El 17 de abril de 2017, la Defensora del Pueblo (s), Zaida Rovira Jurado, que en esa fecha se desempeñaba como coordinadora general Defensorial Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, presentó una acción de protección en favor de Doris Janeth Escobar Rodríguez y en contra de autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del gerente general del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, por la vulneración de los derechos de la señora al iniciar glosas administrativas por responsabilidad patronal en su contra, cuyo fin era cobrar la atención médica recibida por ella para tratar un cáncer de mama, entre 2010 y 2012. Se inició, en su contra, un proceso coactivo para cobrar dichas glosas, se retuvo y se embargó la totalidad de las pensiones que recibía por invalidez y montepío.
El caso atravesó las diferentes etapas desde que fue presentado en 2017 en Guayas. Se ganó en primera instancia, el IESS apeló y la sala revocó la sentencia; por ello, se presentó la acción extraordinaria y, ahora, luego del análisis de la sentencia en segunda instancia, de parte de la Corte Constitucional, se declaró la vulneración de los derechos a la salud, seguridad social, seguridad jurídica y vida digna de Doris Escobar, y la semana pasada se recibió la notificación de las medidas reparatorias.
El pleno de la Corte Constitucional ordenó que el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, como medida de satisfacción y en el plazo de 30 días de notificada la sentencia, emita disculpas públicas a la afectada; como medida de no repetición, el hospital deberá revisar su normativa interna, instructivos y procesos organizacionales, y en 5 meses notificará a la Corte, los cambios para que las personas que cumplen los requisitos sean beneficiarias del seguro de enfermedad y no sean privadas de este derecho por encontrarse en mora de sus aportaciones.
Además, como medidas de no repetición, el Teodoro Maldonado Carbo realizará una investigación interna que determine si, efectivamente, se requiere el pago de las aportaciones atrasadas previo a recibir la atención médica de salud, que es un derecho de las personas afiliadas, en un plazo de 5 meses; y, tiene la obligación de efectuar una amplia difusión de la sentencia a las y los funcionarios que laboran en el área de atención a la ciudadanía.
En tanto, la Corte Constitucional sentenció -entre otras instancias- que el IESS, en el plazo de 30 días, deje sin efecto todas las glosas administrativas generadas contra Doris Escobar y todos los valores retenidos o embargados sean reintegrados en su cuenta bancaria, esto como medidas de restitución.
También debe otorgar, con el consentimiento expreso de la persona afectada, un programa de atención psicológica para superar lo sucedido y emitir disculpas públicas en su favor, estas como medidas de satisfacción.
Además, en el plazo de 2 meses, el IESS debe cancelar a Doris Escobar, la cantidad de USD 7.694,39, a través de un depósito en su cuenta bancaria; y, en compensación por el daño inmaterial, en el mismo plazo, depositar el valor de USD 5.000,00. Por su parte, el IESS -como medidas de no repetición- debe informar a la Corte respecto de las acciones aplicadas para el cumplimiento de la sentencia emitida y difundirla a las y los funcionarios encargados de los procesos de coactivas.
Esta acción de defensa de derechos, promovida por la actual Defensora del Pueblo (s) en 2017, da cuenta de la trayectoria destacada en su gestión en la Institución Nacional de Derechos Humanos, en otros cargos a su responsabilidad, ya que debido al seguimiento dado a dicho caso, hoy se obtiene un resultado positivo y favorable para la persona vulnerada en sus derechos. Zaida Rovira Jurado es una defensora de derechos que, por su experiencia de más de 20 años en este ámbito, ha hecho de la defensa de los derechos humanos, una parte esencial de su plan de vida.