Conoce los compromisos de la Defensoría del Pueblo, ante los aportes ciudadanos de la Rendición de Cuentas 2019.

Reparación integral a víctimas de graves violaciones de derechos humanos de la provincia de Loja, reconocidas en Informe de la Comisión de la Verdad, creado mediante decreto 305 de mayo de 2007.

La Defensoría del Pueblo en el marco de sus competencias continuará coordinando con las instituciones del Estado para dotar de contenido al derecho a la reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos establecidas en el informe de la Comisión de la Verdad. Se presentará una Acción de Inconstitucionalidad de la Ley de reparación de víctimas ante la Corte Constitucional para ampliar el universo de víctimas al programa de reparación tanto material como inmaterial. Se representará un amicus curiae sobre el incumplimiento de la creación del Museo de la Memoria. Por otro lado, insistirá a la Secretaría de Derechos Humanos para que retome las ronda negociadoras y acordar las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Seguimiento a los procesos en las fiscalías en cuanto a temas de Violencia contra las mujeres, cantones de Pichincha.

Las delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo en los casos en relación a violencia contra mujeres (femicidio, violencia física, psicológica y sexual) iniciarán el trámite de vigilancia al debido proceso.

Planificar los procesos de rendición de cuentas con actores y actoras, con la finalidad de generar espacios de participación ciudadana y recoger aportes y/o inquietudes en el ámbito de derechos humanos.

Realizar las gestiones inherentes con las Delegaciones Provinciales a fin de contar con mayor participación de los actores/as de la sociedad civil tanto a nivel provincial como a nivel nacional.

Buscar medios alternativos para permitir la participación ciudadana durante el evento

Incrementar la promoción de derechos humanos

Se ejecutarán las siguientes acciones:- Identificar y monitorear los sucesos de relevancia nacional donde se producen vulneraciones de derechos de las personas, especialmente en aquellos grupos de atención prioritaria, cuyo nivel de exposición es especialmente delicado en momentos de crisis económica y sanitaria como es el caso de las mujeres, personas en situación de movilidad humana, personas adultas mayores, personas con discapacidad, y personas privadas de la libertad.

– Construcción de un sistema de monitoreo territorializado que permita identificar la incidencia de vulneraciones de derechos y su recurrencia a nivel de las 24 provincias, donde destaca las de tipo migratorio por motivos de discriminación de origen y la imposición de barreras normativas para alcanzar su regularización e integración social efectiva.

– Se revisarán las vulneraciones de derechos en el marco del Estado de Excepción decretado por calamidad pública durante la emergencia por el COVID-19,

– Dar seguimiento a las acciones oficiosas y medidas jurisdiccionales (2 Alertas Defensoriales, 8 Exhortos y 2 comunicaciones al COE; 1 Medida Cautelar; y, 1 Acción de Protección) para defender y tutelar los derechos de quienes se encontraban en el exterior y sus familias en el país.

– Identificar procesos vulneratorios de carácter sistemático, generalizado y de relevancia social en materia de regularización migratoria; controles y multas migratorias; y, desalojos arbitrarios de vivienda,

– Fomentar la construcción de espacios de participación ciudadana como son Consejo Consultivo Defensorial; mesas interinstitucionales para atender Casos; y, Mesas Técnicas.

– Impulsar capacitaciones a líderes locales, defensoras/es de Derechos Humanos y jóvenes, en torno a Derechos Humanos.

– Continuar construyendo procesos de investigación temática y coordinando varios proyectos con el apoyo de la Cooperación Internacional para la atención, defensa y tutela de derechos humanos de las personas.

– Seguir trabajando en investigaciones para aportar la lectura desde la Movilidad Humana a nivel institucional con el CAT, CEDAW, OIM, ACNUR, ONU y Foro de Trabajadores Migrantes.

– Capacitaciones en línea internas a los Delegados y equipo tutelar de las DPE.

– Aportar en el proceso de Reportería territorial y la el Sistema de Alertas Tempranas de Vulneración de Derechos de la DPE que estará operativo en el 2021.

– Continuar con la articulación de la Mesa de Trata y asumido el rol de ente actor y observante de los protocolos internaciones en materia de combate a trata de personas y tráfico de migrantes a nivel de Ecuador.

– Promoción del Mecanismo de Adultos Mayores de la Defensoría del Pueblo Ecuador a nivel regional con la Red Corv.

– Como fomento al derecho a la participación, generar a nivel nacional la aplicación de una encuesta para conocer desde las personas adultas mayos sus percepciones sobre la pandemia.

– Elaboración del plan de acción para el fortalecimiento en la prevención de posibles vulneraciones, específicamente para la coordinación con sociedad civil.

– Socializar las reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades propuesta por la Defensoría del Pueblo.

– Socializar las competencias y atribuciones de la Defensoría del Pueblo con respecto a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Protección de derechos de personas del grupo de atención prioritaria

Se presentarán observaciones al Orgánico de Protección Integral a Niños, niñas y adolescentes – COPINA

Proteger los derechos del personal de salud en contexto de la pandemia Covid 2019

Se Impulsará el proceso de selección de sentencia para jurisprudencia vinculante ante la Corte Constitucional para lograr una regla que al respeto del principio de paridad de género.

Presentación de acciones constitucionales que tutelen el derecho a la salud de las personas durante la pandemia del COVID 19.

Protección para garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio del derecho a la igualdad material en las vicealcaldías del país.

Se brindará acompañamiento, y se generarán acciones extraordinarias de protección en aquellos casos que en apelación fueron negados.

Adicional a esto, se solicitará la selección de las sentencias en las que se obtuvo resultado favorable.

La Defensoría del Pueblo realizará acciones extraordinarias de protección sobre esta temática en la que trabajará hasta diciembre de 2020.

Protección y tutela de derecho al trabajo

Acciones constitucionales para protección del derecho al trabajo: Acción de inconstitucionalidad a la Ley de Apoyo Humanitaria; Acción de protección por no pago de remuneraciones a las y los servidores públicos.

Protección de derechos Humanos y de los derechos de la Naturaleza en el ámbito de extracción minera

– Se realizarán procesos de Investigación para recabar elementos suficientes que nos permitan emprender acciones en la defensa de los derechos de la naturaleza y ambiente sano.

– Participar en la construcción de un proyecto de Ley de Consultas (Art. 57.7 y 398 CRE).

– Contribuciones para la elaboración del Informes sobre procesos de vigilancia de debido procesos de la consulta ambiental.

– Desarrollar jurisprudencial para dar contenido a los derechos de la Naturaleza a través de la presentación de garantías jurisdiccionales y Amicus Curiae

– Supervisión y ejecución de las medidas cautelares dictadas.

– Presentación de garantías constitucionales, vigilancias del debido proceso, pronunciamiento, entre otras acciones Defensoriales.

– Ejecutar el Plan de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil y la DPE para fortalecer el trabajo en la defensa de derechos de la Naturaleza.

– Establecer coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil en acciones relacionadas presuntas vulneraciones a derechos de la Naturaleza por minería.

– Elaboración del Informe Anual (2020) sobre la situación de los Derechos de la Naturaleza en el que se abordará las actividades extractivista en el Ecuador.

– Procesos de Incidencia en la defensa de los defensores y defensoras de derechos de la Naturaleza que contribuyen a la defensa de los derechos de la Naturaleza.

– Realizar la coordinación, asesoramiento y seguimiento a los casos sobre minería que existen en las Delegaciones Provinciales.

– Contribuir en la promoción de los derechos de la Naturaleza y ambiente sano.