecanismos accesibles, efectivos y oportunos de reclamación y protección de derechos. Además de reconocer que vulneró los derechos de la ciudadanía al no ejecutar lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial 230 referente al control efectivo durante el proceso de comercialización.
En tanto que la compañía ICESA deberá revisar en su totalidad los casos que se encuentren denunciados en la Defensoría del Pueblo a fin de analizar las vulneraciones causadas, especialmente a personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.
El Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, el 16 de febrero del presente año participó en la audiencia de apelación ante la Corte Provincial sobre la acción de protección que presentó el 13 de noviembre de 2017 a favor de las personas afectadas por comercialización de cocinas de inducción. En primera instancia la medida fue rechazada, pues la jueza consideró que este mecanismo pudo solventarse a través de una vía administrativa y/o judicial ordinaria, y que además era necesario que todas las personas afectadas, es decir los 2407 hasta ese entonces, legitimaran su representación a través del Defensor del Pueblo, cuando por su calidad de ombudsman puede hacerlo a nombre de este colectivo.
Ramiro Rivadeneira durante su intervención en la audiencia de apelación insistió en la necesidad de crear mecanismos ágiles y útiles que permitan proteger los derechos de las personas afectadas en este tipo de casos, sobretodo teniendo en cuenta que gran porcentaje de las personas afectadas corresponden a grupos de atención prioritaria, como personas con discapacidad, personas adultas mayores, que incluso habitan en zonas rurales.
Finalmente, el martes 13 de marzo del presente, la Corte Provincial notificó a la Defensoría del Pueblo la aceptación del recurso de apelación, revocando la sentencia anterior y dando paso a la acción de protección. Con la aceptación de este recurso no solo se protegen los derechos de las personas afectadas sino que se establece un precedente sobre la protección y tutela de los derechos de las personas consumidoras en especial de grupos prioritarios.
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