Una apretada agenda cumplió el titular de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dr. Freddy Carrión Intriago, en su visita a la provincia de Chimborazo, cuyas actividades se enfocaron en consolidar un espacio de relacionamiento directo entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y la ciudadanía, a través de los “Diálogos ciudadanos por la defensa de los derechos”, con el objetivo de analizar y resolver vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza en dicha localidad.
En horas de la mañana, en Riobamba, el Defensor del Pueblo presentó una ponencia en el foro «Derechos de la naturaleza en la provincia de Chimborazo», efectuado en la Universidad Nacional de Chimborazo (Unach), donde señaló que «la Constitución de la República garantiza los derechos de la naturaleza a partir del concepto del ‘Buen Vivir’, a través de una visión integral que vincule al ser humano, ya que todo proyecto de vida de una persona debe contemplar acciones que reparen los daños provocados en la naturaleza».
En la tarde se llevó a cabo el encuentro “Diálogos ciudadanos por la defensa de los derechos», convocado para conocer de primera mano lo que sucede en la provincia de Chimborazo en cuanto a la vulneración de derechos humanos y de la naturaleza. «Somos un medio para trasladar las demandas ciudadanas a las instituciones competentes y así obtener resultados tangibles y ágiles ante las vulneraciones a los derechos”, afirmó el Defensor del Pueblo.
Abigail Rosero, presidenta de la Coordinadora Cantonal de Pallatanga en Defensa de la Vida, Agua y la Naturaleza, expuso sobre la grave situación de vulneración de derechos por la presencia minera en varios sectores de la provincia. “Empresas mineras como Green Rock Resources han matado la biodiversidad, afectando la vida de las y los habitantes de Calerita, Shobol, Pallatanga y otras comunidades”, denunció y agregó que han sido amenazados/as de muerte, pero que no frenarán la lucha para que sus derechos no sigan siendo vulnerados.
En este tema, el Defensor del Pueblo recalcó que “las empresas que ingresan a territorio a realizar actividades extractivistas deben implementar acciones que protejan los derechos de la naturaleza. La Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador hará el seguimiento para verificar si estas empresas están cumpliendo la ley, así como si se realizó la consulta previa”.
Gabriela Banegas, en representación de las personas afectadas por la contaminación ambiental de la quebrada Las Abras, puntualizó que el problema principal es la contaminación del caudal que alimenta el sistema de agua potable. En ese sentido, el Dr. Freddy Carrión Intriago señaló que en la mañana participó en un foro sobre la defensa de los derechos de la naturaleza porque “es fundamental vincular a las autoridades de los GAD cantonales y parroquiales en la protección y lucha contra la contaminación de este afluente natural. Por ello, se realizará el seguimiento al compromiso que se suscribió entre las autoridades locales para proteger la quebrada y tutelar los derechos de la naturaleza y de la ciudadanía”.
Piedad Condo, representante de los barrios del sur de Riobamba, intervino en el “diálogo ciudadano” para abordar la problemática de accesibilidad y afectaciones en la salud de la población ante la falta de pavimentación de la carretera Chambo-Licto. Asimismo, planteó su queja ante la no intervención de las autoridades durante 18 años para legalizar sus viviendas.
Luis Bayas, representante del Comité Promejoras del barrio Rosas Pamba de Riobamba, abordó el tema de los asentamientos irregulares que han afectado a cerca de tres mil personas. “Hago un llamado para que la Defensoría del Pueblo realice el seguimiento a las decisiones de las autoridades locales, que están afectando los derechos de la población en la capital de Chimborazo».
Ante estas vulneraciones de derechos expresadas por las personas que se dieron cita a los «Diálogos ciudadanos por la defensa de los derechos», el titular de la Defensoría del Pueblo presentó y comprometió a su nueva delegada en la provincia de Chimborazo, Verónica Tene, para que gestione el seguimiento exhaustivo de los casos y se presenten las soluciones correspondientes en el ámbito de competencia de la institución para garantizar los derechos humanos y de la naturaleza.