Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante los abusos y violaciones a derechos humanos que vienen enfrentado las personas que integran la “Caravana de migrantes” proveniente de Honduras. La CIDH urge a los Estados concernidos a adoptar medidas tendientes a garantizar los derechos humanos de estas personas, en particular el derecho a solicitar y recibir asilo de las personas con necesidades de protección internacional y a fortalecer los mecanismos de responsabilidad compartida para atender la situación de personas que se han visto forzadas a migrar de sus países.
De acuerdo a la información recabada por la CIDH, el 13 de octubre de 2018, varios centenares de personas, en su mayoría hondureñas, se reunieron en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, e iniciaron su recorrido con el objetivo de transitar por Guatemala y llegar a México y Estados Unidos, en lo que fue denominado la “Caravana de migrantes”. Con el paso de los días más personas se han ido integrando a la caravana y diversas fuentes señalan que alrededor de 7.000 personas o más harían parte de la caravana en la actualidad, entre las cuales también se encuentran personas guatemaltecas y salvadoreñas. Durante los últimos años, la CIDH, así como organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han monitoreado con preocupación cómo diversas formas de violencia presentes en Honduras, aunadas a otras causas que promueven la migración de personas, han conllevado a un incremento significativo de solicitantes de asilo y refugiados hondureños en otros países de la región, incluyendo niños, niñas, adolescentes y jóvenes no acompañados. Integrantes de la caravana han declarado haber abandonado para huir de la violencia por parte de las pandillas y otras violaciones de derechos humanos su país de origen, así como debido a la pobreza y a la falta de oportunidades. La caravana está compuesta en buena parte por familias e incluye a personas en situación de especial vulnerabilidad como niñas y niños, mujeres embarazadas y personas mayores.
Las CIDH ha observado que el recorrido de la caravana ha desencadenado reacciones y medidas hostiles por parte de diversas autoridades en países de tránsito y destino en contra de las personas migrantes y de defensores de derechos humanos que integran la caravana, así como los pronunciamientos relativos a detener la caravana, al cierre de fronteras, así como la detención y deportación de las personas que integran la caravana. A la vez, la CIDH observa con preocupación pronunciamientos de autoridades estadounidenses categorizando a la caravana como una amenaza a la soberanía y a la seguridad nacional y afirmando que este movimiento de migrantes y solicitantes de asilo incluye a muchos criminales. En este contexto, la CIDH rechaza el uso de un lenguaje estigmatizante, criminalizador y de acusaciones sin fundamento en referencia con las personas migrantes y solicitantes de asilo, el cual puede fomentar actitudes xenófobas en contra de dichas personas.
De acuerdo con la información recibida por la CIDH, las personas migrantes y solicitantes de asilo están enfrentando múltiples obstáculos para su acceso y tránsito seguro a través de Guatemala y al intentar ingresar a México. Durante su recorrido, las personas que integran la caravana han enfrentado situaciones de bastante precariedad, en particular en lo que concierne a falta de acceso a alimentación, agua, servicios de salud y sanitarios, albergue, así como realizar el recorrido a la intemperie, expuestos a las inclemencias del clima y de la ruta y altercados con autoridades estatales. La CIDH también ha sido informada que al 21 de octubre, las autoridades guatemaltecas habían procedido con el retorno de 1.121 personas hondureñas a su país. La CIDH insta a las autoridades de los países de tránsito y destino a abstenerse de utilizar la fuerza para la gestión de movimientos migratorios mixtos, en aras de garantizar el respeto de los derechos a la vida y a la integridad personal de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Asimismo, la CIDH hace un llamado a las personas que integran la caravana a no recurrir a acciones violentas y a respetar las leyes nacionales.
La CIDH reafirma que, si bien los Estados tienen derecho a establecer sus políticas migratorias y en materia de protección internacional, estas políticas, leyes y prácticas deben respetar y garantizar los derechos humanos de todos los migrantes y solicitantes de asilo, que son derechos y libertades que se derivan de la dignidad humana.
La CIDH recomienda a los Estados concernidos la adopción de una respuesta que respete y garantice los derechos humanos de las personas que integran la “Caravana de migrantes” y que incorpore las siguientes medidas:
1. Garantizar el derecho a solicitar y recibir asilo de las personas que requieran protección internacional o satisfacer sus necesidades humanitarias urgentes, así como respetar y garantizar los principios de unidad familiar y del interés superior del niño.
2. Garantizar, a través de procedimientos justos y eficaces, el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas que tengan un temor fundado de persecución en caso de retorno a su país de origen, o que consideran que su vida, integridad o libertad personal estarían amenazadas debido a la situación de violencia, violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público, en los términos de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. En este sentido, los Estados concernidos deben fortalecer y movilizar rápidamente al personal y los recursos que sean necesarios para que los sistemas nacionales de asilo respondan de manera adecuada y eficaz a las solicitudes de asilo y protección complementaria que se presenten.
3. Respetar el principio y derecho a la no devolución (non-refoulement).
4. Respetar el principio de prohibición de rechazo en frontera y para tal efecto realizar un análisis de las condiciones particulares y las necesidades de protección internacional y de protección especial que tengan las personas que integran la caravana de migrantes a efectos de determinar si deben ser reconocidas como refugiadas o si requieren protección complementaria.
5. Respetar el derecho y principio de prohibición de expulsiones colectivas.
6. Implementar mecanismos que permitan identificar a personas que tengan necesidades específicas de protección, en particular mujeres, niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad y personas LGBTI.
7. Proteger y brindar asistencia humanitaria a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción, en coordinación con organismos internacionales como el ACNUR, así como las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.
8. Garantizar que los retornos se lleven a cabo se realicen sobre la base de un verdadero consentimiento plenamente informado y válido de parte de las personas migrantes, de manera digna y segura, garantizando el respeto de los derechos humanos de las personas involucradas y la adopción de medidas adecuadas para la evaluación de sus necesidades y su reintegración en el país de origen.
La CIDH destaca positivamente que el 19 de octubre las autoridades mexicanas requirieron el apoyo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para responder a las solicitudes de asilo que puedan surgir de la llegada de la caravana y para brindar el apoyo correspondiente a las personas solicitantes durante su estancia en México. La CIDH saluda la decisión del Estado mexicano de garantizar el acceso a su territorio y de habilitar albergues para atender a las necesidades inmediatas de las personas migrantes y solicitantes de asilo que integran la caravana, en coordinación con organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil. La CIDH también destaca el rol que vienen realizando la Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) de Honduras, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y las oficinas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Honduras, Guatemala y México, así como múltiples organizaciones de la sociedad civil que están dando asistencia humanitaria a las personas que integran la caravana.
En el marco de su mandato de promoción y protección de los derechos humanos, la CIDH reafirma su disposición de brindar asistencia técnica y contribuir en el fortalecimiento de capacidades de las autoridades de los Estados de la región.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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