La mañana del jueves, 23 de agosto de 2018, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, junto con la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública brindaron una rueda de prensa, haciendo un llamado al gobierno nacional para que se cumpla con lo establecido tanto en la Constitución como en la Ley de Movilidad Humana y se permita el libre tránsito de ciudadanía venezolana en situación de movilidad.
Monseñor Eugenio Arrellano, Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, durante su intervención, solicitó al señor Presidente de la República Lenín Moreno, que encargue a la Cancillería la pronta solución de este inconveniente y de toda normativa que esté represando a ciudadanía de nacionalidad venezolana en las zonas de frontera Colombia – Ecuador – Perú, pues agrava aún más su situación en los pasos fronterizos, especialmente personas pertenecientes a grupos vulnerables.
Por su parte, Gina Benavides, Defensora del Pueblo indicó que el mensaje de la iglesia motiva a la Institución Nacional de Derechos Humanos a sumarse para trabajar de manera conjunta por Venezuela, pues su población se encuentra atravesando una crisis humanitaria.
Benavides, manifestó que la solicitud de medidas cautelares interpuesta junto con la Defensoría Pública y sociedad civil, debía atenderse de manera inmediata por parte de la función judicial, pues hay personas en situación compleja, niños y niñas, mujeres embarazadas que requieren acceder a su derecho a la salud, seguridad, entre otros.
El Defensor Público, Ernesto Pazmiño, señaló que la única petición por parte de las instituciones públicas, iglesia y sociedad civil, es que el gobierno nacional cumpla con la Ley y se respeten los derechos de este grupo de personas. Además realizó un llamado a la sociedad a mantener una conducta no discriminatoria, recordando que el Ecuador se caracteriza por ser un territorio de paz y de solidaridad.
El viernes 24 de agosto a las 10h25 se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, solicitada por la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Centro de Derechos Humanos de la PUCE y Misión Scalabriniana.
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