Ayer, con el evento de inauguración de la nueva sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en la Av. 12 de Octubre y Pasaje Nicolás Jiménez en Quito, finalizan las acciones estratégicas de la gestión de subrogación, en estos últimos cuatro meses, de la Abg. Zaida Rovira Jurado, quien enfocó su labor en el fortalecimiento institucional, a través de 200 hitos emblemáticos en la protección, promoción y educación en derechos humanos y de la naturaleza en el país.
Cabe enfatizar que la atención a la ciudadanía jamás se paralizó, durante los cuatro meses de subrogación de la Abg. Zaida Rovira Jurado, y “ahora más que nunca la Defensoría del Pueblo continuará su labor de promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza, porque con el equipo técnico de la institución, hemos trazado una hoja de ruta en el marco de la atención a la ciudadanía, a escala nacional, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designe a una persona encargada de la institución. Nuestras puertas se mantienen abiertas y las y los 404 servidores seguiremos atendiendo con regularidad en la defensa de los derechos de la población y de la naturaleza”, enfatizó la Defensora del Pueblo subrogante.
En este contexto, desde el 17 de mayo hasta hoy, 17 de septiembre de 2021, bajo el liderazgo de la Abg. Zaida Rovira Jurado, la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha brindado alrededor de 14 000 atenciones ciudadanas, se ha capacitado a 7 000 personas y se han generado 133 371 visitas a la biblioteca especializada de la institución.
En estos cuatro meses se ha registrado y atendido un total de 4 015 casos, efectuado 6 942 asesoramientos, 2 901 acciones administrativas de protección sobre violencia de género y 131 procesos educativos. Asimismo, 6 567 personas capacitadas, se respondieron cinco cuestionarios y solicitudes de información a organismos internacionales, sobre recomendaciones al Estado ecuatoriano en aquellos contextos de posibles o latentes vulneraciones de derechos humanos y la naturaleza.
Entre los hitos más destacados constan el proyecto de ley que socializó, redactó y presentó la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Nacional para garantizar el derecho de las personas con capacidad de gestar a la interrupción del embarazo al ser víctimas de violación en el país, contando con esta normativa garantista de sus derechos y para una atención integral. También, las reuniones con asambleístas para coordinar acciones de acompañamiento, seguimiento y reparación integral a las víctimas que perdieron un globo ocular en las manifestaciones sociales de octubre de 2019; y, con dirigentes indígenas para tratar el informe de las personas sentenciadas por las protestas sociales en 2019, a fin de solicitar la amnistía ante el órgano legislativo.
El 17 de abril de 2017, Zaida Rovira Jurado -que en esa época se desempeñaba como coordinadora general Defensorial Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo- presentó una acción de protección en favor de Doris Janeth Escobar Rodríguez y en contra de autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del gerente general del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, por la vulneración a los derechos de la señora al iniciar glosas administrativas por responsabilidad patronal en su contra, cuyo fin era cobrar la atención médica recibida por ella para tratar un cáncer de mama, entre 2010 y 2012. El pleno de la Corte Constitucional ordenó que el Hospital emita disculpas públicas a la afectada, y que el IESS deje sin efecto todas las glosas administrativas generadas en su contra.
Destacan, además, la acción de protección por cobros excesivos de energía eléctrica, en defensa de los derechos de las personas usuarias y consumidoras de este servicio público domiciliario; y, la reunión con la ministra de Telecomunicaciones, para coordinar acciones interinstitucionales sobre las vulneraciones a los derechos y denuncias que la ciudadanía presenta contra las operadoras telefónicas, a través de una mesa de trabajo interinstitucional.
Después de dos años, finalmente, se presentó la acción de protección en favor de cerca de 1 200 personas trabajadoras y extrabajadoras de la empresa Furukawa -en el Complejo Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas-, quienes por décadas fueron y son víctimas, junto a sus familias, de explotación laboral. Se construyó la hoja de ruta nacional para abordar la violencia política contra las mujeres, en conjunto con ONU Mujeres; y, se mantuvo el primer encuentro con personas pescadoras artesanales de Ecuador, en Santa Elena, para generar insumos que permitan consolidar una política pública que garantice sus derechos.
Se obtuvo una resolución favorable en contra de la política pública del Ministerio de Salud durante la pandemia y se mantuvo una reunión con la Ministra de Salud para generar una política pública -con enfoque de derechos- en el proceso de vacunación contra la COVID-19. En tanto, con la Ministra de Educación se concretó el seguimiento a las medidas de bioseguridad y la garantía de los derechos de las y los estudiantes y profesores, para un retorno efectivo a clases presenciales de 1 300 instituciones educativas en el país.
La Defensoría del Pueblo emitió medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en contra de un locutor que emitió expresiones sexistas, discriminatorias y violentas en contra de mujeres feministas y defensoras de derechos humanos. Al respecto, se presentaron las respectivas disculpas públicas y se concretó el proceso de «sensibilización sobre derechos humanos, con énfasis en enfoque de género”.
Múltiples acciones estratégicas que responden a una visión institucional de priorizar las demandas de las personas que han sido vulneradas en sus derechos y confían en una Defensoría del Pueblo que, ahora más que nunca, concreta su labor con prácticas y hechos con resultados que consolidan la protección, promoción y educación en derechos humanos, porque «tus derechos, son nuestra responsabilidad».