Con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de la Comunidad Sorda, este 4 de junio de 2024, la Defensoría del Pueblo (DPE), la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador (Fenasec), el Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades (Conadis), la Asociación Nacional de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Señas Ecuatoriana (Anilsec), el Instituto Superior Tecnológico CRE-SER y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Puce) entregarán al Ministerio del Trabajo una propuesta de perfil del puesto de Intérprete y Guía Intérprete profesional de lengua de señas ecuatoriana – español. Esta acción se realiza con el objetivo de incorporar a estos profesionales en todas las instituciones del sector público y de esta manera eliminar las barreras de comunicación que existen entre personas oyentes y sordas.
Ecuador es parte de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Este instrumento obliga a los Estados a garantizar el derecho de las personas sordas a la lengua de señas y a un intérprete profesional como un mecanismo idóneo para respetar su libertad de expresión y comunicación.
En el ordenamiento jurídico nacional, la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Discapacidades (vigente desde 2012) reconocen a la lengua de señas ecuatoriana como lengua propia y el medio de comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Por tanto, el Estado se comprometió a incorporar de forma progresiva el servicio de intérpretes de lengua de señas ecuatoriana en las instituciones públicas; lo que hasta el momento no se ha cumplido.
Frente a esta situación, desde septiembre del 2023, se organizaron mesas de trabajo para levantar información sobre la necesidad de que las instituciones del sector público cuenten con el servicio de interpretación en lengua de señas ecuatoriana – español; y que se desempeñe de manera presencial y telemática, a fin de atender la demanda en los diferentes territorios y de brindar acceso a servicios de salud, educación, justicia, registro civil, entre otros.
Con esta propuesta se exige al Ministerio del Trabajo emita un Acuerdo Ministerial incorporando el puesto de intérprete y guía intérprete profesional de lengua de señas ecuatoriana – español al Sistema General de Clasificación de Puestos del Servicio Público.
Ante esta situación, nuestra posición implacable es que el Ministerio del Trabajo apoye, respalde e impulse esta iniciativa para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de la Comunidad Sorda.
El dato
Según estadísticas del Conadis, la comunidad sorda constituye el 12.93% del total de las personas con discapacidad auditiva del Ecuador.
“Nada sobre nosotros, sin nosotros”